Por lo que he visto y comprobado, los modelos y textos de inteligencia artificial que hay detrás de esta tecnología, se crean utilizando millones de datos que se encuentran en diferentes fuentes de internet. Es decir, la materia prima que se utiliza, es la que la inteligencia artificial encuentra en la red de redes, materia que, en la mayor parte de los casos, pertenece a autores que son los dueños de su propiedad intelectual y que además deberían de tener asegurada su protección de datos.

Tanto es así, que, para asegurarme de esto, pedí al chat que me documentara sobre titulares y materias de las que yo, tiempo atrás, había tocado en artículos que había escrito en prensa o en mi blog. De modo sorprendente. me encontré que toda la información que se me pasaba, era copia literal de lo que yo había escrito antes. En consecuencia, se está vulnerando tanto mi propiedad intelectual, como mi derecho a la protección de datos de carácter personal. Esta es la verdadera historia de lo que se esconde bajo la superficie de lo que está ocurriendo.

Por lo que he leído, la clave de la inteligencia artificial son los datos y por esta causa, parece que existe una guerra oculta para conseguir estos datos y para ello, grandes laboratorios de IA están gastando cantidades ingentes de dinero para adquirir tokens (fichas) o para pagar a expertos que los generen mediante empresas de etiquetado.

Está claro que, las empresas tecnológicas, ávidas de datos para entrenar a sus modelos, están recogiendo información sin el consentimiento de los autores de la misma y esto empieza a provocar un serio debate sobre el futuro de los derechos de autor, sobre la propiedad intelectual o sobre los derechos de imagen. Tanto las empresas como los creadores de contenidos, empezamos a darnos cuenta que nuestro trabajo y los contenidos que publicamos, empiezan a usarse en nuestra contra.

Ante este escenario tan incontrolable, la Unión Europea ha entrado en el debate jurídico y está manteniendo negociaciones tendentes a dictar un esperado y necesario Reglamento de Inteligencia Artificial que antes había sido precedido de regulaciones por ejemplo del reconocimiento facial o la vigilancia biométrica. Pero, como suele ocurrir, el derecho va mucho mas lento que el estallido de la IA.

En nuestro país, esta nueva tecnología está provocando una gran revolución en el sector legal y esto lleva a analizar en profundidad tanto consideraciones éticas como a implantar un marco normativo. Tanto es así que algún magistrado del Tribunal Supremo y algunos relevantes juristas, están alertando sobre los grandes riesgos que está corriendo la propiedad intelectual, algo que ha de pasar por la aprobación de normas legales que la protejan. Hay también algunos jueces y fiscales que empiezan a valorar los delitos que empiezan a cometerte por y con la IA.

Está claro, por tanto, que, ante nosotros, tenemos un serio problema.

Ante nosotros tenemos también la inteligencia artificial, llena de subcampos, que van desde el aprendizaje y la percepción, al reconocimiento de voz o de imágenes, cálculos matemáticos, o diagnóstico de enfermedades, entre otras cosas. La inteligencia artificial que está en un enorme desarrollo permite sintetizar y automatizar tareas intelectuales, algo que resulta de gran relevancia para cualquier ámbito de la actividad intelectual humana.

Utilizando un símil automovilístico, las nuevas tecnologías se están moviendo como la fórmula 1, en la alta velocidad y en el desarrollo acelerado de prototipos. Por el contrario, utilizando un símil vulgar, el derecho se mueve a velocidad de burro, con todo el respeto para los jumentos.

El derecho, en este momento, con su enorme lentitud, está siendo superado por los vertiginosos ritmos tecnológicos, ya que intentó e intenta dar respuestas jurídicas y crear marcos legales que protejan todos los intereses en juego y particularmente los intereses de los ciudadanos. Así vemos como el Estado español vino aprobando La Ley 34/92 de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley de Firma Electrónica, etc.

Tenemos la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, o el proyecto de Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y las Redes Públicas de Comunicaciones, o el proyecto de ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y mas recientemente el Real Decreto Ley 7/22 que establece requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, o el RD 24/21 para que las plataformas digitales protejan los derechos de autor.

En lo que se refiere a la regulación de la inteligencia artificial la Unión Europea recientemente ha propuesto la Ley de Inteligencia artificial, destinada a establecer un marco jurídico para el uso de la IA en la Unión Europea.

Con todo y con ello, a mi juicio, los instrumentos jurídicos creados y puestos en marcha para hacer frente a los retos que plantean los avances tecnológicos están resultando bastante inadecuados ya que, sencillamente, la capacidad legislativa de un Estado y el ritmo de sus Tribunales de justicia, son incapaces de alcanzar y menos de mantener esa alta velocidad de los avances tecnológicos.

Piénsese sólo en el largo proceso que exige el desarrollo de una Ley con todos los largos y lentos trámites parlamentarios. O piénsese en la lentitud con que se mueve la Administración de Justicia, lentitud que hace que casi ni se genere jurisprudencia.

En definitiva, y volviendo al símil automovilístico, mientras que las nuevas tecnologías están compitiendo en la F1, las respuestas legislativas del Estado y la actuación de los Tribunales de Justicia se están moviendo con las tecnologías de los antiguos y lentos motores Diesel.

Por tanto, va a ser realmente difícil que el Derecho gane la carrera de las nuevas tecnologías.

En esta Ley se recoge la necesidad de que los alumnos sean formados en competencias digitales, así como los equipos docentes y los propios centros educativos, con el fin de garantizar la plena inserción en la sociedad digital, así como el aprendizaje del uso seguro de los medios digitales y particularmente con el respeto y garantía de la intimidad individual y colectiva.

