Los miembros de la Ponencia parlamentaria del PSOE y del PP dan por cerrada la reforma y esperan que, en el otoño, la comisión parlamentaria correspondiente o el Pleno de la Junta resuelva las dos cuestiones pendientes: el estatus de la capitalidad y la elección parlamentaria del presidente. En esta semana terminarán su trabajo con algunos asuntos menos conflictivos, como la posibilidad de ampliar el número de diputados de la Junta y las ayudas a los ayuntamientos.

El nivel de acuerdo en la Ponencia fue muy alto entre los dos grandes partidos, quedando IU fuera del consenso en muchos asuntos. Cuando se constituyó la Ponencia no había una expectativa tan favorable, aunque vista la voluntad de los dos grandes grupos debió avanzarse de una forma más rápida en la reforma. El estatus de la capitalidad y la elección del presidente pueden desbloquearse a través de mutuas concesiones entre el PSOE y el PP. No sería lo mejor para los intereses generales, pero en una negociación parlamentaria condicionan mucho las necesidades de los partidos que participan en ella.

Las dos cuestiones que se pueden abordar esta semana no creo que dividan a los partidos políticos porque reflejan muy bien los intereses de la clase política autonómica en España: ampliar el número de diputados en las cámaras y mantener el principio de jerarquía con los ayuntamientos. Incrementar el número de diputados comportará un mayor gasto público sin aportar eficacia parlamentaria. Con más diputados en la Junta los aparatos de los partidos podrán resolver mejor los compromisos de colocación con su gente y punto. Ya verán cómo les parece bien a los tres partidos. Cuando el Congreso de los Diputados trató en el anterior mandato la aplicación de un plan de pensiones para los diputados hubo unanimidad en la Cámara; se dieron todos la mano, desde Rajoy hasta Nafarroa Bai. En cuanto a la cuestión de las subvenciones es tratado por los principales partidos, de todas las comunidades autónomas, con alguna cautela, reservando cierto nivel de control sobre el gasto para los ejecutivos. Ahora bien, por muchos principios generales que contenga el Estatuto se convertirán en papel mojado si la nueva Ley de Régimen Local da autonomía a los alcaldes para gastar en lo que quieran.