Dentro de la OCDE España es uno de los cuatro países que tiene menos viviendas destinadas a alquiler social. Los otros tres son la República Checa, Lituania y Estonia. El propio Banco de España, en su último informe, que se publicó tan solo hace unos días, sobre “El mercado de alquiler de vivienda residencial en España”, así lo reconoce. Ante esta situación, si quisiéramos estar al nivel de las economías avanzadas de nuestro entorno, tendríamos que tener un millón y medio más de viviendas destinadas al alquiler social.

Puede ser cierto que el precio de los alquileres represente un problema y sobre todo en las grandes ciudades, pero, a mi juicio, el verdadero problema va mas allá de los precios. Los alquileres sociales son escasos y la tasa de sinhogarismo sigue creciendo de modo alarmante, situación esta que ha provocado que la Comisión Europea haya llamado la atención a España como consecuencia de que nuestro país no tiene recursos para ayudar a los colectivos vulnerables a que tengan una vivienda digna.

Los pisos de alquiler social son escasísimos y la consecuencia aparejada es que, en este momento, el 45% de los inquilinos de nuestro país, están en riesgo de pobreza. Mas de cuatro millones de ciudadanos, están en situación de pobreza severa tras pagar su alquiler. Según los datos del Banco de España, ningún otro país europeo se encuentra en esta desoladora situación.

Esta extrema escasez de viviendas sociales con alquileres asequibles, además de ser un problema social de gran magnitud, limita claramente la posibilidad de que los jóvenes se emancipen y puedan vivir dignamente para incrementar la natalidad, algo que como se recoge en la última memoria económica del CES, provoca un claro cuello de botella para permitir nuestro crecimiento.

En los años 50,  en tiempos de la dictadura franquista y después con la llegada de nuestra democracia, en nuestro país se apostaba claramente por la vivienda pública y tanto es así que entre 1950 y 2016 se construyeron 6,8 millones de viviendas protegidas, cifra que representaba que el 90% de las viviendas que se construían, eran protegidas, algo que favorecía a todas las familias españolas para tener acceso a viviendas dignas. Si este estado de cosas no se hubiere acabado en el mercado libre, hoy no habría ningún problema de vivienda en España.

Hemos pasado de ser un país volcado en los pisos protegidos a un mercado libre que ha llevado a la ruina a muchos ciudadanos que no pueden pagarse los actuales alquileres o las hipotecas para adquirir una vivienda en propiedad. Y solo tenemos que ver el propio informe del Banco de España donde se recoge de modo expreso que ha habido una drástica reducción de la inversión pública para destinarla a alquileres sociales.

Está claro pues, que nuestro reducido número de pisos destinados a alquiler social, es debido a la escasísima dotación de presupuestos para este tipo de viviendas y por ello si el esfuerzo inversor de nuestro gobierno es el que es, la situación cada vez será mas grave. Mientras que otros países, al igual que ocurre en España, sufren alza en los precios de los alquileres, ellos tienen un necesario colchón para ayudar a los colectivos vulnerables. Pero en España no.

Así que, señores del gobierno, pónganse las pilas, dejen a un lado las refriegas parlamentarias, pónganse de acuerdo y piensen en favorecer a los colectivos vulnerables. ¿será mucho pedir?

Guste o no guste a muchos ciudadanos que dicen que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, yo sostengo que los necesitamos, ya que llegan a nosotros con unos perfiles profesionales adecuados para cubrir esos puestos de trabajo que, aun con todo el nivel de desempleo que tenemos, no son cubiertos por españoles que los están rechazando claramente (servicio doméstico, agricultura, ganadería, hostelería, chóferes, etc.). Además, el ciudadano tiene que saber que cuando un extranjero llega a España, legalmente solo puede ser empleado en aquellas actividades que el Instituto Nacional de Empleo, trimestralmente, cataloga como “profesiones de difícil ocupación”, que son los puestos de trabajo que no se cubren, porque no hay trabajadores españoles dispuestos a aceptarlos.

Por ello, a mi juicio, lo que hay que propiciar es que nos lleguen inmigrantes y en esta línea no hablo de abrir fronteras para que nos llegue todo tipo de inmigración irregular, sino que nuestros gobernantes faciliten la entrada en nuestra economía de inmigrantes “regulares” dispuestos a ocupar esos puestos de trabajo que existen en el catálogo de profesiones de difícil ocupación y con ello contribuir a que nuestra economía funcione.

