El Gobierno informó a los consejeros de Economía de las comunidades autónomas del método que va a seguir para pactar el nuevo modelo de financiación. Pedro Solbes va a reunirse (por separado) con los representantes de las autonomías para establecer las bases de una propuesta que, posteriormente, va a presentar (también por separado) a los dirigentes autonómicos, para llegar al final a una reunión en la que estarán todos y se acordará el nuevo modelo. ¿Método bilateral o multilateral? El Principado no tiene dudas: la negociación de la financiación autonómica será multilateral y se desarrollará en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La mera descripción del método da idea que los encuentros bilaterales constituyen la clave de la negociación. La solución que se adopte debe ir muy perfilada a la última reunión en la que estarán todos los territorios. La ventaja de los encuentros bilaterales reside en que no habrá debates entre comunidades autónomas, evitándose la formación de frentes anticatalanes o asociaciones entre regiones ricas. La Generalitat siempre rechazó la negociación con otro interlocutor que no fuera el Gobierno central. El método escogido resulta satisfactorio para las pretensiones de Montilla.

El consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, se declara “expectante” ante la negociación que se va a iniciar. Es una declaración cauta, porque resulta impredecible el resultado final. Los que no somos consejeros de ningún gobierno podemos aventurarnos a esbozar un pronóstico. La vía elegida es conocida en la Unión Europea por la estrategia del confesionario: Solbes recibe “boca oreja” las peticiones de las comunidades autónomas. Todas las peticiones suponen un incremento de gasto o una disminución de ingresos por parte del Estado. El ministro de Economía sabe previamente cuánto dinero puede ceder. El eje de la negociación será la llamada “nivelación parcial” que proponen los catalanes (reducir la solidaridad entre regiones a la ayuda del pago de sanidad y educación). Si lo que dejan de aportar los catalanes lo puede asumir el Gobierno, el resultado para las regiones pobres será neutro. En caso contrario, la factura la pagaremos a medias.