A mi juicio, esta novedosa regulación no es más que una declaración de intenciones y resulta totalmente insuficiente, máxime cuando el mundo de las nuevas tecnologías no es nuevo y ya se veía venir a toda velocidad. Lo razonable hubiere sido que estos derechos digitales se hubieren implantado mediante una ley propia, pero bueno, algo es algo. No obstante, el problema no sólo está en nuestro sistema educativo, que tiene que actualizarse de modo urgente, sino que abarca a todos los ciudadanos y especialmente a las personas mayores que sufren una seria brecha digital. Por tanto, necesitamos una profunda y eficaz iniciativa para educar a todos los ciudadanos.

Es evidente que las Administraciones Públicas tienen que empezar a moverse a toda prisa para que conseguir que además de alumnos y profesores en los centros educativos, todos los ciudadanos y especialmente las personas mayores, nos insertemos plenamente en la sociedad digital, así como en las evoluciones tecnológicas que se van a seguir produciendo, algo que, sin duda alguna, precisará de procesos de aprendizaje continuados y no sólo en el ámbito académico.

Toda la Administración y no sólo el sistema educativo, deberá de ser actualizada para que, jurídicamente, queden previstos y regulados los derechos de los ciudadanos para que tengan asegurado tanto el aprendizaje como el manejo adecuado y seguro de los medios digitales.

Hoy por hoy, está claro que nuestro sistema, está actuando con mucha lentitud para que todos estemos formados en el mundo digital y es preciso que todo empiece a moverse con mayor velocidad para que se potencie esa formación que precisamos, que tiene que ir unida a mucha flexibilidad para conseguir una permanente capacidad de ir aprendiendo cosas nuevas, habida cuenta de que las nuevas tecnologías seguirán evolucionando a gran velocidad.

Tenemos ante nosotros un importante reto que, además de conocimientos, va a exigir actitud, proactividad y capacidad de adaptación permanente, elementos estos que van a resultar necesarios para alcanzar con éxito esa educación digital a la que ahora todos los ciudadanos tenemos derecho, Este reto, seguro que ha de pasar por un proceso de digitalización, en el que será imprescindible invertir en capacidades digitales toda la vida y no sólo en el periodo formativo cuando somos estudiantes.

La digitalización plantea nuevos desafíos y por ello, ahora mismo, sin ir más lejos, ya no los jóvenes alumnos, o los profesores adultos, sino cualquier ciudadano, estamos expuestos diariamente a ingentes cantidades de datos digitales, gestionados con algoritmos que descocemos, exposición que genera evidentes riesgos (ciberacoso, estafas, revelación de secretos, sabotajes informáticos, suplantaciones de personalidad, amenazas, coacciones, etc.etc) y por tanto, en este estado de cosas, sin más pérdida de tiempo, las Administraciones Públicas tendrán que comprometerse y entrar a fondo en el entorno digital.

Además de todo esto, yo diría que nuestro sistema educativo no está muy interrelacionado con el mercado laboral, mercado con alto componente tecnológico, que en este momento demanda altas competencias digitales. Por ello se hace a todas luces necesario que además de la alfabetización pura, la lengua o las matemáticas, necesarias en todos los ámbitos de nuestra vida, se introduzcan las capacidades digitales como mínimo básicas y que deberían de estar incluidas como materias troncales tanto en la educación básica como en la FP y en la enseñanza universitaria.

La sociedad del futuro va a tener un marcado carácter digital y esto ha de quedar reflejado en nuestra legislación. Tanto en el sistema educativo como en nuestra Administración Pública, se ha abierto un gran reto con el “derecho a la educación digital”.

El gran problema es que estamos viviendo en un mundo altamente tecnologizado, que no sólo no tiene fronteras, sino que, además, cada vez tiene menos barreras y esto hace que cada día de modo muy rápido, aparezcan nuevas realidades y situaciones que hacen realmente difícil su regulación, ya que los complejos y lentos procesos legislativos hacen que hoy se dicte una norma que, rápidamente va a quedar obsoleta, debido a la pronta aparición de nuevas situaciones. Resulta incuestionable que el derecho va mas lento que la veloz evolución tecnológica y si a esto añadimos el poco interés de nuestros políticos que están mas preocupados por sus particulares guerras de tronos que en dedicarse a lo que verdaderamente importa a los ciudadanos.

Si nos paramos a pensar fríamente, es terriblemente preocupante todo lo que rodea a la recogida masiva de datos personales, mediante las técnicas del big data. Pensemos por ejemplo en la ingente cantidad de ficheros de datos de contribuyentes que mueve la Agencia Tributaria. Pensemos que los bancos tienen datos de las cuentas de sus clientes, que los Notarios comunican telemáticamente las escrituras que autorizan, que los Abogados y Procuradores interactúan vía telemática con los Juzgados, que las empresas que realizan comercio electrónico tienen ficheros de clientes, al igual que los tienen las compañías telefónicas, las líneas aéreas que han de custodiar sus datos durante tres años, etc.etc.

Pongamos nuestra atención también en Google, Facebook y otras muchas redes sociales, donde no somos conscientes de que materialmente nos están espiando las 24 horas del día y que saben de nosotros incluso mas de lo que nosotros mismos sabemos. Estas macroempresas, con todas sus aplicaciones gratuitas, están recogiendo información masiva sobre nosotros. Así por ejemplo Google o Alexa, con sus altavoces inteligentes, recoge todo les pedimos verbalmente y por ello, sabe cuando llegamos a casa, cuando encendemos o apagamos una luz, qué música preferimos, etc.etc.