Las Oficinas de Extranjería que hay en todas las comunidades autónomas, son las competentes para otorgar permisos de trabajo, residencia, nacionalidad, etc. es en ellas donde los empleadores y candidatos a empleo extranjeros, han de solicitar el correspondiente permiso. El grave problema que existe, es que estas oficinas no tienen los suficientes recursos materiales y humamos y como consecuencia, se generan enormes demoras de meses y meses para conseguir una cita. Estas grandes demoras han provocado que diferentes profesionales, a cambio de una remuneración económica, se deciden a conseguir citas en cualquier comunidad autónoma.

A modo de ejemplo, conozco el caso de una familia que quería contratar de modo indefinido, a una chica sudamericana como empleada de hogar. Pasados varios meses sin conseguir cita en la oficina de Oviedo, esta chica entra en contacto con un asesor al que le paga 300€ y este le consigue cita en la Oficina de Santander, para dentro de tres meses. Transcurrido ese periodo, viaja a Santander y allí inicia los trámites necesarios, algo que resulta harto difícil, ya que el empleador que suscribe el contrato de trabajo, reside en Oviedo. Transcurren otros seis meses mas y el empleador, harto de esperar, decide cerrar el caso y buscar a otra trabajadora que tenga papeles. Añadidamente, la candidata se ha gastado una buena cantidad de dinero en desplazamientos inútiles.

¿Cuál es el problema? Que esa enorme burocracia de las oficinas de extranjería, está provocando que se estén contratando en negro, de modo irregular, a trabajadores sin papeles y eso en nada contribuye a la sostenibilidad de nuestra economía.

Por ello, yo propongo a nuestros gobernantes que, de modo inmediato, doten a las oficinas de extranjería de todos los medios y recursos necesarios, para agilizar los procesos y para facilitar que las personas inmigrantes obtengan los necesarios permisos de trabajo. Nosotros necesitamos a esos inmigrantes regulares. Nuestra economía los necesita.

Como todo el mundo sabe, la pensión de jubilación es la prestación económica que una persona recibe al retirarse del mercado laboral, tras cumplir ciertos requisitos que marca el sistema de pensiones en España. Este es un sistema contributivo, de modo que, tras haber cotizado a la Seguridad Social tanto la empresa como el trabajador, durante un número específico de años, se alcanza el derecho a la percepción de la pensión de jubilación.

Actualmente, en nuestro sistema fiscal, la pensión se considera como una renta del trabajo y en base a ello está sujeta al pago del IRPF, lo que significa que se incluye en la base imponible del contribuyente, igual que si se tratare de un salario. La cuantía de la retención aplicada a la pensión va a depender del importe que se perciba, así como de la situación personal y familiar del pensionista y una vez se realice la declaración de la renta anual, donde se practicará el ajuste final entre las retenciones que se han practicado y el impuesto que realmente se deba de pagar, el contribuyente recibirá una devolución o tendrá que pagar la diferencia.

Si por el contrario y como sería lógico, la pensión fuere considerada una renta del capital, ya que se trata de ir percibiendo mensualmente una cantidad que procede del capital o fondo que se fue acumulando durante todos los años cotizados, esta pensión estaría sujeta a un tipo impositivo diferente y bastante mas bajo que las rentas del trabajo.

Las discrepancias y el debate que últimamente se está generando sobre la fiscalidad de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital, derivan de que los trabajadores son los mas afectados por una fiscalidad progresiva, mientras que las rentas del capital, que suelen concentrarse en personas con mayores ingresos, se benefician de un tratamiento fiscal más favorable, algo que provoca una clara desigualdad social y económica ya que las personas mas ricas obtienen una proporción muy alta de estos ingresos con una tasa impositiva más baja.

En este estado de cosas, aun cuando la Unión Europea no tiene competencias directas sobre los sistemas de pensiones de sus Estados miembros, si está influyendo indirectamente mediante recomendaciones en el Semestre Europeo, donde se produce un proceso de coordinación de las políticas económicas, para aconsejar a los estados miembros las reformas necesarias, incluyendo la sostenibilidad de las pensiones, los pactos de estabilidad y los niveles de deuda pública. Igualmente introduce la movilidad transfronteriza para que los trabajadores que han prestado sus servicios en diferentes estados miembros tengan garantizados los derechos adquiridos en un país que ha de ser respetado en otro.

