La decisión tomada por la Ponencia parlamentaria que elabora la reforma del Estatuto de Autonomía de incluir la figura del decreto-ley entre los instrumentos del Gobierno está contemplada en todas las revisiones estatutarias realizadas en los últimos años. Las más diversas comunidades autónomas, unas gobernadas por el PSOE y otras por el PP, han decidido poner en mano de los gobiernos esa potestad legislativa provisional que consiste en dictar normas de obligado cumplimiento a la espera de que sean ratificadas por el Parlamento. A la hora de justificar las razones del decreto-ley todos los estatutos se han atenido a la letra de la Constitución al reservar esa competencia para los casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. En Asturias se piensa seguir esa pauta.

Cuando el PSOE y el PP se ponen de acuerdo en algo, en Asturias y en España, los conflictos dejan de tener aristas. Es tan abrumador el dominio que tienen en la mayor parte de las cámaras (323 escaños en el Congreso de los Diputados y 41 en la Junta General del Principado) que la mayor parte de la sociedad se siente reflejada en esas decisiones. En el trabajo de la Ponencia parlamentaria que reforma el Estatuto, el PSOE y el PP han tomado dos decisiones básicas que están llenas de sentido común: asimilar la experiencia de las reformas estatutarias que nos precedieron –copiar lo bueno y evitar lo malo- y optar por un texto que responda a los intereses de los ciudadanos, sin impostaciones identitarias ni gestos para la galería. Un planteamiento sensato que parte de renunciar a costosas originalidades que hacen felices a minorías a costa de pasar por encima del sentido común de la mayoría.

Los estatutos deben ser un traje a la medida de las necesidades y aspiraciones de cada territorio. Los grupos parlamentarios del PSOE y del PP han entendido que el llamado “autogobierno” no es la clave que soluciona los problemas de la sociedad asturiana, y sí puede ser fuente de división si se cae en excesos. Los intereses generales de Asturias pasan por mantener un Estado lo más fuerte posible y la reforma del Estatuto no busca socavarlo. Que dos o tres dirigentes concretos ocupen puestos de máxima responsabilidad es una suerte cuando se reforma el Estatuto.

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