Teóricamente, con nuestro consentimiento, cuando decimos “sí” a todo para poder usar aplicaciones gratuitas, ya que, si dijéremos que no, probablemente no podríamos usarla, lo que estamos haciendo en realidad es regalar nuestra intimidad y nuestros datos personales, a cambio de un servicio gratuito. Hemos de ser conscientes que nuestros datos, desde el momento que accedemos a cederlos, no sabemos ni cómo ni para qué van a ser usados.

En nuestro país, el Gobierno pretendía crear un Instituto Nacional de Datos, en el que se gestionaría toda la información de los ciudadanos que es recogida por las diversas Administraciones Públicas. Estaríamos por tanto ante un “gran hermano” español. No sé si ahora, con las persistentes disputas y continuadas guerras de tronos que mantienen, se habrán olvidado de este proyecto, pero lo cierto es que, dentro de un Plan Estratégico de Inteligencia Artificial que se ha firmado no hace mucho por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se intentaba crear este gran hermano.

Es cierto que se ha avanzado muchísimo en la seguridad de la red, pero la realidad es que esta, nunca va a ser 100% segura, ya que los ataques de Hackers, Crackers & Phreakers son más frecuentes de lo que quisiéramos. Y, siendo esto así: ¿No se estará creando un Gran Hermano gigantesco que se esté transformando en un ente incontrolable e ingobernable?

Y, ante este estado de cosas me pregunto ¿cuáles son los límites? ¿quién habrá de poner los límites? Toda esta información ¿protegerá verdaderamente a los ciudadanos? ¿será utilizada exclusivamente en beneficio de la ciudadanía? Creo que procede una profunda reflexión.

De modo asiduo, vengo viendo en esta famosa red, cómo proliferan invitaciones consistentes en compartir enlaces a sitios, bajo la apariencia de que se trata de algo divertido, que te dicen, por ejemplo: ¿Quieres saber lo que tu rostro revela sobre ti? ¿qué dice sobre ti tu cumpleaños? ¿Cuál es tu personalidad oculta? Etc.etc. Haz click aquí. Al hacer click da un resultado y quedas superencantado, porque dice que eres el tío más listo, el más inteligente, el más guapo, etc.etc. Como el ego está al máximo, sacas pecho e inmediatamente lo empiezas a compartir con todos tus amigos de Facebook, para que ellos también vean estas maravillas. Mis amigos reciben el enlace, y hacen lo mismo que yo, dándole rápidamente al dedo para compartir con toda su red de amigos.

Otras veces te encuentras con noticias sensacionalistas, que te ofrecen productos prácticamente regalados, como, por ejemplo: ¡averigua cual es el secreto mejor guardado de los bancos! ¡consigue este reloj Seiko por 10€!

¿Resulta muy divertido, ¿no? Pues amigos míos, esto no tiene nada de divertido ya que, si no fuéremos de gatillo tan rápido haciendo click para compartir, si hubiéremos reflexionado un poco y analizado la página a la que los enlaces nos dirigían, nos habríamos encontrado con grandes y desagradables sorpresas.

Rastreando un poco, he encontrado algunos de estos enlaces que compartimos y veo que nos dirigen a páginas que están ubicadas en Colonia (Alemania), en Dublín, o en EEUU. En otras ni siquiera se puede ver donde están ubicadas, porque no dan la información y con ello quedamos imposibilitados para exigirles cualquier tipo de responsabilidad por sus acciones, incluso delictivas.

He leído y analizado jurídicamente sus políticas, sus avisos legales y al ver lo que aceptamos expresamente al hacer click, me he quedado estupefacto. En una, se hace esta concesión de derechos: “El usuario otorga al empresario de forma gratuita, la propiedad de todo el material fotográfico y datos de FB facilitados, permitiendo la transferencia o venta de los mismos, como parte del contenido del servicio, pudiendo transferir todos estos derechos a terceros, así como editar o transferir todo el material e información facilitada”

En otra al compartir he aceptado esto: “Bitecharge es un servicio que ofrece cosas divertidas y enlaces a su red social. Al utilizar el servicio consiente expresamente que registremos la información de su dispositivo que pone a nuestra disposición de forma predeterminada. Esta información puede incluir protocolo de internet del dispositivo (dirección IP), tipo de navegador, la página web visitada antes de venir a nuestro sitio web, la información que usted busca en otros sitios web, las preferencias de localización, así como la fecha y la hora asociados a las transacciones que realiza.

En una tercera, lo aceptado es de este tenor: “Recibimos información como su nombre, foto de perfil, sexo, cumpleaños, protocolo de internet (IP), lista de amigos de Facebook, imágenes, correo electrónico, ubicación, mensajes de FB y cualquier otro dato que contenga su red social en el momento de su inicio de sesión. Sin el consentimiento del usuario podemos ceder a terceros en cualquier momento cualquier de sus datos.”

Estos portales tan divertidos, tras la aceptación expresa que hemos hecho de sus reglas del juego, regularmente reciben la identificación personal y la información que hay sobre nosotros en la red social, así como la dirección IP de nuestro ordenador, el tipo de navegador que utilizamos, el idioma que usamos y otras cosas más que rastrean con las cookies que hemos aceptado. Reciben datos cada vez que nos conectamos, por ejemplo, cuando entramos, qué materiales compartimos, a qué amigos los dirigimos. Aceptamos que almacenen los datos para que ellos proporcionen productos y servicios a otras empresas. Aceptamos también expresamente que guarden esta información en copias de seguridad y registros, por largos periodos de tiempo, para hacer análisis, estadísticas, estudios y similares. Y ¿qué hacen con toda esta información? Pues muy sencillo, la ceden, la venden o trafican con ella dándosela a sus socios comerciales, editores, clientes comerciales y otras empresas que colocan anuncios en sus páginas.

