El Principado, las centrales sindicales, CC.OO. y UGT, y la Fade, han renovado la concertación social para la presente legislatura. El pacto carecía de alternativa, porque favorece a todas las partes y coloca a los agentes sociales en unos niveles de interlocución institucional sin parangón en otras regiones. La concertación social, tal como se interpreta en las tres últimas legislaturas, es un gran acuerdo que comprende todos los temas que entran en la agenda del Gobierno, y sobre los que se plasman unos compromisos muy exigentes para el Principado, mientras que empresarios y sindicatos no realizan ningún sacrificio visible.
En el documento de la concertación social asturiana no hay acuerdos sobre la limitación del incremento de salarios ni sobre futuras inversiones privadas, recayendo todo el esfuerzo sobre el Gobierno, con grandes inversiones y acuerdos normativos que incrementan el nivel de representación de los agentes sociales. Con el nuevo pacto, los empresarios y los sindicatos ya hicieron el trabajo de la legislatura. Qué poco apoyaron los agentes sociales el intento del Gobierno de aprobar en el Parlamento unos nuevos presupuestos y cuánto se van a beneficiar de una concertación que recoge la mayor parte de las inversiones que iban en las rechazadas cuentas regionales.
Así como en anteriores acuerdos de concertación la ventaja para el Gobierno sólo podía establecerse en términos de imagen, al firmar un pacto social que forma parte del núcleo de la ideología socialdemócrata, en esta ocasión el acuerdo aporta ganancias concretas. A las dos semanas del rechazo parlamentario de los presupuestos el Gobierno se apunta el tanto de llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos sobre un documento que contiene cerca de 3.700 millones de euros para invertir y gastar en infraestructuras, empleo, competitividad, cohesión social, etcétera. Si CC.OO. acepta lo que IU rechaza y si la Fade da el visto bueno a lo que el PP descalifica, podría deducirse que en la actitud del PP e IU anidan intereses partidarios. La concertación se renueva creciendo casi el 50%, lo que viene muy bien al Gobierno para envolver las inversiones de avales sociales y presentarlas otra vez en el Parlamento.