Los grupos parlamentarios van a incluir en la reforma estatutaria los criterios que plantea Asturias para fijar la financiación autonómica, que no son otros que el envejecimiento, la orografía, la dispersión de la población y el uso intensivo de los servicios públicos de sanidad y educación. Desconozco para qué sirve fijar esas cláusulas en el Estatuto cuando en las próximas semanas se va a pactar, por delante, un nuevo sistema de financiación autonómica. Los catalanes procedieron al revés: primero prefiguraron un modelo de financiación en el ‘Estatut’, y una vez aprobado por las Cortes Generales acuden a negociar respaldados por su norma autonómica.

De todos los criterios que resaltan los partidos asturianos el que más nos puede favorecer es el del envejecimiento, una cláusula que también beneficia a Galicia y a Castilla y León. La orografía y la dispersión de la población podían ser elementos singulares en la Asturias de mediados del siglo XX, pero hoy día el 90% de la población se concentran en poco más de 3.000 kilómetros cuadrados que se encuentran comunicados por autovías. Se puede resaltar la orografía y la dispersión, pero afecta a un porcentaje de población muy pequeño. La cuestión del uso intensivo de los servicios públicos resulta muy discutible. Es verdad que en Cataluña o Madrid hay un sector privado en la sanidad y la educación mucho más importante que en Asturias, pero los servicios públicos se encuentran desbordados. En Cataluña hay muchas aulas escolares en barracones, así que las necesidades de financiación son fáciles de justificar. Además, el incremento de la población es tan grande que la presión sobre médicos y profesores es mayor que en Asturias.

En la reforma del Estatuto los partidos asturianos han acordado alcanzar el máximo nivel de competencias, y por eso asumirán materias como la seguridad privada, la defensa del consumidor o las tecnologías de la información. Para el ciudadano medio resulta irrelevante la asunción de esas competencias, mientras que el modelo de financiación autonómica influye directamente en la calidad de la atención sanitaria o educativa. Conclusión: nos jugamos más en la negociación con Solbes que en la reforma del Estatuto.