Y lo que es más grave aún: Estas páginas están llenas de banners que por ejemplo te dicen “pierde peso rápidamente”. Mira este video morboso” “mira lo que le pasa a esta chica”. “cómo puedes hacerte millonario en España”, etc. Y ¿qué hay detrás de esos banners? Amigo lector, te incitan de modo morboso a que hagas clik y entres en enlaces a páginas que van a introducir en tu pc, virus, troyanos y todo tipo de malware, cuando no tentativas de estafa.

Así que, amigo mío, por muy divertido que parezca, no sigas el juego a esas empresas sin escrúpulos, que nos están utilizando como conejillos de indias, y que bajo el pretexto de que vamos a disfrutar de cosas divertidas, o que podemos comprar móviles a precio de ganga, nos colocan un señuelo para que entremos en sus portales y una vez dentro, van a robarnos tanto nuestra información como la de nuestros amigos y, una vez que ya tienen en su poder esta información, van a traficar con ella y venderla a otras empresas para facilitarles sus agresivas acciones de marketing. Por favor, seamos más cautos, más precavidos y tengamos prudencia antes de hacer ese clik tan rápido. Pensémoslo dos veces antes de hacerlo, y en último extremo, si lo hacemos, busquemos la política de esas empresas colocada habitualmente en sus avisos legales, leámoslas y enterémonos de lo que estamos aceptando cuando hacemos click ya que entraremos en enlaces a páginas que van a introducir en tu pc, virus, troyanos y todo tipo de malware.

Cuando hablamos de educación digital, nos referimos a la necesidad de que los alumnos sean formados en competencias digitales, pero, necesariamente, también hay que hablar de las competencias digitales que han de tener los equipos docentes y los propios centros educativos. El necesario derecho a la educación digital para alcanzar estas competencias, queda regulado en el artículo 83 de esta nueva Ley que, además, modifica puntualmente la Ley Orgánica de Educación del 3 de Mayo de 2006, al decir expresamente que : “el sistema educativo dará la capacitación, para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales,  respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y garantía de la intimidad individual y colectiva”.

Se recoge, igualmente, la instrucción de que, a tal efecto, “el profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria”, así como qué en los planes de estudio de las titulaciones universitarias encaminadas al desempeño profesional del profesorado en la formación de los alumnos, se garantizará esa formación. Y se añade, por último, la regla siguiente: los temarios de las pruebas selectivas a los cuerpos superiores docentes incorporarán “materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y la protección de datos personales”.

A mi juicio, esta novedosa regulación, es más una declaración de intenciones que otra cosa y resulta totalmente insuficiente, máxime cuando este tema de las nuevas tecnologías ya no es nuevo y se veía venir a toda velocidad. Tanto es así, que la propia Comisión Europea ya venía insistiendo en estos temas desde hace varios años, hasta llegar a un Plan de Acción de Educación Digital que recoge una serie de prioridades de acción, en el ámbito de la digitalización educativa. Lo razonable hubiere sido que la incorporación en nuestro ordenamiento, de estos derechos digitales, se hubiere hecho mediante una ley propia, pero bueno, algo es algo. Creo que, a estas alturas, ya nadie puede tener duda de que el sistema educativo va a necesitar una profunda reforma.

Está claro que, para alcanzar este necesario cambio, habrán de diseñarse temarios y materias, que permitan que los alumnos alcancen competencias digitales en todo el proceso educativo. Pero, evidentemente, antes, este proceso ha de ser seguido por los propios profesores y para ello, las Administraciones Públicas estarán obligadas a modificar la legislación que regula el sistema educativo, así como a diseñar grupos de asignaturas que permitan sacar adelante este proceso de cambio tan profundo, para alcanzar las necesarias competencias digitales. También para garantizar que el sistema permita la plena inserción primero de profesores y después de alumnos, tanto en la sociedad digital como en las evoluciones tecnológicas que sin duda se van a seguir produciendo, algo que, sin duda alguna, precisará de procesos de aprendizaje continuados y no sólo en el periodo académico.

Todo el sistema educativo, tanto de base como universitario, deberá de ser actualizado para que, jurídicamente, queden previstos y regulados los derechos y deberes de los alumnos, al objeto de que estos tengan asegurado tanto el aprendizaje como el uso adecuado y seguro de los medios digitales.

Hoy por hoy, está claro que nuestro sistema de enseñanza, aun no tiene esos profesores del futuro, técnicamente bien formados en el mundo digital y por tanto, desde ya, es necesario que el sistema empiece a moverse para que estos potencien esas competencias nuevas,  necesarias para hacer bien su trabajo, competencias que probablemente, además de las digitales,  han de pasar por trabajo en equipo, mucha flexibilidad, y sobre todo una permanente capacidad de aprender nuevas cosas y de reinventarse cada poco, habida consideración de que las nuevas tecnologías seguirán evolucionando a gran velocidad.

