El presidente José Luis Rodríguez Zapatero continuó ayer su ronda con los distintos portavoces parlamentarios para hablar de posibles acuerdos ante la crisis económica. Esta iniciativa política fue fruto de una demanda de Gaspar Llamazares, después de dar a conocer el presidente del Gobierno su intención de reunirse con Mariano Rajoy, para demostrar que el Parlamento no es una institución bipartidista. Zapatero accedió a negociar con los distintos portavoces, aunque en algún caso, como en el de Llamazares, represente a un grupo parlamentario cuyos diputados pueden viajar todos juntos en una moto.

En la ronda de contactos se exploraron los posibles acuerdos presupuestarios para el próximo ejercicio, sacando a relucir los portavoces nacionalistas otras cuestiones que no tienen que ver directamente con los Presupuestos Generales del Estado. Josu Erkoreka (PNV) pidió desbloquear la consulta popular propuesta por Ibarretxe y el dirigente de CiU Duran i Lleida señaló que la luz verde a los Presupuestos estará supeditada a aprobar un sistema de financiación autonómica que satisfaga a Cataluña. Hace unos días comentábamos, desde estas líneas, que la financiación autonómica y los presupuestos estatales van unidos de la mano, negociándose bajo el formato de doble mesa con mutuas compensaciones. Esta conclusión era fácilmente deducible en cuanto Solbes hizo un anticipo del calendario de la negociación autonómica, cuya fase decisoria se producirá avanzado el otoño. El comportamiento de los diputados catalanes será clave para ambos acuerdos. En el debate de la financiación territorial los catalanes van un paso por delante del resto de representantes autonómicos.

Hace más de un año, con la aprobación del ‘Estatut’, garantizaron que el 50% de la recaudación de los grandes impuestos estatales se quede en manos de la Generalitat. Asegurado el ingreso, avanzaron posiciones al poner en el centro de la negociación la exigencia de «nivelación parcial» de los servicios, lo que les permitiría limitar la solidaridad, de modo que lo ganado por la vía del IRPF y del IVA no se pierda en transferencias de fondos solidarios. Y ahora abren un nuevo frente exigiendo que el Estado entregue más dinero a las comunidades autónomas, porque sus ingresos crecen más deprisa que los de los distintos territorios. ¿Quién defiende al Estado?