Álvarez Areces no considera necesario presentar un documento sobre la financiación autonómica a los grupos de oposición antes de celebrar la primera ronda negociadora con el Gobierno central. La idea de celebrar un pleno de la Junta General del Principado para fijar la postura que Asturias va a llevar a la negociación con el Ministerio de Economía parece descartada ante el acuerdo que han mostrado ya los grupos parlamentarios sobre esta materia. Los tres partidos (PSOE, PP e IU) consideran que el envejecimiento, la orografía, la dispersión de la población y la intensidad en el uso de los servicios públicos deben ser los elementos que estructuren la posición de nuestra región en la negociación, así como el rechazo a limitar la nivelación de los servicios públicos a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias se elabora en ponencia parlamentaria, simultáneamente a la negociación de la financiación autonómica con el Gobierno. En el trabajo de la ponencia se ha abordado la fijación de unas cláusulas que sirvan para garantizar la suficiencia financiera de nuestra comunidad autónoma, coincidiendo los partidos en los criterios a plasmar en el nuevo Estatuto. El presidente Areces parte ya de esa coincidencia entre los grupos y, además, ha afirmado que escuchará las opiniones de los partidos de la oposición antes de dar la opinión del Principado sobre el modelo de financiación que presente el Gobierno ¿Cabe concluir de todo ello que sobra la celebración de un pleno en la Junta General del Principado para fijar en un documento la posición de Asturias ante la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico?

El asunto es netamente político, así que dejemos las cuestiones formales (procedimiento) y técnicas a un lado. Otras comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía, llegan a la negociación con sus estatutos debajo del brazo, para mostrar qué quieren y con el margen de maniobra limitado para hacer concesiones. A falta de contar con el aval de leyes orgánicas, como son los estatutos de autonomía, el Gobierno regional debería acudir a la negociación con un mandato de la Junta General del Principado, lo que fortalecería su posición.