EL debate sobre el modelo de financiación autonómica ha vuelto con fuerza para colarse en la agenda política prenavideña. En Asturias, el socialista Fernando Lastra dice que la propuesta del Gobierno central no tiene que satisfacer sólo a los catalanes, sino a todos los demás, mientras IU pondera los esfuerzos de negociación de Zapatero pero reniega del método elegido: la bilateralidad. Los dos vicepresidentes del Gobierno (De la Vega y Solbes) confían en poder llegar a un acuerdo antes de que acabe el año. Y Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat, enfría el optimismo del Gobierno central al recordar que son muchas todavía las cuestiones pendientes para cerrar un acuerdo en diez días.

Lo más curioso del asunto es que ningún dirigente político resta verosimilitud a la negociación entre el Gobierno central y Cataluña. ¿En qué quedó aquella segunda ronda negociadora que iba a realizar el Ministerio de Economía con todas las comunidades? En el pasado mes de julio, Solbes presentó un borrador sobre el modelo de financiación que quería implantar y recibió críticas de todas las regiones. El Gobierno se comprometió a poner sobre la mesa un nuevo documento tras hablar con los gobiernos autonómicos, pero nos encontramos con un cambio de estrategia al negociar con Cataluña para luego presentar una oferta al resto de las comunidades. La apariencia de multilateralidad ha dado paso a la dura bilateralidad con Cataluña como interlocutor privilegiado del Estado. Por mucho que insistamos, el camarero no va a traer café para todos.

En una negociación a múltiples bandas, las presiones de Cataluña podrían ser contrarrestadas por la mayoría de los territorios que tienen intereses contrapuestos, cosa que no va a suceder en un diálogo reservado con el Estado. El Gobierno central ha cedido en el método de negociación, lo que va a condicionar el resultado del proceso. Tiene razón Castells; quedan muchas cosas pendientes, sobre todo para los asturianos, gallegos o cántabros, que todavía no han podido decir ni una palabra del recorte de solidaridad que supone dejar el servicio de Justicia fuera del fondo de nivelación de servicios (ese es el sentido del fondo de suficiencia) o del peso que tendrá el incremento de población a la hora de financiar la Sanidad o la Educación. Nos están haciendo un traje con el patrón catalán.