Concluyo diciendo que el tema de las pensiones y la retención del IRPF, así como las discrepancias entre los rendimientos del trabajo o del capital, han de resolverse para tener una correcta estructura fiscal. La Unión Europea, aunque con limitadas competencias directas, juega un papel importante para coordinar las políticas y la armonización fiscal y parece que está apostando por alcanzar la adecuada justicia social, inclinándose a considerar las pensiones como un rendimiento del capital, que, de modo concreto, en España tiene una tasa impositiva más baja.

Confío en que nuestros gobernantes terminen resolviendo este problema.

Es incuestionable el despoblamiento rural que estamos viviendo en Asturias, que resulta muy preocupante y que requiere de profundos análisis y toma de medidas por parte de las administraciones tanto autonómicas como estatales, para tratar de frenar y revertir ese serio problema de pérdida de población, además de envejecimiento de la misma.

En los tiempos actuales, la industrialización se concentró en las áreas urbanas y dejó a las zonas rurales con menos oportunidades de empleo, ya que la falta de empresas en esos territorios obligó a los jóvenes a trasladarse a las ciudades en busca de trabajo y oportunidades. La agricultura, ganadería y pesca, que han sido la base económica de esas zonas, fue experimentando una significativa disminución, por falta de rentabilidad, lo que obligó a muchos a abandonar estas actividades.

Como consecuencia de la marcha a las ciudades de la gente joven, los pueblos rurales fueron perdiendo servicios y paralelamente su población se fue envejeciendo. Carreteras abandonadas y falta de servicios básicos como sanidad, escuelas o medios de transporte, provocaron que la vida en el ámbito rural ya no sea atractiva y por ello los jóvenes no tienen incentivos para establecerse en esos territorios.

Las políticas de inversión pública favorecieron a las zonas urbanas y dejaron al ámbito rural con menos recursos para su desarrollo económico y social, algo que provocó una manifiesta desigualdad, algo que provocó una clara percepción de que en las áreas urbanas había una mayor calidad de vida y más oportunidades.

Es por tanto evidente que, para resolver este problema del despoblamiento rural asturiano, se necesitan unas claras políticas que, por ejemplo, incentiven el emprendimiento rural, mediante ayudas y subvenciones específicas para la creación de pequeñas empresas o proyectos innovadores en esas áreas despobladas. En vez de tanta burocracia como ahora soportan esos jóvenes emprendedores, que quieren rehabilitar casas y hórreos para promover un turismo sostenible, debería de facilitarse y a la vez promover la agricultura ecológica, o las energías renovables.

El turismo rural, si se promocionara, podría ser una fuente de ingresos sostenible, ya que al atraer turistas también llegarían nuevos residentes. Podrían crearse alojamientos, rutas turísticas y actividades que pongan en valor el patrimonio natural y cultural de nuestra Asturias.

Deberían de mejorarse las infraestructuras y los servicios y para ello habrían de realizarse inversiones en mejoras del transporte y en telecomunicaciones, para facilitar las comunicaciones digitales que se necesitan en las zonas despobladas, e igualmente habrían de instalarse unos servicios de sanidad y educación mínimos, para mejorar la calidad de vida de esas zonas.

Deberían de establecerse políticas y no burocracia como ahora, para rehabilitar viviendas abandonadas o en mal estado y de ese modo incentivar y favorecer que los jóvenes puedan tener entornos habitables atractivos, a la vez que programas de apoyo familiar que faciliten el retorno desde las zonas urbanas.

Como conclusión, diría que nuestro despoblamiento rural representa un gran desafío y requiere de un enfoque coordinado por las diferentes administraciones, eliminando las actuales burocracias administrativas y favoreciendo la revitalización de esas zonas, mediante políticas concretas.

Los factores que inciden en esta preocupación son, como primer elemento, la escasez de viviendas, ya que la oferta de las que hay disponibles, no consigue llegar a satisfacer el ritmo creciente de la demanda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Esta escasez de viviendas es debida tanto a la ralentización de la construcción de nuevos inmuebles, como a la concentración de la población en áreas urbanas.

A esto ha de añadirse la insuficiencia de vivienda pública que tenemos en España, algo que nos lleva a que nuestro país sea el que tiene una de las tasas mas bajas de vivienda pública de Europa, lo que provoca graves problemas para las personas que tienen ingresos bajos y que no pueden por ello, acceder a viviendas asequibles.