El sistema educativo tiene ante sí un nuevo e importante reto que, además de conocimientos, va a exigir actitud, proactividad y capacidad de adaptación permanente, elementos estos que van a resultar necesarios para alcanzar con éxito esa educación digital a la que ahora los alumnos ya tienen derecho. Este reto, seguro que ha de pasar por un proceso de digitalización, en el que será imprescindible invertir en capacidades digitales toda la vida y no sólo en el periodo formativo como alumnos.

La digitalización plantea nuevos desafíos y por ello, los alumnos que se vayan incorporando a los ciclos formativos, si no reciben la instrucción adecuada, difícilmente podrán competir en este nuevo mundo de rápida evolución y definitivamente interconectado. Pero es que ahora mismo, sin ir más lejos, ya no los jóvenes alumnos, o los profesores adultos, sino cualquier ciudadano, estamos expuestos diariamente a ingentes cantidades de datos digitales, gestionados con algoritmos que descocemos, exposición que genera evidentes riesgos (ciberacoso, estafas, revelación de secretos, sabotajes informáticos, suplantaciones de personalidad, amenazas, coacciones, etc.etc) y por tanto, en este estado de cosas, sin mas pérdida de tiempo, la educación reglada tendrá que comprometerse y entrar a fondo en el entorno digital.

Además de todo esto, yo diría que nuestro sistema educativo no está muy interrelacionado con el mercado laboral, mercado con alto componente tecnológico, que en este momento demanda altas competencias digitales. Por ello se hace a todas luces necesario que además de la alfabetización pura, la lengua o las matemáticas, necesarias en todos los ámbitos de nuestra vida, se introduzcan las capacidades digitales como mínimo básicas y que deberían de estar incluidas como materias troncales tanto en la educación básica como en la FP y en la enseñanza universitaria.

La sociedad del futuro va a tener un marcado carácter digital y esto ha de quedar reflejado en nuestro sistema educativo y en las enseñanzas que han de impartirse. Al sistema educativo se le ha abierto un gran reto con el “derecho a la educación digital”.

• Consigue una tarjeta de regalo de 5oo€ para gastarlos en los Supermercados LIDL. Haz click aquí.
• ¡Hola! El Corte Ingles está regalando 1500 Iphone 8 por la celebración del 15 Aniversario de apertura de su tienda Online, consigue el tuyo en su página web oficial, aquí: http://elcortelngles.com/es
• HEY!! Coca Cola está regalando 700 Iphone XS por su 132 Aniversario en su página web aquí:  https://cocacoIa.com

Se trata de mensajes totalmente fraudulentos en los que, los emisores, sabiendo que los ciudadanos damos muy rápido al clic, sin pararnos a pensar en las consecuencias que esto puede acarrear, abusan tanto de nuestra buena fe, como de nuestra falta de cuidado.

En el primer caso, de modo engañoso, con el señuelo de obtener una tarjeta de regalo gratis, pinchas en el enlace y allí te piden una serie de datos personales, como nombre, dirección, correo electrónico y teléfono, para enviarte ese estupendo regalo. Pero, en realidad, al pinchar en ese enlace y dar tus datos, no has llegado a la web de Lidel, sino que has sido redirigido a una página propiedad de Intela Limited que tiene como nombre comercial “encuesta fácil” y que está en el Reino Unido. Has cedido todos tus datos a esa empresa que, sin lugar a duda alguna, los va a vender a otras organizaciones para enviarte todo tipo de publicidad, en el mejor de los casos. Y si pienso mal, igual van a ser utilizados para otros fines ilícitos.

En el segundo mensaje del Corté inglés, la trampa tiene cierta sofisticación. Eres redireccionado a una página que tiene todas las similitudes con esta empresa de comercio, pero que contiene una pequeña diferencia. Sustituyen la i de inglés, por una l y se te redirecciona a elcortelngles. Una vez dentro de ella y como tiene todo tipo de logos que se asemejan a esta gran superficie, sin dudarlo mucho, te lanzas a dar todos tus datos personales y tras hacer eso te dicen que vas a entrar en un sorteo para ver si resultas agraciado con uno de esos Iphone. Al igual que en el caso anterior, has abierto la puerta de tu casa y has dado todos tus datos a otra organización sin escrúpulos que los va a utilizar para todo tipo de tropelías.

En el tercero de los mensajes, utilizando los mismos procedimientos de los casos anteriores, en vez de ser redireccionado a cocacola.com, llegas a cocalola.com y como se te pasó por alto esta pequeña y casi inapreciable diferencia, vuelves a repetir el mismo procedimiento y vuelves a entregar tus datos a una empresa en este caso de marketing que, según parece, está en Canadá. Supongo que esta empresa, lo que hará, una vez que tiene tus datos, es venderlos a otras empresas para realizar publicidad. No lo sé.

Este tipo de marketing tan agresivo, desde la óptica de la legislación española, en modo alguno podría ser tolerado ya que de modo flagrante incumple al menos tres preceptos legales relevantes:

Uno: Se ha enviado un correo electrónico o un mensaje no deseado, ya que los artículos 20 y 21 de la LSSI prohíben taxativamente el envío de comunicaciones publicitarias y promocionales, sin que previamente hubieren sido solicitadas. Además de esto, de ser enviadas deberían de contener como asunto “publicidad” o “publi”.

Dos: Se incumple El Reglamento General de Protección de Datos, por cuanto que no hay medio alguno de ejercitar los derechos ARCO de los usuarios.

Tres: Se incumple la Ley 25/2009, por cuanto que, al ofrecer la entrada en el sorteo de un regalo como compensación a facilitar el formulario de datos personales, no se comunica la promoción a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que es el órgano competente para autorizar este tipo de sorteos. Tampoco se pagan las tasas correspondientes a la Agencia Tributaria.

