EL CONTRAPUNTO

Cuando esta semana EL COMERCIO me solicita modificar mi encuentro sabatino con ustedes para trasladarlo a este domingo y escribir acerca de las tasas judiciales, uno, que se conoce a sí mismo como nadie, ya sabe que se va a meter en algún charco.

La implantación de las tasas judiciales en España ha sido uno de los proyectos que ha tenido más contestación social. Las huelgas de jueces, fiscales y las manifestaciones constantes de abogados y procuradores son un claro ejemplo de ello. Ante esta situación, uno puede sumarse a la tendencia mayoritaria, abundar en lo que ustedes ya saben y que otros les contarán documentadamente y con detalle o bien enfrentar la postura casi unánime desde el raciocinio. Ustedes, que me conocen y me leen, ya saben que voy a optar por la última. A mí, lo de ir con la mayoría nunca me ha gustado, salvo en contadas ocasiones. Solamente el pez muerto sigue la corriente. A mí me gusta opinar. Incluso aunque me equivoque. Opinar es elegir. Eso sigue siendo la libertad.

Partamos, para que luego los palos sean menos, de una verdad insoslayable: la implantación de las tasas judiciales ha cambiado de modo radical el acceso a la justicia, ha alterado las cifras de procedimientos de modo escalofriante y ha afectado a abogados y procuradores de un modo alarmante. Esto es así. Así de simple y así de duro. Los despachos de abogados lo sabemos bien, porque todos los días lidiamos con ello e intentamos explicar qué son las tasas a los clientes.

En lo que ya no estoy tan de acuerdo es con el resto de cosas que he oído durante este año desde su implantación. No creo que vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva, ni que limiten el acceso del justiciable al tribunal.

Las tasas judiciales no son una novedad. Existieron en nuestro derecho hasta 1987 y existen en casi todos los países de nuestro entorno europeo. El informe de evaluación del CEPEJ (European Comission of the eficiency of Justice), organismo del Consejo de Europa, reconoce que casi todos los países aplican alguna forma de tasa por el acceso a la justicia. Y el supuesto límite de acceso a la justicia no es tal desde el momento en que están exentos de tasas quienes gozan del beneficio de justicia gratuita. El que no tiene, puede seguir acudiendo a un juzgado y se le proporciona por el Estado representación y defensa gratuitas, además de eximirle del pago de la tasa.

Las tasas se repercuten en las costas judiciales que se imponen al condenado, por lo que quien las paga acaba cobrándolas como parte de las cantidades que su deudor o contrario habrá de reintegrarle. Es decir, se convierten en un coste más del proceso, como los honorarios de los profesionales que intervienen en el mismo, sean estos abogados, procuradores o peritos.

Y no sé si tienen un efecto recaudador, pero sí sé que han hecho que descienda la litigiosidad, y eso es bueno. El juzgado ha de ser el último recurso. Los abogados lo sabemos bien, pues negociamos mucho, y lo hacemos en beneficio de nuestros clientes, evitando llegar a un proceso evitable. Y quien no lo hace así no piensa en el interés de su cliente. El descenso de la litigiosidad es, objetivamente, una buena noticia. Los masificados juzgados no pueden soportar la carga de trabajo que asumen con los medios que se les proporciona. Eso ha convertido a la justicia en lenta, y por ello, deficiente para cubrir los intereses de los justiciables.

La mediación, reforzada con la ley aprobada el pasado año, es una solución óptima para evitar el litigio. El arbitraje lleva años funcionando y ha reducido el colapso judicial. Son alternativas, y cualquier alternativa puede ser solución.

Lo que no podríamos seguir tolerando es la situación actual. Los juzgados colapsados por discusiones nimias o por reclamaciones infundadas. Esa situación sí que era intolerable. Si la actual es mejor o peor nos lo dirá el tiempo. De momento solamente llevamos un año.