Influye también de modo notorio, el aumento de los precios tanto del alquiler como de la compra de viviendas, ya que han experimentado incrementos muy significativos y esto provoca que cada vez sea más difícil para muchas personas, acceder a una vivienda adecuada y sobre todo para los jóvenes y para las familias que tienen ingresos medios y bajos. La precariedad laboral que provocan tanto los salarios bajos, como la inestabilidad en los empleos, también genera muchas dificultades para que gran número de personas, puedan acceder a las entidades financiaras para obtener la financiación que necesitan para comprar el inmueble.

A todos estos problemas, hay que añadir también el impacto del turismo y del alquiler vacacional, ya que entidades como Airbnb u otras que practican el alquiler turístico, están provocando la proliferación de alquileres a corto plazo que se ofertan a los turistas y esto, sin ninguna duda, reduce la disponibilidad de viviendas destinadas a alquiler residencial, muy especialmente en ciudades que tienen mucho turismo, algo que ya se empieza a notar en Oviedo. La insuficiente regulación jurídica de los alquileres, aunque algunas ciudades ya han empezado a implementar medidas restrictivas, ha exacerbado la crisis de vivienda.

No podemos olvidar también que la pandemia del COVID-19 cambió las preferencias de los propietarios y arrendatarios que empezaron a buscar viviendas con espacios exteriores, algo que presionó al mercado inmobiliario. Igualmente, la crisis que siguió a este periodo, afectó bastante a la capacidad de muchas personas para pagar alquileres o hipotecas y esto provoca desahucios e inseguridad habitacional.

En este estado de cosas, es cierto que se vinieron estableciendo medidas gubernamentales y políticas públicas, estableciéndose planes para aumentar la oferta de pisos asequibles, pero la efectividad parece que es bastante escasa, al igual que las subvenciones y ayudas que se establecieron para dar a jóvenes y a familias vulnerables la posibilidad de alquilar o comprar una vivienda, ayudas estas que han tenido y tienen un alcance muy limitado. Ocurre lo mismo con las regulaciones que algunas ciudades empezaron a establecer para controlar el aumento de los precios del alquiler, medidas estas que a menudo se enfrentan con bastante resistencia de los propietarios y también con desafíos legales para su implementación.

En resumen, los problemas que tenemos con las viviendas, son complejos y están influenciados por factores económicos, sociales y políticos y esto requiere de un enfoque integral y de una clara coordinación entre el gobierno y el sector privado para abordar de modo eficaz el desafío y para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos.

No hace muchos años, teníamos del orden de cien bancos y cajas de ahorro operando en nuestro mercado y en este escenario, primero se produjo la desaparición de la banca pública. Después, tras la crisis económica que sufrimos en 2018, fueron desapareciendo Cajas de Ahorro y quedaron sólo catorce entidades bancarias. Siguieron los procesos de fusión y absorción y hoy en día, tras la fusión de Liberbank y Unicaja, de Bankia con CaixaBank y ahora con la antedicha opa del BBVA, vamos camino de tener sólo tres gigantes bancarios, algo que nos llevaría a que España sería el país de la UE con mayor concentración bancaria.

Creo que, a estos grandes bancos, más que el mercado español en sí, les interesa el mercado global y esto, sin duda, puede llevarnos al grave riesgo de los “bancos sistémicos”, debido a su gran tamaño y a sus fuertes conexiones con el sistema financiero mundial y este riesgo sistémico, puede representar un problema de muy difícil pronóstico. Estoy convencido que en este momento ya estamos en una clara oligopolización bancaria

Como todo el mundo se puede imaginar, con unos pocos bancos compitiendo en el mercado, será fácil que lleguen a una colusión de intereses que, a todas luces, a quien va a afectar, es a los clientes que vamos a resultar enormemente perjudicados con comisiones bancarias de todo tipo, con escasas retribuciones por el dinero depositado, así como con la fuerte reducción de las sucursales próximas al cliente. Sufrirán las consecuencias igualmente, las pequeñas empresas, al reducirse el volumen de créditos, a la vez que se endurecen las condiciones para su concesión. Y esto no lo digo yo, sino el propio BBVA que reconoce en un informe que “la consolidación de entidades grandes, lleva a un menor grado de competencia entre estas entidades de mayor tamaño”.

