{"id":40,"date":"2014-12-04T11:08:00","date_gmt":"2014-12-04T10:08:00","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.elcomercio.es\/hispadata\/2014\/12\/04\/reflexiones-para-la-lucha-contra-la-corrupcion\/"},"modified":"2014-12-04T11:08:00","modified_gmt":"2014-12-04T10:08:00","slug":"reflexiones-para-la-lucha-contra-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.elcomercio.es\/hispadata\/2014\/12\/04\/reflexiones-para-la-lucha-contra-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"REFLEXIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCI\u00d3N"},"content":{"rendered":"
<\/a>Los jueces decanos han reclamado este mi\u00e9rcoles m\u00e1s medios humanos y materiales, la “dotaci\u00f3n \u00e1gil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupci\u00f3n”, para que sus titulares se dediquen “en exclusiva a este asunto las 24 horas del d\u00eda”, as\u00ed como la “revisi\u00f3n y, en su caso, supresi\u00f3n de aforamientos”, al considerar que “entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucci\u00f3n de los procedimientos”.
Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representaci\u00f3n de cerca de 2.000 jueces espa\u00f1oles, “en un momento clave para la justicia espa\u00f1ola, en el que est\u00e1 en juego el prestigio del sistema judicial” y en el que afirman estar “preparados” para afrontar los retos actuales, pero advierten de que “solos” no pueden por su dependencia “en lo econ\u00f3mico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales”.
“El poder judicial ser\u00e1 lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo”, ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentaci\u00f3n del documento, en la que su hom\u00f3logo de M\u00e1laga, Jos\u00e9 Mar\u00eda P\u00e1ez, ha urgido a “sacar la justicia del debate pol\u00edtico” y ha reclamado “un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener”.
“Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadan\u00eda puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en Espa\u00f1a y la justicia funciona, lenta pero funciona”, ha recalcado P\u00e1ez, quien considera “muy dif\u00edcil afrontar macrocausas” con los medios actuales.
Lucha contra la corrupci\u00f3n<\/strong>
En materia de corrupci\u00f3n, los jueces piden ampliar el plazo de prescripci\u00f3n de los delitos, introducir el delito de enriquecimiento il\u00edcito o injustificado de cargos p\u00fablicos durante su mandato y el de financiaci\u00f3n ilegal de partidos pol\u00edticos y agravar las penas por tr\u00e1fico de influencias, prevaricaci\u00f3n y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.<\/p>\n
Igualmente han abogado por limitar los indultos a los que tengan informe favorable del tribunal y la suspensi\u00f3n de la pena mientras tramitan la petici\u00f3n, tras el “abuso” registrado, as\u00ed como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos econ\u00f3micos a nivel auton\u00f3mico e incluso provincial, por potenciar la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional para eliminar para\u00edsos fiscales y por crear “una polic\u00eda judicial aut\u00e9ntica”, la figura de “juez asesor” y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.<\/div>\n

Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda P\u00fablica, agravar penas por omisi\u00f3n del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucci\u00f3n a la justicia por no remitir al juez la documentaci\u00f3n requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupci\u00f3n y despenalizar faltas.
En sus “58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupci\u00f3n”, tambi\u00e9n incluyen aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia “al menos el 3 por ciento” de los Presupuestos Generales del Estado, autonom\u00eda presupuestaria o un porcentaje “m\u00ednimo y garantizado” para justicia, ordenar el reparto de competencias, modernizar y compatibilizar sistemas inform\u00e1ticos auton\u00f3micos y con Fiscal\u00eda, y flexibilizar la organizaci\u00f3n judicial.
A su juicio, convendr\u00eda realizar “profundos cambios” en el sistema de selecci\u00f3n y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que consideran “excesivamente dependiente de los partidos pol\u00edticos”.
Necesidad de agilizar el proceso penal<\/strong>
Proponen asimismo medidas de refuerzo y apoyo y de reforma del proceso penal, b\u00e1sicamente para agilizarlo, como reformar el sistema de recursos contra “resoluciones de mero tr\u00e1mite que dilatan enormemente los sumarios”, instaurar un sistema de costas y sanciones que “disuadan de pretensiones acusatorias temerarias”, suprimir el “privilegio” de ciertas autoridades de declarar por escrito sin comparecer ante el juez o permitir al fiscal valorar si conviene iniciar o no el proceso penal en caso de peque\u00f1as infracciones.
Adem\u00e1s, proponen que los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupci\u00f3n dejen de ser competencia del Tribunal del Jurado y, en cuanto a los aforamientos, plantean “atribuir al juez ordinario el conocimiento e instrucci\u00f3n de causas” de aforados, restringir esa condici\u00f3n a la fase de enjuiciamiento, no instrucci\u00f3n, y a delitos cometidos en el ejercicio del cargo e “imposibilidad de cambios de tribunal” aunque se deje de estar aforado o viceversa.
M\u00e1s medios para la Fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n<\/strong>
Respecto a la Fiscal\u00eda, en caso de que se le atribuya la instrucci\u00f3n, abogan por reforzar su independencia del poder ejecutivo y la inamovilidad de los fiscales, especialmente en asuntos de corrupci\u00f3n o que afecten a autoridades pol\u00edticas, y piden m\u00e1s medios para Anticorrupci\u00f3n y mantener la acusaci\u00f3n popular “como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigaci\u00f3n, pero con l\u00edmites para evitar abusos”.
Plantean igualmente agilizar el aseguramiento cautelar de las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigaci\u00f3n y “facilitar la actuaci\u00f3n contra testaferros” y la colaboraci\u00f3n con la Agencia Tributaria, Banco de Espa\u00f1a, Patrimonio e Intervenci\u00f3n, as\u00ed como mejorar la “ineficaz” Ley de Protecci\u00f3n de Testigos y Peritos.
Ley de segunda oportunidad<\/strong>
Los jueces tambi\u00e9n han pedido una “ley de segunda oportunidad” para “permitir salir del agujero” a “peque\u00f1os deudores” abocados a concursos, “olvidados” por la ley actual y que “pierden todos sus bienes y, a pesar de ello, sus deudas le van a perseguir toda su vida sumi\u00e9ndolo en la muerte civil y en la econom\u00eda sumergida”.
(EUROPA PRESS)<\/article>\n

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