Dice el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado que lo suyo es una caza de brujas. Lo suyo, les recuerdo, son siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación. Y no, no es una petición de Fiscalía, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y, ¿saben qué? A lo mejor puede hasta tener razón. Se le acusa, les recuerdo también, de haber fraccionado pagos para la instalación de monolitos por las víctimas de la guerra civil. No se le acusa, puntualizo por si acaso, de haberse llevado ni medio euro para su casa. Dice el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado que el jucio se demoró más de cinco meses y que la sentencia tardó 40 días en hacerse pública y que se conoció 24 horas antes del comienzo la campaña electoral para las europeas. Vale.

Vale todo. Y al portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado le valdrá recurrir la sentencia, lo que ya no le vale tanto es aferrarse al puesto y esperar a que la Justicia, con esos retrasos que, por cierto, padece Ángel González y padecemos todos, decida. Ángel González puede ir al Supremo, al Constitucional y hasta a Estrasburgo si se empeña, lo que ni puede ni debe es ser portavoz de Izquierda Unida en la Junta, porque mientras un tribunal diga lo contrario está condenado por prevaricación. Las reglas del juego están para aceptarlas. O para cambiarlas, pero no en medio de la partida.