Andan los grupos parlamentarios dando vueltas a la inclusión de la concertación social en el Estatuto de Autonomía. IU es ferviente partidaria de esa alternativa para que el pacto social no tenga vuelta atrás y, aunque gobierne la derecha más extrema, no tenga otro remedio que convocar a los agentes sociales y negociar un pacto de progreso. El PSOE y el PP tienen una postura más vacilante y reflexionan sobre la posibilidad de realizar en el Estatuto alguna alusión al tema, como recoger en el texto la conveniencia del pacto social. Puestos a quedarse con una de las dos propuestas, la del PSOE y del PP es menos mala que la de IU, aunque no tenga nada de buena.

En el último proceso de reformas estatutarias se ha optado por incluir en los textos variadas cuestiones que son ajenas al régimen autonómico. Algunas de ellas tienen cabida en las constituciones, como recoger un listado de derechos y deberes, mientras que otro grupo de propuestas descienden al detalle de un reglamento, así que no valdrían ni para una ley ordinaria.Las novedades incluidas en los estatutos de autonomía tienen un denominador común: convertir las cartas autonómicas en un arma para intervenir en la vida de los ciudadanos y en los usos institucionales y sociales. La inclusión del pacto social en el Estatuto de Autonomía de Asturias sigue esta senda.

La autonomía y el autogobierno no tienen nada que ver con el pacto social. Se puede tener un acendrado sentido de la autonomía y un nivel de autogobierno muy alto sin que haya concertación social. Y al revés: la concertación social más perfecta no aporta un gramo de autogobierno. El pacto social no es bueno ni malo, por si mismo, siendo conveniente en determinadas circunstancias y resultando una iniciativa hueca en otras. El intento de convertir la concertación social en un rasgo identitario de Asturias es una patochada. Lo único verdaderamente anómalo en Asturias es el exorbitante peso de los agentes sociales que negocian con el Principado los planes de infraestructuras y la gestión de los servicios públicos. En ningún territorio avanzado existe esa confusión entre fuerzas sociales y poder político, así que sería un error consagrar esa fórmula elevándola al rango de ley orgánica.

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