Aun cuando conforme a nuestra legislación este tipo de procedimientos es absolutamente ilegal, el gran problema está en que se trata de una empresa que hoy está radicada en el Reino Unido, pero que mañana puede estar en Las Bahamas, o en Massachusetts y claro, los Tribunales Españoles no pueden perseguir este tipo de conductas.

Por ello, querido amigo, sé prudente, no te dejes embaucar, tira a la basura todos los mensajes sospechosos y piensa que en internet nada es gratis ni nadie regala nada. Si decides abrirlos, abstente de facilitar dato alguno ya que, si lo haces, probablemente el premio que recibirías será, en el mejor de los casos, que tu buzón de correo electrónico estuviere lleno todos los días de múltiples correos no deseados. Y en el peor de los casos, igual todos los datos que has dado, pueden servir para otros fines fraudulentos, cuyas consecuencias no puedo ni imaginar.

El problema es cuando, de modo totalmente engañoso (engaño que a veces llega incluso hasta el ilícito penal), muchas empresas que practican un agresivo marketing, tratan de obtener de modo masivo, datos personales de usuarios de redes sociales y plataformas.

A modo de ejemplo, ayer mismo, al igual que lo habrán recibido miles de usuarios, yo he recibido un mensaje reenviado de algunos de mis contactos de WhatsApp, en el que me decía: ¡Hola! El Corte Inglés está regalando 1500 iphone8 por la celebración del quince aniversario de la apertura de su tienda on line. Consigue el tuyo en su página web oficial aquí: http://elcortelngles.com/es.

Yo siempre desconfío de este tipo de cosas ya que es archiconocido qué, en estos procedimientos, se esconden maniobras fraudulentas, para robar literalmente datos personales de incautos usuarios de la red. En este caso, como ya he hecho otras veces, movido por la curiosidad investigadora, traté de hurgar para ver dónde estaba la trampa.

Lo primero que hago es acudir a la auténtica web oficial de El Corte Inglés y veo que su dirección real es www.elcorteingles.com. Al compararla con el enlace que te facilitan para caer en la trampa, ya veo donde está el primer engaño. En vez escribir el corteingles con i latina, cambian la i latina por una l (ele) y de ese modo la dirección falsa es “elcortelngles” que se parece enormemente al auténtico. En este caso, estos llamemos defraudadores, han sido tremendamente hábiles para engañar al incauto internauta.

Sigo el siguiente paso de la investigación y accedo al enlace facilitado donde me encuentro con una página muy atractiva que, utilizando los logos y los colores de El Corte Inglés, le añade unas atractivas fotos de teléfonos móviles. En ella se resalta que se van a regalar 1500 iphone y te dicen “responde a estas preguntas para obtener tu premio”. En la primera te dicen contestando sí o no, si eres cliente de nuestra tienda. En la segunda te preguntan si has visitado alguna vez nuestra web y has de contestar “nunca” o “a veces”. La tercera pregunta es “cual es color de iphone favorito”. Contestadas estas tres sencillas preguntas se abre un banner que te dice “analizando respuestas”. A los pocos segundos te dicen: enhorabuena, has sido seleccionado como ganador de un iphone nuevo. Debes de compartir esto con 20 amigos hasta llenar esta barra.

Como ya en otras ocasiones había seguido estos juegos, reenvío el enlace a una lista de distribución de 12 amigos ficticios que he elaborado con emails inventados y que utilizo para estas investigaciones. Con este primer reenvío, sólo se llena la mitad de esa barra. Vuelvo a hacer un segundo envió a la misma lista y acto seguido se completa la barra. Hecho esto, la página me redirige a otra donde te ofrecen participar en el sorteo de una tarjeta de regalo H&M de 500€. Para acceder al sorteo, nuevamente te dicen que tienes que enviar a 20 de tus contactos. Sigo el procedimiento anterior y recibo respuesta en mi correo electrónico de una tal Patricia del Equipo de “tu día será hoy” en el que te dice que ¡Enhorabuena! Tu participación ha sido confirmada con éxito. Gracias por participar en el sorteo.

Observo que la web de este supuesto equipo es www.premioesclusivo.com . Entro en sus avisos y sus datos de contacto y observo que se trata de una organización situada en un país del este. Se dedican al márketing y a reclutar datos personales de modo masivo que, sin lugar a duda, después venderán a otras organizaciones para hacer publicidad.

Por si esto no fuere poco, observo que además de la tarjeta de regalo de H&M, también te ofrecen en unas condiciones muy ventajosas, un montón de megas para que puedas navegar por internet con tu móvil a precios casi regalados. Te ofrecen igualmente la posibilidad de acceder a otras cinco promociones más. Como es evidente, ya no quise perder mas al tiempo porque se trataría de más de lo mismo.

En definitiva, como es más que evidente el procedimiento fraudulento de estas empresas sin escrúpulos, para obtener de forma masiva datos personales, abusando de que muchos usuarios de la red son muy poco cuidadosos y pican en el anzuelo, recogí toda la información que había ido recopilando y se la pasé tanto a la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, como a la Agencia Española de Protección de Datos. Ya me han contestado que, además de agradecerme la amplia información, se ponían en marcha para perseguir este asunto. Veo que ya han actuado de modo eficaz porque hoy esta web falsa ya ha sido eliminada.

