{"id":114,"date":"2013-03-14T11:07:00","date_gmt":"2013-03-14T10:07:00","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.elcomercio.es\/hispadata\/2013\/03\/14\/la-legislacion-espanola-sobre-ejecuciones-hipotecarias-es-contraria-al-derecho-de-la-union-europea\/"},"modified":"2013-03-14T11:07:00","modified_gmt":"2013-03-14T10:07:00","slug":"la-legislacion-espanola-sobre-ejecuciones-hipotecarias-es-contraria-al-derecho-de-la-union-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/hispadata\/2013\/03\/14\/la-legislacion-espanola-sobre-ejecuciones-hipotecarias-es-contraria-al-derecho-de-la-union-europea\/","title":{"rendered":"LA LEGISLACION ESPA\u00d1OLA SOBRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS, ES CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA"},"content":{"rendered":"
El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, acaba de hacer un comunicado de prensa sobre una sentencia dictada hoy, por la que declara que la normativa espa\u00f1ola, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cl\u00e1usula de un contrato de pr\u00e9stamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria iniciado por otra v\u00eda, es contraria al Derecho de la Uni\u00f3n .<\/span><\/b><\/div>\n
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La normativa espa\u00f1ola enumera los motivos,<\/span> <\/span>muy limitados, por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecuci\u00f3n de una hipoteca. Entre esos motivos no figura la existencia de una cl\u00e1usula abusiva en el contrato de pr\u00e9stamo hipotecario. De este modo, esta circunstancia s\u00f3lo puede invocarse en un procedimiento declarativo separado, que no suspende el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria. Adem\u00e1s, en el procedimiento de ejecuci\u00f3n espa\u00f1ol, la adjudicaci\u00f3n final de un bien hipotecado a un tercero \u2013como un banco\u2013 adquiere, en principio, car\u00e1cter irreversible. Por consiguiente, si la decisi\u00f3n del juez que conozca del proceso declarativo por la que declare abusiva una cl\u00e1usula de un contrato de pr\u00e9stamo \u2013y, por tanto, la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria\u2013 se pronuncia despu\u00e9s de que se haya llevado a cabo la ejecuci\u00f3n, esa decisi\u00f3n s\u00f3lo puede garantizar al consumidor una protecci\u00f3n <\/span>a posteriori, <\/span><\/span><\/i>meramente indemnizatoria, sin que la persona expulsada pueda recuperar la propiedad de su vivienda.\u00a0<\/span><\/div>\n

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En julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroqu\u00ed que trabajaba en Espa\u00f1a, suscribi\u00f3 con el banco Catalunyacaixa un contrato de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. Desde junio de 2008 dej\u00f3 de pagar sus cuotas mensuales. Tras requerirle infructuosamente el pago, el banco inici\u00f3 un procedimiento de ejecuci\u00f3n contra \u00e9l. El Sr. Aziz no compareci\u00f3, por lo que se orden\u00f3 la ejecuci\u00f3n. Se celebr\u00f3 la subasta p\u00fablica del inmueble sin que se presentara ninguna oferta, de modo que, con arreglo a la normativa espa\u00f1ola, el bien se adjudic\u00f3 al banco por el 50 % de su valor. El 20 de enero de 2011 el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda. Poco antes, hab\u00eda presentando una demanda solicitando que se anulara una cl\u00e1usula del contrato de pr\u00e9stamo hipotecario por su car\u00e1cter abusivo y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria. <\/div>\n

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En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 3 de Barcelona, que conoce del litigio, decidi\u00f3 preguntar al Tribunal de Justicia, por una parte, sobre la conformidad del Derecho espa\u00f1ol <\/span>2 <\/span>con la Directiva sobre las cl\u00e1usulas abusivas, <\/span>3 <\/span>al considerar que hace que resulte muy complicado para el juez garantizar una protecci\u00f3n eficaz del consumidor, y, por otra parte, sobre los elementos constitutivos del concepto de \u00abcl\u00e1usula abusiva\u00bb en el sentido de esa Directiva. <\/span><\/div>\n
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En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, que <\/span>la Directiva sobre las cl\u00e1usulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa espa\u00f1ola en cuesti\u00f3n, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo. Es decir, el que tiene por objeto declarar el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1sula -adoptar medidas cautelares, en particular la suspensi\u00f3n del procedimiento de ejecuci\u00f3n, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisi\u00f3n final.<\/span><\/span><\/b><\/div>\n


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Con car\u00e1cter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, a falta de armonizaci\u00f3n de los mecanismos nacionales de ejecuci\u00f3n forzosa, los motivos de oposici\u00f3n admitidos en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y las facultades conferidas al juez que conozca del proceso declarativo forman parte del ordenamiento jur\u00eddico interno de los Estados miembros. Sin embargo, esa normativa no puede ser menos favorable que la que rige situaciones similares de car\u00e1cter interno (principio de equivalencia) y no debe hacer imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jur\u00eddico de la Uni\u00f3n (principio de efectividad). <\/div>\n

