La prisión incondicional para la dirección de Batasuna, decidida por el juez Garzón, completa el giro emprendido en la lucha antiterrorista desde el fin de la tregua hasta hoy. Batasuna es una organización ilegal, que forma parte del conglomerado de ETA, cuyos antiguos dirigentes ya fueron enviados a la cárcel, hace años, cuando quedó probado el nexo entre esta plataforma política y la banda armada. Sin embargo, en los últimos tiempos, y particularmente después de la detención de Mikel Antza, antiguo máximo dirigente de ETA apresado por la Policía francesa el 3 de octubre de 2004, Batasuna empezó a recibir un trato contemporizador por parte del Gobierno, aunque no obtuvo permiso para presentarse a las elecciones. Durante los catorce meses que duró el “proceso de paz”, los principales dirigentes de Batasuna, con Otegi a la cabeza, salían todos los días en los telediarios, de modo que para el espectador Batasuna se convirtió en el tercer partido del espectro político español, con más minutos de imágenes que IU, CiU, ERC o el PNV. En el invierno pasado, la “lucha” de Iñaki de Juana y las ruedas de prensa de Otegi llegaron a ocupar el centro del debate político. La benevolencia del Gobierno con Batasuna formaba parte de un plan, en el cual, esta plataforma política iba a jugar un papel similar al desempeñado por Sinn Féin en el proceso de paz irlandés.
Desde el fin de la tregua, la situación empezó a cambiar, como se pudo ver con la vuelta a la cárcel de Iñaki de Juana y el ingreso de Otegi en la prisión de Martutene. Ahora, con la entrada en prisión de la cúpula de Batasuna y la investigación judicial sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, hemos llegado casi al punto de partida. Por primera vez en mucho tiempo los principios contenidos en la Ley de Partidos y en el Pacto Antiterrorista vuelven a tener vigencia.
El recuperado celo gubernamental y judicial en la persecución del entorno político de los terroristas, con la entrada en la cárcel de los “batasunos”, no se puede entender cabalmente sin ligarlo al anuncio de Ibarretxe de someter a consulta popular el futuro político del País Vasco. El aviso es claro: las actuaciones ilegales tienen consecuencias penales. El Gobierno cambia de paloma a halcón.

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