ERRE QUE ERRE …

(ACERCA DE LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA)

            Como ya nos conocemos, no nos vamos a andar con tratamientos extraños. A mí nunca me ha importado meterme en charcos. Me compré unas botas hace años y las uso cada vez que la actualidad lo requiere. Así que, hace unos meses, cuando a media España le apetecía ver sentada en el banquillo a la Infanta S.A.R. Dª Cristina de Borbón, me mostré en contra de la imputación. En estas páginas desgrané los extensos argumentos jurídicos que me conducían a tal conclusión.

            Ahora, pasado un tiempo y cuando parece que ya no media España, sino tres cuartos, guiados por lustrosos tertulianos que desconocen todo del derecho ( y de la economía, y de la arquitectura, y de la simple plantación de la lechuga, lo que no les impide expandir su nulo conocimiento a los demás) quiere ya su decapitación en plaza pública, sigo pensando lo que pensaba y no hay nuevos datos fácticos que me lleven a otra conclusión jurídica.

            Pero está visto que este debate excede lo jurídico de largo. ¿Algún ciudadano hubiera merecido un auto de imputación de más de 250 folios?. ¿Un auto que es, en sus propias palabras, un “tratado de derecho procesal” (ahí le tienen, sin rubor), y que analiza incluso las conclusiones ciudadanas de la imputación, erigiéndose en vocero de la opinión pública e intérprete supremo de lo que piensan los demás?.

            El juez Castro, ese que llaman “el discreto” – debe ser porque va de vaqueros, porque sus resoluciones son de todo menos eso – ese mismo que no quiere publicidad pero cita a los imputados el sábado para mayor gloria de la carnaza amarillista, ese que podía estar en su casa, jubilado, pero sigue ocupando la plaza de otro compañero joven que quizá quisiera progresar de destino, se ha tomado como algo personal pasar a la historia de la judicatura antes de la retirada. Su particular partido homenaje es sentar a la hija del Rey en un banquillo. Y para eso se enfrenta a la Audiencia Provincial (que ya una ocasión le tumbó su anterior imputación), a la Fiscalía, al Abogado del Estado, a la Agencia Tributaria, y al mismísimo Dios que bajase y le dijese que no tiene sentido. Que todo aquello que pretenda obtener de la infanta lo puede hacer citándola como testigo. Que citándola como imputada tiene la posibilidad de mentir, de no declararse culpable, de no responder a todo aquello que le pueda ser perjudicial, con lo que su resultado será nimio.

            Pero no, más de doscientos cincuenta folios para que se vea quién manda aquí. Y lo peor de todo es que, como decía Julio Llamazares, “tanta pasión para nada”.  El Tribunal Supremo, con la “doctrina Botín” ya indicó que no se abre juicio oral si no lo solicita el Ministerio Fiscal o acusación pública. No es suficiente la acusación particular. Así que el juez, ese que hace “tratados procesales” y que sabe que la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y El Abogado del Estado no creen en su teoría, conoce que va a trabajar en balde, porque si no hay más de lo que hay, nunca habrá siguiente fase procesal para Dª Cristina.

            Pero nada, no importa dilapidar recursos públicos ni dedicar cuerpo y alma a este caso. Los demás que estén en su juzgado, que esperen. Las dilaciones procesales son cosa habitual, pero uno pasa a la gloria únicamente una vez en la vida.

            A mí me importa que con nuestro sueldo y nuestros medios se inicie una vía que no tiene final. Que se retrasen los asuntos del juzgado para mayor gloria del instructor. Que se haya creando no una imputación, sino una condena, antes de sentarse en un banquillo. Y a conciencia …