En el Consejo de Gobierno de esta semana se va a aprobar un crédito extraordinario de 150 ó 160 millones de euros dedicado a financiar gasto sanitario y proyectos municipales. El acuerdo del Gobierno tendrá que ser tramitado en la Junta General del Principado, ya que al estar en un ejercicio de prórroga presupuestaria hace falta la autorización del Parlamento.

Lo más llamativo del nuevo crédito es que gran parte del mismo, unos 90 millones, irá destinado a los servicios sanitarios. La prórroga afecta a todas las consejerías del Principado, pero la única que sufre una fuerte presión de gasto es la Consejería de Salud. Lo mismo pasa en otras regiones, aunque en Asturias ocurre con más crudeza, ya que han mediado varias huelgas de profesionales del sector que siempre se han saldado con la asunción de nuevas partidas de gasto. Otras veces no hace falta apelar a una huelga, basta el planteamiento de un descontento y el posterior desarrollo de una mesa de negociación para que el Principado revise las cantidades que abona a los profesionales. El último ejemplo son las guardias en los centros de Primaria, con un incremento del precio de la hora superior al 50%.

La transferencia de las competencias de Sanidad ha multiplicado los problemas de gestión. La cercanía entre los trabajadores y los políticos hace que las demandas sean más acuciantes y la posibilidad de contener el gasto sanitario sea nula.

En un contexto más amplio, como era el «territorio Insalud», siempre había más margen para manejar los problemas, pero en una comunidad autónoma de un millón de habitantes es muy difícil evadirse a las reivindicaciones del sector.

Los consumidores no aceptan el copago sanitario, los profesionales no quieren trabajar más horas, los alcaldes quieren un hospital en su concejo y cada vez hay más gente en la tercera edad. Las mejores energías y los mayores recursos del Principado se dedican a la sanidad. La aspiración del autogobierno se puede resumir en gestionar bien los servicios de Salud. El primer crédito extraordinario del Principado estuvo dedicado a cubrir el pacto social y el segundo a costear la sanidad, aunque en este caso se envuelva la mercancía bajo la etiqueta de «crédito para proyectos municipales».