El Gobierno está dispuesto a modificar la Ley de Bases de Régimen Local para poder desalojar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de las 43 alcaldías que ocupa en el País Vasco y Navarra. Tanto la patronal, CEOE, como el PP ya habían pedido al Gobierno que tomara medidas para evitar que los terroristas pudieran seguir beneficiándose de las instituciones. El PP considera que el mismo procedimiento utilizado para disolver por corrupción el Ayuntamiento de Marbella, en el año 2006, es posible aplicarlo con ANV. El Gobierno, por su parte, afirma que es preciso cambiar la norma para actuar contra ANV y se apresta a hacerlo.

La reforma de la legalidad para acabar con la dimensión institucional de ANV es la primera consecuencia política del asesinato de Ignacio Uría. Produce desasosiego que tenga que darse un hecho tan traumático para llevar a cabo iniciativas que cuentan con gran respaldo popular. La artificial forma de recuperar las siglas de ANV -una formación nacionalista desgajada del PNV y que estaba sin actividad pública desde hace muchos años- por parte del entorno de ETA indicaba que su función iba ser la de servir de caballo de Troya del terrorismo para entrar en las instituciones. Los gobiernos municipales de ANV sólo se entienden desde dos premisas: las ambigüedades del Gobierno frente al mundo radical vasco antes de las últimas elecciones municipales y la actitud deleznable de algunas formaciones políticas vascas que se aprestaron a establecer alianzas con candidaturas que respondían a las consignas de ETA.

La expulsión de ANV de las instituciones es la asignatura pendiente del arsenal de medidas que tiene el Estado para luchar contra la banda terrorista. Sería un sarcasmo que del Fondo Estatal para Inversiones Locales, creado recientemente por el Gobierno central y dotado con 8.000 millones de euros para financiar proyectos municipales, se beneficiaran los alcaldes de ANV, como si se tratara de regidores homologados con el resto de responsables municipales. Una cosa es aplicar todas las medidas garantistas de un sistema democrático, y otra caer en ejercicios de ingenuidad tan superlativos que lleven a tratar a todos los ayuntamientos por igual sin reparar en esos 43 consistorios donde anidan los enemigos del Estado democrático.