Desde el inicio del otoño, el incremento del desempleo es espectacular, con una media de 6.000 nuevos parados al día en España (en la crisis de 1993 el paro crecía a un promedio de 3.000 desempleados diarios). Aunque el declive económico tardó en llegar a nuestra región, en el último trimestre lo hace con más fuerza que la media española y, pese a tener un mercado de trabajo reducido, 4.000 nuevos trabajadores engrosan las listas del paro cada mes. Como se puede ver, no hace falta tener un gran sector de la construcción para que la crisis se cebe en el tejido económico.
Simultáneamente a esta realidad, Asturias ha estrenado un Gobierno de coalición entre PSOE e IU que ha tomado como argumento de presentación la lucha contra la crisis. Los máximos dirigentes de ambos partidos, Javier Fernández y Jesús Iglesias, así como el presidente Areces, han repetido machaconamente que la alianza de gobierno se debe a la necesidad de luchar contra la crisis. Llegó el momento de preguntarse de qué crisis estamos hablando y con qué instrumentos se pretende hacerle frente.
Para empezar, digamos que el socavón económico daña a todos los sectores económicos, aunque algunos, como la construcción o el sector del automóvil, lo sufran de una forma más destacada, lo que supone una importante novedad. Durante las crisis del petróleo (años 1973 y 1979), la industria sufrió importantes recortes y reconversiones, pero el sector servicios no dejó de crecer. Cuando ocurrió la recesión de 1993, las empresas estaban muy endeudadas y la solución pasó por aligerar plantillas y recomponer pasivos. Dos años más tarde, la economía ya tiraba con fuerza.
Ahora todo es distinto. La quiebra se ha producido en el sector financiero y todo el tejido económico se ha quedado sin gasolina para trabajar. Nuestras empresas estaban saneadas hasta hace unos meses y el tejido económico era capaz de absorber, sin pestañear, un impacto tan fuerte como la brutal subida del precio de las importaciones de petróleo. Hasta que el 15 de septiembre se hundió Lehman Brothers. A partir de esa fecha, la desconfianza es tan grande y la ausencia de crédito tan acusada, que todas las empresas han empezado a sufrir. Tienen unas estructuras de costes asumibles y una gestión del producto correcta, pero no están preparadas para una crisis crediticia y de consumo tan brusca. Resultado de todo ello es que se pierdan en Asturias 144 empleos cada día. ¿Y qué propone el Gobierno de coalición?
La mejor forma de valorar la respuesta consiste en mirar el proyecto de Presupuestos del Principado para el año 2009; unas cuentas expansivas que incurren en déficit y acrecientan la inversión en un 13%. En líneas generales, guardan sintonía con la filosofía económica adoptada por los gobiernos de los países avanzados, aunque pecan de un gran optimismo, al suponer que la recaudación fiscal por el IRPF va a crecer cuando se entra en recesión.
Ayudas a empresas
Pero el problema de fondo no es que los Presupuestos sean optimistas, sino que hay una gran contradición entre los remedios que ofrece la izquierda coaligada para luchar contra la crisis y la entidad de la misma. Cuando la actividad económica se desploma de una forma jamás antes conocida, no sirve aprobar un presupuesto convencional. Para situaciones extraordinarias hacen falta remedios extraordinarios.
Al ritmo que crece el paro, podemos llegar en unos cuantos meses a un escenario muy difícil de manejar. La única solución pasa por priorizar objetivos para concentrarse en el empleo como bien público número uno al que se deben supeditar todas las actuaciones del Gobierno regional. En el programa de gobierno, firmado por PSOE e IU, se habla, en las primeras líneas, de un Plan Autonómico de Empleo en colaboración con ayuntamientos y sector público. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero, si en vez de poner parches se trata de mantener el empleo y crear puestos de trabajo, la única solución real consiste en ayudar a las empresas. Estamos en una situación excepcional, que puede llevarse por delante buena parte del tejido empresarial, desde negocios consolidados hasta trabajadores autónomos. No entender esta situación puede ser dramático.
Si el bien público número uno a proteger es el empleo, el resto del gasto admite recortes. Si exceptuamos las pensiones y la cobertura de desempleo (ambos a cargo del Gobierno central), el resto del gasto social debe ser redimensionado, empezando por la generosa red de servicios públicos, pensada para tiempos en que la recaudación por IVA e IRPF podían con todo.
Podría ser que a lo largo del año hubiera más de 70.000 de desempleados en Asturias y que la factura sanitaria se llevara el 40% del presupuesto del Principado. No es la primera vez que incurriríamos en una contradición así, ya que perdimos 100.000 empleos en las reconversiones industriales, mientras nos concentrábamos en financiar la creación de servicios públicos.
Es tiempo de optar: se dedica dinero a ayudar a las empresas o a proteger el poder adquisitivo de los puestos de trabajo que están al abrigo de las inclemencias del mercado.
El mayor déficit de la clase política asturiana consiste en gestionar la crisis con el prejuicio de haber pasado por coyunturas iguales, creyendo que basta mirar al pasado para saber las medicinas que hay que aplicar.