El papel de interlocutor privilegiado que juega Cataluña en la negociación del modelo de financiación autonómica despierta recelos en todas las comunidades autónomas. Consta que Zapatero se ha reunido con José Montilla y Manuel Chaves, por separado, para sentar las bases del nuevo modelo. Precisamente, Cataluña y Andalucía son las dos comunidades que decidieron la elección de Zapatero como secretario general del PSOE, en el verano del año 2000. La participación de Chaves no inquieta en otras regiones, porque Andalucía no puede pedir el relajamiento de los lazos de solidaridad, ya que es una comunidad dependiente de la cohesión estatal. La única cuestión que le beneficia a Andalucía, frente a los intereses de Asturias, Galicia, Castilla y León o Extremadura, es la ponderación del incremento de la población. Andalucía es un territorio frontera y en su comunidad se han establecido muchos inmigrantes, una particularidad que no se da en el resto de las regiones pobres. La amenaza para la cohesión territorial procede, exclusivamente, de las demandas catalanas.

A estas alturas, las peticiones de Montilla son difíciles de rechazar por Zapatero, ya que no se trata de planteamientos políticos de la Generalitat, discutibles como los de cualquier otro gobierno, sino de mandatos del ‘Estatut’, que se han convertido en ley orgánica del Estado. Pese a la poda realizada sobre el proyecto original, hay muchos artículos del ‘Estatut’ que nunca se deberían haber aprobado en el Congreso de los Diputados. La bilateralidad, como método de negociación, es un hecho, y lo que hace falta saber ahora es si el resto de las comunidades autónomas van a ser capaces de negarse a aprobar algo que les perjudica. Sobre los territorios gobernados por los socialistas pesa la jerarquía que ejerce Zapatero, con la excepción de Galicia, que a dos meses de sus elecciones autonómicas está en una situación especial, que le permite discrepar sin ambages.

Las comunidades del Partido Popular tienen otra razón para apoyar la solución de Montilla: son ricas y participan, por interés, del egoísmo catalán. Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia salen ganando con una interpretación ligera de los vínculos de solidaridad y con una acentuación del crecimiento de la población en el peso de la financiación.