A todos estos problemas, han de añadirse los derivados de la brecha digital, ya que muchas personas de cierta edad, tras el cierre de muchas sucursales que tenían próximas, van a verse obligados a adaptarse a instrumentos tecnológicos para acceder a los servicios que la banca ofrece telemáticamente, para suplir así el cierre de muchas sucursales. Además de eso, los clientes, tanto por el cierre de sucursales, como por la falta de competencia entre las entidades, vamos a sufrir las consecuencias y no podremos encontrar mejores condiciones entre una entidad u otra.

Cuando en 2008 se escuchaba “es demasiado grande para caer”, hoy esos bancos que eran demasiado grandes para fracasar, aun son más grandes y probablemente serán aún mayores cuando, como se está viendo, probablemente sólo quedarán tres. Como consecuencia, al concentrarse todo el negocio en unas pocas entidades, todo será más fácil, tanto para la colusión bancaria, como para que tanto el gobierno español como el Banco Central Europeo, tomen medidas fáciles de aplicar a unas pocas entidades.

Creo que no es ciencia ficción si digo que, si se produjere otro colapso financiero, a la autoridad bancaria le resultaría facilísimo dirigir una orden a esos cinco grandes bancos de ahora y tres pronto, para que, por ejemplo, bloquearan todos o parte de los depósitos bancarios. Con muchas entidades operando, esto no sería tan fácil, ya que los clientes podrían moverse de una a otra, pero con unos pocos megabancos, unas pocas llamadas telefónicas serían suficientes para bloquear el sistema por completo. Creo que no es una historia de ciencia ficción, sobre cosas que pueden suceder en el futuro. Esto ya ha sucedido en algún corralito financiero. Miedo me da la manifiesta oligopolización bancaria que se está creando.

En principio, tras analizar los costos para rehabilitar la vivienda y el hórreo, en base al presupuesto de obras que había pedido a un aparejador y a un carpintero, los seniors asesores consideramos que el proyecto era viable y por tanto lo animamos a que se pusiere manos a la obra, empezando en primer lugar, por solicitar todos los permisos a las administraciones competentes, máxime cuando estábamos ante un bien de interés cultural como son los horros, las paneras y los cavazos y estos permisos iban a ser clave para iniciar en proyecto.

Empezó el plan, pagando con los recargos correspondientes, el IBI tanto de la vivienda como del hórreo. Hecho esto, presentó ante la Administración del Principado, ante la Administración central y ante el Ayuntamiento correspondiente, todas las solicitudes necesarias. Solicitó también subvenciones a la Consejería de Cultura para rehabilitar un bien de interés cultural, cuál era el hórreo. Transcurrido mas de un año desde el inicio de las solicitudes, habiendo gastado bastante dinero en restaurar la vivienda, no sólo no se le concedió subvención alguna, sino que el Principado rechazó el proyecto, entre otras cosas porque el hórreo, al ser un bien de interés cultural, no podía dedicarse al negocio de hostelería, aun cuando el emprendedor, lo que pretendía era que bajo el hórreo se sentaran a descansar los peregrinos y tomarse un bocadillo o a beber algo.

Tras todas estas vicisitudes que obligaron a este emprendedor, a no llevar a fin su idea, llego a la conclusión de que, en torno a los hórreos, hay una terrible burocracia que genera muchos problemas a los propietarios de estas construcciones tradicionales en Asturias. Hay una exasperante hiperregulación que, por ejemplo, prohíbe el uso de un hórreo desvinculado de una vivienda, además de exigir que su rehabilitación tiene hacerse con materiales como los tradicionales. En este estado de cosas, los dueños de un hórreo se enfrentan a diversas opciones como son repararlos, donarlos, venderlos si pueden o, como tristemente suele ser habitual, dejar que se arruinen.

En lo que se refiere a subvenciones, aun cuando el Principado, el año pasado, para rehabilitar hórreos, tenía un presupuesto de 450.000€, casi todas las solicitudes fueron denegadas y sólo se concedieron a 22 peticionarios.

Otros desafíos que plantea la tenencia de un hórreo pasan por los graves problemas que la Administración plantea para trasladarlos a otro lugar. Igualmente, ante tanta burocracia, si el propietario opta por dejar que se deteriore, puede incurrir en sanciones por incumplir el deber de conservación que le impone la normativa actual.

