Hablo de \u201cinvestigados\u201d para referirme a lo que hoy, en el entorno pol\u00edtico y en los medios de comunicaci\u00f3n siguen llamando pol\u00edticos \u201cimputados\u201d, que era el nombre que se daba a esta figura jur\u00eddica, antes de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras esta reciente reforma, el legislador sustituye el t\u00e9rmino \u201cimputado\u201d por \u201cinvestigado\u201d en la fase de instrucci\u00f3n y una vez finalizada esta, tras el auto formal de acusaci\u00f3n, pasan a llamarse \u201cencausados\u201d.<\/p>\n
En el lenguaje pol\u00edtico se sigue utilizando de modo habitual la figura del imputado y algunas formaciones pol\u00edticas vienen pidiendo que los imputados tienen que abandonar sus cargos p\u00fablicos y que tampoco pueden ser incluidos como candidatos en los procesos electorales. Parto de la base tambi\u00e9n que, hasta tanto no haya una sentencia firme, los pol\u00edticos investigados gozan de la presunci\u00f3n de inocencia que establece el art\u00edculo 24 de nuestra Constituci\u00f3n. Lo cierto es que hay un gran n\u00famero de pol\u00edticos que aun cuando est\u00e1n siendo investigados, contin\u00faan ocupando sus cargos y se niegan a abandonarlos. El \u00faltimo ejemplo lo tenemos con la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barber\u00e1, que est\u00e1 siendo investigada por el Tribunal Supremo y pese a ello se niega a abandonar su esca\u00f1o como senadora. En Oviedo tenemos tambi\u00e9n a Iglesias Caunedo, investigado en el caso Pokemon y que se niega a entregar su acta de concejal, como le exigi\u00f3 el pleno municipal hace unos d\u00edas.<\/p>\n
Los dilemas que se plantean son: \u00bfPuede seguir en el cargo que ocupa, un pol\u00edtico investigado al que le ampara la presunci\u00f3n de inocencia? \u00bfDebe de dimitir desde el mismo momento en que es investigado por un Tribunal, sin esperar a una sentencia firme, de la que puede resultar condenado o absuelto?<\/p>\n
Hay una sentencia del Tribunal Supremo que clarifica bastante las cosas al rese\u00f1ar que \u201cla situaci\u00f3n de imputado en un proceso penal, por s\u00ed sola no es bastante para apreciar o descartar un il\u00edcito penal, pues es necesario que en ese proceso se hayan apreciado datos objetivos reveladores de una conducta que, pese a no alcanzar una definitiva relevancia penal, si exterioricen un proceder reprochable\u201d. La cuesti\u00f3n es clara desde el momento en que la sentencia rese\u00f1a qu\u00e9, aun no habiendo il\u00edcito penal objeto de condena, s\u00ed puede existir un proceder reprochable que dar\u00eda justificaci\u00f3n suficiente para que el investigado abandone el puesto, ya que el proceder de un cargo p\u00fablico electo, debe de estar rodeado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico de unos requisitos \u00e9ticos y de buena conducta irreprochables, aun cuando no sea objeto de un delito penal.<\/p>\n
Es cierto que como a cualquier ciudadano, a los pol\u00edticos les ampara la presunci\u00f3n de inocencia a la que constitucionalmente tienen derecho, hasta tanto no hayan sido condenados por sentencia firme. El problema es que todos conocemos la lentitud de la Administraci\u00f3n de Justicia y pueden pasar varios a\u00f1os hasta que se resuelva el proceso mediante sentencia firme, de modo que, a causa de esa lentitud, podr\u00edan darse casos en los que un pol\u00edtico investigado, puede terminar siendo condenado mucho tiempo despu\u00e9s de que haya finalizado su legislatura, y en ese tiempo de mandato pudo haber estado causando da\u00f1os irreparables al sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n
