El rasgo diferencial asturiano para financiar servicios públicos es la elevada edad del consumidor y la escasa base laboral

La negociación de la financiación autonómica no va a ser bilateral ni multilateral, sino mixta, producto de variados encuentros entre distintos interlocutores en diversas mesas, para tratar de lograr un producto que satisfaga a todos.

El próximo martes empezará, oficialmente, la negociación del nuevo sistema, con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participarán todos los consejeros de Economía de las comunidades autónomas bajo la presidencia de Pedro Solbes. Los únicos exceptuados de la convocatoria son los representantes del País Vasco y Navarra, porque ellos comen a la carta: toda la recaudación tributaria para casa a cambio de un simbólico cupo para sufragar los gastos de los ministerios de Defensa y Exteriores. En la sesión de trabajo se espera que el Gobierno exponga las bases del nuevo sistema. Una ronda multilateral pura.

Al día siguiente, en la Moncloa, el presidente Zapatero ha invitado a cenar a los ocho presidentes autonómicos socialistas, para tratar de aproximar posiciones desde la indudable jerarquía que ejerce sobre sus invitados. Podríamos caracterizar este encuentro como multilateral imperfecto, por la ausencia de la mitad de las comunidades autónomas y el sesgo ideológico que lo articula: no hay ningún presidente del PP ni nacionalista.

La cena de presidentes socialistas llega precedida de una ronda de encuentros bilaterales del presidente Zapatero con Montilla, Marcelino Iglesias y Pérez Touriño. No alcanzamos a comprender la lógica de esta convocatoria. La agenda se completa con un encuentro bilateral, el próximo día 28, entre representantes del Gobierno central y la Generalitat, en el que los catalanes expondrán su modelo con detalle.

Vista la agenda se comprende la preferencia de los socialistas asturianos por la negociación multilateral, porque nuestra comunidad autónoma no tiene peso para forzar encuentros bilaterales. En cualquier caso, con un método de trabajo tan heterogéneo e irregular va a ser muy difícil evitar los silencios y los sobreentendidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, fruto de cosas que se acuerdan en citas bilaterales, donde la limitación de interlocutores propicia la exposición franca y el intercambio de concesiones.

El actual sistema es bastante equitativo, como lo demuestra la publicación de la liquidación del ejercicio de 2006, en la que Asturias recibió 2.905 millones que representan el 2,6% de los 110.030 millones de euros que se distribuyeron entre las comunidades autónomas. Somos el 2,4% de la población y recibimos el 2,6% del dinero. Lo mismo sucede con Cataluña, que recibe el 17,2% del dinero total y representa el 17% de la población española. Felipe González abogó, recientemente, por aplazar la negociación sobre un nuevo modelo, siendo apoyado por los dirigentes socialistas de Asturias y Andalucía, pero Zapatero hizo caso omiso y no quiso alterar el calendario político.

La única comunidad autónoma que ha presionado con fuerza para sustituir el actual modelo de financiación es Cataluña, que tiene otro modelo en mente. Los catalanes aceptan contribuir solidariamente con cargas para favorecer a otras regiones más pobres. Pero esta vez quieren poner un límite a la solidaridad, de forma que no ocurra como hasta ahora, que se están quedando con menos financiación por cabeza que otras regiones más pobres. Antes de aplicar redistribuciones de fondos, la comunidad más rica es Madrid, seguida de Baleares, Cataluña, Aragón, Cantabria y La Rioja. Pues bien, la Generalitat exige que se respete ese orden, de forma que el reparto del fondo de suficiencia no les relegue, y tengan que ver cómo un cacereño recibe 600 euros más que un barcelonés.

Los catalanes dicen tener como modelo el sistema federal alemán, donde no se altera el orden de riqueza de los länder: Hessen es el territorio que más dinero tiene para costear la sanidad y la educación, antes y después de repartir fondos solidarios, mientras que Berlín es el último siempre. Hessen cede algo de lo que es suyo y Berlín recibe del resto, pero sin intercambio de posiciones. Al parecer, el PSC ambiciona el modelo canadiense, en el que los territorios ricos no ceden ni un dólar de lo que recaudan, cargando sobre las arcas del Gobierno federal la obligación de mejorar la posición de los desfavorecidos. Los dos territorios más ricos, Alberta y Ontario, se quedan como están, mientras las otras ocho provincias mejoran un poco con recursos del Gobierno federal.

DOS MODELOS

La negociación empieza con dos modelos sobre la mesa, el del Gobierno central y de la Generalitat, mientras el resto de comunidades autónomas andan buscando algún rasgo diferencial que les permita demandar más dinero. Con estos prolegómenos, la negociación va a ser muy descompensada. La prensa catalana ilustraba estos días, con colores, los 4.780 millones de euros que van a recibir más en el año 2009, fruto del “Estatut”.

Como se supone que el nuevo modelo llegará después de una discusión a fondo, sería bueno que se introdujeran nuevos elementos de reflexión, para que no ocurra como hasta ahora que todos los modelos quedaron desfasados al extrapolarse las variables (más población, más déficit sanitarios, etcétera). En lenguaje de los expertos, “fallan los elementos dinámicos”. Me refiero a un asunto que está delante de nuestras narices, producto del envejecimiento de la población y las cargas del Estado asistencial. Si metemos en un solo paquete todo el gasto sanitario, asistencial y el pago de pensiones, tenemos que un español de más de 65 años recibía en el año 1997 veintitrés veces más que una persona joven. En treinta años, se calcula que la carga asistencial aumentará un 60%. Soy consciente que estoy sumando partidas de la Seguridad Social con otras de financiación autonómica, pero los modelos no son compartimentos estancos, sino que lo que ocurre en uno tiene influencia en otro. Al final, si las cosas vienen mal dadas, la única garantía de todos son los impuestos. Con el nivel de empleo, de edad y de jubilaciones de los asturianos, el sistema exige cantidades ingentes de todo tipo de fondos.