En resumen, la enorme burocracia y las rigideces legales, dificultan el uso de estas antiguas construcciones. Por ello, a mi juicio, se requiere una seria y profunda reflexión para ver cómo se puede equilibrar la protección de un patrimonio de interés cultural, con la realidad práctica y las dificultades que tienen los propietarios. De no hacerlo así, con toda esta burocracia, Asturias seguirá perdiendo hórreos todos los días. Pena me da.

De modo casi inmediato, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, probablemente porque se percató de una gran metedura de pata, explicó a través de su cuenta de Twitter que era un bulo y aclaró: “quien va a invertir 45.000 millones en sus infraestructuras es Marruecos, y quien opta a esos contratos son nuestras empresas. A eso fue Sánchez a Marruecos”.

No alcanzo a entender qué es lo que está pasando en las relaciones España/Marruecos y los giros radicales de política que ha dado nuestro presidente, que lo han llevado a crear un serio conflicto diplomático con Argelia por el tema del Sahara, aun cuando este país era un importante suministrador de gas, tan necesario para nuestra economía. ¿tiene esto algo que ver con las escuchas Pegasus, o con los negocios que según recogió la prensa francesa, supuestamente tenía la mujer de Pedro Sánchez en Marruecos?

En esta situación, con todos los agricultores y ganaderos manifestándose y llenando de tractores las ciudades españolas para que reciban todos los apoyos que precisan, vemos cómo en los supermercados tenemos infinidad de productos agrícolas que son importados de Marruecos, aun cuando tienen una inferior calidad a los productos españoles. Qué pensarán estas gentes del tercer sector cuando ven como el presidente de su gobierno se va al estado vecino a dar todo lo que le pidan.

Considero que nuestro gobierno, lo primero que tiene que hacer es ayudar a los suyos, ya que esto mejoraría la economía agrícola y ganadera y además consumiríamos productos de calidad. Y una vez hecho esto y no antes, podría empezar a ayudar a nuestros vecinos. Pienso también que nuestros pescadores y sobre todo los de la bahía de Cádiz, se habrán quedado atónitos al ver que nuestro gobierno, a quien ayuda es a los pescadores de Marruecos. La solidaridad está muy bien, pero caramba, primero arregla los problemas que tenemos en nuestra casa.

Y si se habla de invertir en infraestructuras de Marruecos, cuando se va a invertir por ejemplo en esos trenes que se quedan averiados por un lado y otro, o en esos trenes de cercanías que son un total desastre, con un FEVE literalmente abandonado.

Y no me vale que se diga que a esas inversiones van a optar las empresas españolas, ya que estas a lo que tienen que optar es a obras de nuestro país. ¿no deberíamos de arreglar primero los problemas de nuestra casa?

Esta política de donde dije digo, digo diego, no es la que viene bien a nuestro país. A lo mejor viene muy bien para otros asuntos del presidente del gobierno y por eso se ha ido a Marruecos, pero a los españoles no nos beneficia en nada.

Por el contrario, esos gobernantes o esos grandes empresarios que fletan todos los días aviones privados, helicópteros, o multitud de coches oficiales para desplazarse de un lado a otro, aunque sea un viaje innecesario, no son culpables de nada.

El culpable soy yo ganadero, que tengo una pequeña cuadra y las vacas tiran pedos que contaminan el medio ambiente al soltar gas metano. El culpable soy yo agricultor que no tengo certificado medioambiental y que, aunque pierda dinero con mis cortas cosechas, sigo cultivando productos hortícolas. El culpable soy yo, agricultor y ganadero, que siempre he preservado el campo y los montes para proteger el medio ambiente y para evitar incendios, y no esas enormes multinacionales, que aun cuando son las que más contaminan en el mundo, nos proponen y facilitan el consumo de productos procedentes del otro extremo del planeta.  El culpable soy yo, ciudadano de a pie, que compro carne y pescado natural, en vez de comer hamburguesas ecológicas o pescados procedentes de la acuicultura o piscifactoría.

Esos nuevos ecologistas, que son tan críticos con el ciudadano de la calle, son los que compran productos que según ellos son sostenibles (aunque contengan materias perjudiciales para la salud, según el lugar en que se elaboran) y que llegan a nuestros mercados tras un transporte en barcos y aviones que recorren miles de quilómetros de distancia.