Termino diciendo amigo lector, sea usted muy cuidadoso y precavido cuando reciba este tipo de ofertas y premios tan golosos ya que, siempre, se trata de burdas maniobras de empresas y organizaciones sin escrúpulos, que le van a utilizar como instrumento para sus propósitos de robar materialmente datos personales. Evitará también el riesgo de propagar virus de todo tipo, ya que muchas veces, dentro de esos enlaces, también se encuentra malware que puede infectar tanto su equipo, como los equipos de los amigos a los que usted reenvíe estos enlaces.

Lo que lamento de todo esto es que tenemos un Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor el 20 de mayo, que nos lo han vendido como solución para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y, al final, no está sirviendo para nada, ya que el spam sigue imperando por todos los lados y las maniobras como las que denuncio en este artículo, siguen siendo nuestro pan de cada día. Y la razón es muy clara, cuando Europa regula para salvaguardar los derechos de los ciudadanos europeos, las empresas sin escrúpulos se instalan virtualmente en territorios fuera de la UE y así, de ese modo, se evaden de la acción de la justicia europea.

Entre las causas por las que los consumidores prefieren comprar online, el 78,0% argumenta la comodidad de este servicio como una de las principales razones para preferir esta forma de compra, el 73,2% argumenta la posibilidad de encontrar ofertas y artículos a un mejor precio y el 65,5%, el ahorro de tiempo que ocasiona no tener que desplazarse físicamente.

Con sólo echar un vistazo a las páginas de servicios que hay en internet, podemos hacernos una idea de lugar sobre cómo están las cosas. Compramos billetes de avión o tren, reservamos hoteles, alquilamos coches, compramos en grandes superficies, en Amazon, EBay, Gear Best, etc. Un dato significativo es que cuatro de cada cinco internautas, compramos por internet.

Aun con estos datos, cuando vayamos a hacer compras por internet, hemos de tener muy presente que la red alberga un mercado globalizado y deslocalizado y que dentro de él se mueven gran número de empresas y multitud de países con normas de regulación del comercio electrónico muy diferentes, lo que genera un importante grado de inseguridad jurídica. Como es fácilmente imaginable, no es lo mismo comprar un producto en una tienda situada en España, que comprarlo por ejemplo en China, donde desconocemos si el producto comprado va a llegar a nuestras manos, o va a llegar defectuoso y donde desconocemos cómo podremos reclamar legalmente nuestros derechos de consumidor.

Aun con una abundante normativa comunitaria ya incorporada al ordenamiento jurídico español y una muy completa legislación española, el consumidor no confía en el comercio electrónico fuera de nuestras fronteras, ya que duda de su eficacia, máxime cuando se trata de exigir pretensiones de baja cuantía que generarán altos costes procesales. Y no cabe duda de que tiene razón al pensar así, ya que la legislación sobre venta a distancia es compleja, poco conocida y bastante dispersa.

A priori, podríamos establecer tres áreas de seguridad jurídica. La primera área sería España donde hay un buen nivel de protección y de defensa del consumidor. En segundo lugar, la Unión Europea, también con un elevado nivel de protección. El tercer nivel de seguridad lo tendríamos en Estados Unidos, donde el comercio electrónico tiene altos niveles de eficiencia. Fuera de estas tres áreas ya situaríamos al resto de países donde, salvo excepciones, podríamos encontrarnos con problemas de protección jurídica.

¿Cómo se reclama en caso de un contrato establecido a través de la red, entre un comprador español y una empresa no situada en el espacio europeo, por ejemplo, China? Este es un ejemplo que sucede en la vida real, y que causa serios problemas en caso de necesitarse una acción judicial para exigir unos derechos, debido a los fuertes costes que generaría el procedimiento necesario.

Cuando aparecen elementos extranjeros en la transacción (Ej. Servidor ubicado en un país, host de la empresa en otro, domicilio social y fiscal en otro), surgen toda serie de dudas acerca de ante que órganos se puede reclamar y por qué vías, cuál sería la legislación aplicable y cuál sería la validez internacional de la decisión con su correspondiente ejecución. ¿Si yo obtengo una sentencia favorable en España…puedo exigir la ejecución en Pekín?

Teóricamente, y digo teóricamente porque en la práctica, si la cuantía es pequeña, necesariamente habríamos de desistir de cualquier acción, tendríamos dos opciones a nuestro alcance:

1. La primera es optar por un derecho internacional cibernético (internacional ciber Law) al margen de los estados. Se trata de reglas uniformes que regulan el comercio electrónico a escala internacional, y que podrían tener distintas presentaciones jurídicas, tales como tratados internacionales, códigos de conductas en los e-Business, sellos o distintivos de confianza o lo que sea, pero a través de un cuerpo de conductas global y general internacional.
2. La segunda es el derecho Internacional Privado para dirimir los conflictos de jurisdicción, los de ley aplicable y los de ejecución. La ventaja es que se trata de los mecanismos de siempre, no hay déficit democrático y la solución es más justa que en internacional cyberlaw. En este último hay una amalgama de disposiciones sin ningún carácter sistemático.

Dejando el Internacional Cyberlaw para los contratos de Internet de las grandes multinacionales, el derecho internacional privado no es la panacea y tiene grandes problemas de aplicación, ya que tiene un esquema antiguo y una legislación muy poco actualizada. Por ejemplo, el método de asignación de la legislación aplicable llega al punto de que puedan ser competentes muchos tribunales (si se toma en cuenta el lugar donde se produzca el daño). Cuando se trate de un problema generado por una página WEB situada en un determinado país, pero que es visible en todo el mundo, que la empresa físicamente puede estar ubicada en otro país, que el almacén de distribución y fabricante esté en otro, las conclusiones podrían ser un absurdo procesal y legal.