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Pues bien, en lo que respecta a este \u00faltimo principio, el Tribunal de Justicia considera que el r\u00e9gimen procesal espa\u00f1ol menoscaba la efectividad de la protecci\u00f3n que pretende garantizar la Directiva. As\u00ed sucede en todos los casos en que la ejecuci\u00f3n de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez que conozca del proceso declarativo declare abusiva la cl\u00e1usula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecuci\u00f3n. En efecto, <\/span><\/span>dado que el juez que conozca del proceso declarativo no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecuci\u00f3n, esa declaraci\u00f3n de nulidad s\u00f3lo permite garantizar al consumidor una protecci\u00f3n <\/span>a posteriori <\/span><\/span><\/i>meramente indemnizatoria. Dicha indemnizaci\u00f3n resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cl\u00e1usulas. As\u00ed ocurre con mayor raz\u00f3n cuando, <\/span>como en este caso, <\/span><\/span>el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que ese mecanismo de protecci\u00f3n de los consumidores limitado al pago de una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios no permite evitar la p\u00e9rdida definitiva e irreversible de la vivienda. <\/span>As\u00ed pues, basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria para privar a los consumidores de la protecci\u00f3n que pretende garantizar la Directiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa espa\u00f1ola no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente dif\u00edcil, en los procedimientos de ejecuci\u00f3n hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protecci\u00f3n que la Directiva confiere a estos \u00faltimos. <\/span><\/span><\/div>\n
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En segundo lugar, al examinar el <\/span>concepto de cl\u00e1usula abusiva<\/span><\/span>,\u00a0<\/span> <\/span>el Tribunal de Justicia recuerda que el \u00abdesequilibrio importante\u00bb creado por tales cl\u00e1usulas debe apreciarse teniendo en cuenta las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situaci\u00f3n jur\u00eddica en que se encuentra el consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de las cl\u00e1usulas abusivas. Para determinar si el desequilibrio se causa \u00abpese a las exigencias de la buena fe\u00bb, es preciso comprobar si el profesional pod\u00eda estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, \u00e9ste aceptar\u00eda una cl\u00e1usula de ese tipo en el marco de una negociaci\u00f3n individual. <\/span>El \u00f3rgano jurisdiccional nacional deber\u00e1 comprobar, a la luz de estos criterios, si <\/span>la cl\u00e1usula de intereses de demora <\/span><\/span>incluida en el contrato firmado por el Sr. Aziz es abusiva. La cl\u00e1usula establece unos intereses de demora anuales del 18,75 % autom\u00e1ticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de reclamaci\u00f3n. En particular, deber\u00e1 comparar ese tipo de inter\u00e9s con el tipo de inter\u00e9s legal <\/span>5 <\/span>y verificar que es adecuado para garantizar la realizaci\u00f3n de los objetivos que el inter\u00e9s de demora persigue en Espa\u00f1a y que no va m\u00e1s all\u00e1 de lo necesario para alcanzarlos. <\/span><\/div>\n
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Adem\u00e1s, la cl\u00e1usula relativa al vencimiento anticipado del contrato del que se trata, permite al banco declarar exigible la totalidad del pr\u00e9stamo despu\u00e9s de un solo incumplimiento de la obligaci\u00f3n de pago del capital o de los intereses. El Juez nacional deber\u00e1 comprobar especialmente si esa facultad depende de que el consumidor haya incumplido una obligaci\u00f3n especial del contrato y si el incumplimiento tiene car\u00e1cter suficientemente grave con respecto a la duraci\u00f3n y a la cuant\u00eda del pr\u00e9stamo.<\/span><\/div>\n
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\u00a0Por \u00faltimo, la <\/span>cl\u00e1usula relativa a la liquidaci\u00f3n unilateral de la deuda impagada <\/span><\/span>del contrato estipula que el banco puede presentar directamente la liquidaci\u00f3n de su importe para iniciar el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria. El juez nacional deber\u00e1 apreciar si \u2013y en qu\u00e9 medida\u2013 esa cl\u00e1usula dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa, a la vista de los medios procesales de que dispone. <\/span><\/div>\n
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NOTA: <\/span><\/span>La remisi\u00f3n prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que est\u00e9n conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n o sobre la validez de un acto de la Uni\u00f3n. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisi\u00f3n del Tribunal de Justicia. Dicha decisi\u00f3n vincula igualmente a los dem\u00e1s tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. <\/span><\/div>\n
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