Esos que se erigen en defensores del planeta, son los que promueven el cierre de empresas españolas para tratar de imponer sus políticas climáticas, aun cuando nuestro país sólo representa el 0,8% del PIB. Y mientras esto está ocurriendo, nadie reconoce que nuestros océanos y mares están repletos de enormes buques que contaminan nuestras aguas o de aviones que contaminan el cielo, para transportar esos productos que se elaboran al otro lado del mundo y que, dicho sea de paso, por todo lo que se ha averiguado, son de inferior calidad a nuestros productos, además de contener materias perjudiciales para la salud. Y mientras todo esto ocurre, a mi me culpabilizan por tener un coche viejo que contamina mucho y por ello, no puedo circular por dentro de algunas ciudades.

Entre tanto que, por ejemplo, en el vecino Marruecos se abren centrales térmicas, aquí se cierran, a mi me mandan al paro porque mi empresa contamina. Mientras esos globalistas consumen sin límites, a mi me obligan a pasar hambre y frio. Esos multimillonarios ecologistas son los verdaderos culpables de dejar en la calle sin trabajo a miles de personas y de llevar a la pobreza a muchas familias. Y entre tanto hacen esto aquí desmontando empresas, las trasladan a otros países contaminantes, en los que, además, utilizan mano de obra esclava.  El modelo de transición energética que tenemos es que los poderosos, apoyados por los políticos de turno, hagan lo que les venga en gana, perjudicando gravemente a esas familias que viven un auténtico infierno al quedarse sin un trabajo digno.

Ante este sinsentido, los ciudadanos de a pie, debemos de defender lo local frente a lo global, aplicando el sentido común contra el fanatismo climático. Debemos de defender a las familias españolas frente a ese exagerado globalismo.  ¿será pedir mucho?

En nuestra comunidad, cada año se vienen perdiendo 2.700 habitantes y la población cada vez está más envejecida, circunstancia que nos pone en una situación límite, ya que cada vez vamos teniendo menos mujeres en edad de procrear y añadida mente a eso, nuestros jóvenes se marchan de Asturias en busca de oportunidades. Estos jóvenes académicamente bien formados se ven obligados a buscar oportunidades en otros lugares, porque aquí no encuentran empleos adecuados.

En esta situación, es incuestionable que necesitamos inmigrantes y deberíamos de desterrar esos mitos de que “aquí no hay sitio para todos” o que “vienen a quitarnos en trabajo”, porque no se ajustan a nuestra realidad demográfica y económica. Yo me uno a las teorías de los expertos en demografía y economía que sostienen que, dado el envejecimiento de nuestra población, necesitamos con bastante urgencia que vengan inmigrantes para conseguir que nuestra economía funcione adecuadamente.

La propia Comisión Europea nos ha dicho que hasta 2030 España necesita siete millones de población adicional y, por tanto, Asturias que está en el puesto mas alto del ranking de envejecimiento, necesita que bastantes de esos siete millones, vengan aquí.

Guste o no guste a muchos ciudadanos que dicen que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, yo sostengo que necesitamos a esos extranjeros que llegan a nosotros con unos perfiles profesionales adecuados para cubrir esos puestos de trabajo que, aun con todo el nivel de desempleo que tenemos, no son cubiertos por españoles que los están rechazando claramente (servicio doméstico, agricultura, ganadería, hostelería, chóferes, etc.) El ciudadano tiene que saber que cuando un extranjero llega a España, legalmente sólo puede ser empleado en aquellas actividades que el Instituto Nacional de Empleo trimestralmente cataloga entre las “profesiones de difícil ocupación”. Es decir, los puestos de trabajo que no se cubren porque no hay trabajadores españoles dispuestos a aceptarlos.

A mi juicio lo que hay que propiciar es que la inmigración venga a Asturias y no se trata de abrir fronteras para que nos llegue todo tipo de inmigración irregular. De lo que se trata es que nuestros gobernantes establezcan unas claras políticas inmigratorias para propiciar la llegada a nuestra economía, de inmigrantes “regulares” dispuestos a ocupar esos puestos de trabajo que existen en el “catálogo de profesiones de difícil ocupación”.

Una cosa es el problema de los subsaharianos que llegan en pateras, algo que ha de calificarse como un grave problema humanitario, o el de la entraba de inmigración irregular que puede generar marginación o incluso delincuencia y otra cosa muy distinta es propiciar esa inmigración legal o regular, que sin duda alguna necesitamos, porque contribuirá a que nuestra economía funcione.

Voto por tanto a que nuestros gobernantes establezcan claras políticas de inmigración regular, para anticiparnos al grave problema demográfico y económico que ya estamos teniendo.