Por todo ello, la conclusión es muy clara: No tiene que haber ningún problema y el comprador no debe de tener miedo a hacer compras por internet cuando se trata de establecimientos situados dentro de nuestras fronteras, ya que la seguridad jurídica es la misma que si se compra directamente en un establecimiento comercial a nivel de calle.  Tampoco debería de haberlo en las compras que se realicen dentro de la Unión Europea donde no tiene por qué haber especial desconfianza e igualmente no debería de haber miedo a hacer compras en establecimientos de Estados Unidos, donde, como decía al principio, el comercio electrónico tiene altos niveles de eficacia y confianza, porque es un mercado muy maduro y muy avanzado en el comercio electrónico, y aunque no tengamos garantías jurídicas ejercitables, sí tendríamos una buena praxis comercial que genera confianza.

Termino diciendo que el problema podremos encontrarlo en cambio en las compras realizadas en otros países fuera de Europa o EE. UU., donde una reclamación puede resultar muy compleja con un grado de inseguridad jurídica muy grande, inseguridad que además puede incrementarse por la problemática fiscal que la transacción puede tener en las aduanas de entrada de la mercancía. Por tanto, en esos países no sería aconsejable una transacción con productos de bajo costo, transacción que ha de realizarse a riesgo y ventura del comprador.

Está claro que el tratamiento de datos personales de los ciudadanos es un derecho fundamental recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Está claro también que este tratamiento, sea cual sea la nacionalidad o residencia de un ciudadano, ha de contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión económica, así como contribuir al bienestar de las personas físicas.

Resulta indudable que la protección de datos tiene el claro objetivo de preservar los derechos de los ciudadanos y para ello el Reglamento que entrará en vigor, determina la necesidad de establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no autorizado o ilícito, o contra la pérdida de datos personales, o contra su destrucción o daño accidental. Esto lleva aparejada la necesidad de establecer medidas técnicas y organizativas encaminadas a asegurar la integridad y confidencialidad de los datos personales, así como demostrar que estas medidas se han llevado a la práctica (responsabilidad proactiva).

El Reglamento trata de respetar los derechos fundamentales y observa las libertades y los principios reconocidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, y en particular el respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Todo esto es muy bonito y está muy bien, pero, si nos paramos a pensar fríamente en lo que puede ocurrir pese a este proteccionismo legal, la situación que genera una masiva recogida de datos (big data), la situación puede ser verdaderamente preocupante. Nos estamos moviendo en una imparable evolución tecnológica y en una globalización que plantean inquietantes retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida de datos y de su intercambio, es gigantesca. Las nuevas tecnologías permiten que tanto las autoridades como las empresas privadas y otras organizaciones, utilicen datos personales en una escala sin precedentes, a la hora de realizar sus actividades.

Es una realidad evidente que las personas, desde el momento en que navegamos por la red, utilizamos redes sociales, hacemos compras por internet, reservamos hoteles, etc.etc. estamos difundiendo un volumen cada vez mayor de información, a nivel mundial. Las nuevas tecnologías han transformado tanto la economía como la vida social de las personas y eso provoca la libre circulación de datos personales tanto dentro de la Unión Europea como en el resto del mundo. Y este es el gran problema y lo inquietante que resulta la protección del ciudadano frente a este masivo tratamiento y transferencia de datos personales.

Por ejemplo, la Hacienda Pública mueve ficheros de contribuyentes y esto me lleva a recordar lo que ocurrió en Inglaterra no hace mucho tiempo, cuando misteriosamente, en su agencia tributaria se perdió una ingente cantidad de archivos. Los bancos tienen datos y cuentas de sus clientes, y, además, por exigencia legal, comunican a la Administración las operaciones que superan cierta cantidad. Los Notarios comunican las escrituras que autorizan. Los Registradores hacen lo propio. Los Abogados actúan telemáticamente con los Tribunales y por errores en la aplicación informática Minerva, muchos datos se filtraron. Las empresas que realizan comercio electrónico mantienen ficheros de sus clientes. Las operadoras de telefonía conservan datos, conversaciones y mensajes de sus clientes y además vuelcan esta información cuando se les exige, al sistema Sitel que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Para complicar más las cosas, la Unión Europea ha tomado decisiones relativas a la guarda de datos de los pasajeros de las líneas aéreas, datos que han de custodiar durante trece años, aun cuando la mayor parte de los delitos que se pretendan perseguir con esos datos, probablemente hayan prescrito. Y además de recogerlos y guardarlos, habrán de entregarlos a las autoridades que en muchos casos no son nacionales.

Por mucha seguridad que empresas y organizaciones implanten, por mucho control de datos que la actual tecnología permita, moviéndonos como nos movemos en un gigantesco tráfico de datos a escala mundial, como resulta evidente, la seguridad 100% no existe. Y ante este estado de cosas, me pregunto ¿Cuáles son los límites? ¿Quién habrá de poner los límites? Toda esta información en principio protegida y segura con la tecnología de la que actualmente se dispone ¿protegerá verdaderamente a los ciudadanos? ¿prevendrá delitos?

No quiero asustar a nadie, pero me temo que estamos ante un gran hermano de los datos, y que por mucho que se legisle, la protección de nuestros datos personales puede ser una quimera, y máxime cuando nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, como somos de gatillo rápido, a golpe de click, no leemos, pero sí aceptamos que nuestros datos sean registrados e incluso cedidos a terceros.