El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la legislación civil matrimonial que dará lugar a que se imponga como criterio general la custodia compartida de los progenitores en casos de nulidad (eso que hacen cuatro snobs ante el Tribunal dela Rota, que, aunque no lo crean, existe, y cobra por ello), separación (cada día menos habitual, porque se paga dos veces al abogado y procurador para llegar a la decisión definitiva) y divorcio (esa institución desconocida hace treinta años y que en nuestros días afecta a uno de cada dos matrimonios).

            Recuerdo que tuve el honor de casar a mi hermano ante el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo hace tres años. Al salir de la ceremonia le dije a mi madre que ya sabía que, estadística en mano, o bien él o bien yo, acabaríamos en divorcio. Sin duda, mi madre me felicitó por inoportuno. La estadística no es sino un número, y en temas de familia, menos número y más confianza. Menos frío dato y más cariño. Con eso, suele mejorar todo.

            Bien, a lo que iba, que se me va la tecla. Resulta que, con la actual regulación, cuando una pareja se divorcia, el 89 % de los supuestos, la madre se queda con la custodia de los hijos menores. Y existiendo el principio de la no separación entre hermanos y que la vivienda familiar se atribuye a los menores, en 9 de cada 10 supuestos, el varón se ve compelido a abandonar la vivienda, ver a sus hijos cada 15 días, pagar la mitad de la hipoteca, vivir fuera de su casa, pagar 14 mensualidades de pensión alimenticia (y 14 de pensión compensatoria si ha lugar) y, a mayor abundamiento, intentar sustentarse a sí mismo.

            El sistema ha sido injusto, pues privilegia a las madres frente a los padres. Y si bien es cierto que en muchos casos lo merecen, y en ese supuesto, nada hay que decir, el caso es que, aquellas que no lo merecen, también se ven privilegiadas por una norma irregular.

            Ahora se impondrá la custodia compartida como medida general. El Tribunal Supremo ya lo había dicho hace un par de meses y ahora el Gobierno le da carta de naturaleza legal. Así, los niños crecerán con dos padres, no con uno que los cría y otro que los “visita”. La vivienda se les atribuirá a estos, y puede que los padres roten en su ocupación, para que los menores no salgan de sus rutinas, dado que son el interés más necesitado de protección. Así que habrá que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Se acabó la desmesura. Los adultos que deciden divorciarse son “mayorinos” para hacer lo que quieran, pero ni los menores deben padecerlo, ni se trata de empobrecer a un cónyuge in aeternum solamente porque exista una crisis conyugal.

            Me parece un avance extraordinario. Tanto como el día que en este país se reconoció el divorcio o se le privó de elemento causal, es decir, ya no había que decir si mi mujer anda con otros hombres, si mi marido es bebedor, si ella no es muy limpia, si él me da muy mala vida, y sandeces por el estilo. Acabada la “affectio maritalis” no hay más motivo que ese, y no se puede obligar a nadie a prorrogar la agonía.

            Y, a partir de ahora, en igualdad de condiciones. Bueno para todos, sinceramente, incluso para quienes ahora sientan que no se las ayuda. Pero sobre todo bueno para los hijos, que son los que merecen nuestra protección sincera.

            Jugar con reglas parejas siempre ha sido positivo. La evolución de los sistemas legislativos ha buscado esa paridad, aun a costa de años de esfuerzos y errores. Ahora, quienes se divorciaron ya pueden decir que aquello por lo que ellos lucharon ha tenido reflejo legal. Y a partir de ahora, los menores volverán a tener dos progenitores, que es lo que merecen.

            Esta es mi sincera opinión. Habrá otras, no lo dudo, pero, por una ocasión, permítanme decir que no mejores, solamente más parciales o interesadas.