Cuando un Juez instructor tiene pruebas o sospecha fundada, es cuando declara a alguien investigado, porque entiende que esa persona puede haber participado en un hecho delictivo y desde ese momento le asiste el derecho de personarse en el proceso asistido por Abogado y es cierto que hasta tanto no haya una sentencia firme, esa persona goza de la presunci\u00f3n de inocencia. Pero no es menos cierto que un Juez instructor no investiga a nadie de modo caprichoso o gratuito, ya que lo hace cuando en la instrucci\u00f3n de un procedimiento, se encuentra con indicios racionales de criminalidad, o como m\u00ednimo con conductas \u00e9ticamente reprochables, aun cuando puede que no terminen constituyendo delito. Ha de considerarse tambi\u00e9n qu\u00e9 en la mayor parte de los casos, los investigados resultan condenados, siendo excepci\u00f3n aquellos en los que se declara la absoluci\u00f3n.<\/p>\n
Es por eso que nos encontramos ante un an\u00e1lisis de riesgos, como ha dicho alg\u00fan reconocido jurista. De una parte, nos encontramos ante el riesgo de que una persona pueda ver arruinada su carrera pol\u00edtica tras ser investigado aun cuando despu\u00e9s pudo resultar absuelto. De otra nos encontramos ante el riesgo de que, pese a ser declarado investigado, pueda seguir en su puesto hasta que no haya una sentencia firme y puede continuar causando da\u00f1os a nuestro sistema democr\u00e1tico, a las instituciones y a los propios ciudadanos, a causa de corrupci\u00f3n pol\u00edtica, para finalmente resultar condenado por un Tribunal y entonces el da\u00f1o estar\u00eda causado y ser\u00eda tarde ya para evitarlo.<\/p>\n
Est\u00e1 claro qu\u00e9 si se aparta a un investigado de su puesto, podr\u00eda estar perjudic\u00e1ndose su carrera pol\u00edtica, pero ha de decirse que una cosa es la carrera pol\u00edtica y otra cosa distinta es la carrera profesional que no tiene por qu\u00e9 resultar perjudicada. Muchos pol\u00edticos que han hecho de la pol\u00edtica su profesi\u00f3n (polit\u00f3cratas), son los que se rasgan las vestiduras al ser declarados investigados, ya que si van a resultar perjudicados. Y es precisamente en este terreno en el que alg\u00fan partido emergente como es el caso de Ciudadanos, pretende regenerar el sistema democr\u00e1tico limitando los mandatos pol\u00edticos a dos legislaturas, ya que con ello se erradicar\u00eda la politocracia. Y en esta l\u00ednea, la no aceptaci\u00f3n de investigados en cargos pol\u00edticos, quedar\u00eda m\u00e1s que justificada.<\/p>\n
La conclusi\u00f3n por tanto es clara: Cuando un pol\u00edtico resulta investigado, su cese en el cargo, su dimisi\u00f3n o el resultar excluido en listas electorales, s\u00f3lo va a afectar a su vida pol\u00edtica, pero no impide que pueda dedicarse a actividades profesionales o asalariadas, en raz\u00f3n a sus capacidades personales y profesionales, como cualquier ciudadano. Si la regeneraci\u00f3n democr\u00e1tica deseable tiene que establecer mecanismos para que ning\u00fan pol\u00edtico se aferre a su puesto contra viento y marea, como es el caso de la ex alcaldesa de Valencia, parece m\u00e1s que razonable y sensato que un cargo pol\u00edtico, en el momento de ser investigado, ha de excluirse de la vida pol\u00edtica hasta tanto no haya una sentencia firme. Y si tiene mucha suerte y no resulta condenado como ocurre casi siempre, con su sentencia absolutoria en la mano, podr\u00e1 volver a entrar en el escenario pol\u00edtico por la puerta grande.<\/p>\n
Mantengo por tanto que en el momento en que un pol\u00edtico es investigado, debe de abandonar, ya que, en un c\u00e1lculo de riesgos, el riesgo de absoluci\u00f3n es escaso y el riesgo de perjudicar su carrera pol\u00edtica es muy inferior al de que cause da\u00f1os irreparables al sistema democr\u00e1tico, a las instituciones y a los propios ciudadanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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