PRIMERAS CONSECUENCIAS DEL CASO MAREA

            Como saben bien, esta semana hemos vivido las primeras sesiones del Caso Marea. No les voy a hablar de la escenografía, de las peticiones de las acusaciones, de la conveniencia o no de llegar a un pacto con los acusados, ni de las solicitudes de las defensas. Eso ya lo han leído, perfectamente documentado, en estas páginas.

            Quiero hablarles de las consecuencias del mayor proceso de corrupción acaecido en Asturias y desconocido en el resto de España. Eso da notada prueba de nuestro escaso peso patrio. Cuando uno ve el listado de la corrupción aprecia “Gurtel”, “Taula”, los ERE de Andalucía, pero nada del Caso Marea. Y lo que nos ha costado a los asturianos aún está pendiente de determinar. Quizá nunca lo sabremos.

            Pero las cosas ya se han hecho notar. Y como siempre, lo pagan los más débiles. Hemos pasado del descontrol absoluto de comprar muebles y firmar papeles a nombre de una muerta, a que todo tiene que estar bajo un control tan absoluto que se hace inoperativo. Antes se pagaban 75 sillas y 40 mesas para un centro escolar  con destino al aula de informática, con la única particularidad de que estaban perfectamente equipadas y renovadas o material para realizar ejercicios de educación física que sorprendían incluso al profesor, que nunca los había solicitado. Antes era el desmadre. Ahora todo es presuntamente delictivo. Bajo sospecha. Todos los que quieren comprar algo es que quieren robar.      

            Ahora, en este nuevo ambiente presuntamente delictivo, cualquier gasto ínfimo precisa un intolerable procedimiento administrativo. 15 a 20 minutos diarios de firmas de albaranes para autorizar tinta para impresoras, sellos de correos o justificar transferencias bancarias. Todo aquello que pase de 600 € conlleva el logro de tres presupuestos, la debida comparación de calidades y precios, la adjudicación inicial por el centro mediante un informe, y la previa autorización de la Consejería, tras la oportuna solicitud por escrito.

            Puede parecer que 600 € es un dineral, pero un simple ordenador portátil para atención a la diversidad vale 600 €. Es decir, si en un centro educativo se estropea un ordenador, antes era suficiente llamar a proveedor, pedirle la inmediata reposición para que pueda ser usado en el centro y que éste cobrase cuando pudiese, que se pegase con los organismos administrativos, pero no existían disfunciones. El alumno podía usar el ordenador, o el jefe de estudios hacer un programa, o el director transmitir una circular.

            Si cuatro familias desfavorecidas necesitan apoyo económico del centro para comprar libros, ya pasan de 600 €. Presupuestos, solicitud, aprobación, remisión a la Consejería, procedimiento administrativo y eventual concesión. Han pasado tres meses. Es diciembre. Ya no hacen falta libros. Algunos robaron. Los niños que necesitan libros no pueden esperar.

            Que alguien que sea capaz de explicarle a las familias de esos cuatro niños que necesitan libros que no van a tenerlos hasta diciembre – porque hay unas señoras que se encargaron de vaciar las arcas del Principado con la colaboración de otros que decían que vendían muebles y no lo hacían, sino que repartían comisiones sin realidades –  se persone en la redacción de EL COMERCIO y lo cuente, porque yo soy incapaz. No hay palabras para decirle a un niño que no puede usar un ordenador en La Felguera, o una pizarra electrónica en Luarca, o a un jefe de estudios en Ribadesella que se queda sin ordenador que es una víctima más de la corrupción. La víctima de siempre, la que no tiene culpa alguna.        

            Hace diez años, en este país, uno quería abrir una mercería. Acudía al Ayuntamiento, esa que llaman administración cercana al ciudadano y preguntaba por el técnico responsable de su expediente. Le pedía por favor que si podía agilizarlo, porque quería abrir a la mayor brevedad, pues ya estaba pagando la renta. Si lo lograba, y el funcionario hacía correctamente su trabajo, ni más ni menos, el ciudadano acudía en Navidad y le llevaba una botella de vino como agradecimiento sincero.

            Si uno hace eso hoy, no se llama trabajo correcto ni agradecimiento. Ahora se llama prevaricación y cohecho. ¿Estábamos locos antes o lo estamos ahora?

            PD. Que no se me olvide. ¿Qué fue de la senda del Parque de Invierno, señor Alcalde?