El nuevo modelo de financiación autonómica se mueve entre la confusión. Las informaciones son incompletas y contradictorias, fruto del secretismo y la improvisación aplicados por el Gobierno. Rastreando todo tipo de declaraciones de los múltiples participantes en la variopinta negociación llegamos a encontrar tres tipos de fondos de nivelación: el fondo de suficiencia ya existente; un segundo fondo que cubriría las necesidades de financiación de servicios que no se consideran básicos (vivienda, empleo, justicia); y un tercer fondo ligado a las características de cada región, por el que recibirían dinero las comunidades según determinados rasgos singulares: dinero para financiar el bilingüismo de Touriño.

La negociación del modelo ha dejado de ser bilateral, sin llegar a una perfecta multilateralidad, porque se encuentra en un momento de heterogeneidad e informalidad impropias de un asunto tan serio: entrevistas, a solas, de Zapatero con los presidentes de Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia; encuentros a dos bandas: Asturias y Extremadura. Conversaciones telefónicas del presidente con Castilla y León y Castilla La Mancha.

Para desenredar la madeja de la negociación, lo mejor es tirar del cabo principal: las demandas catalanas. Sin las pretensiones de la Generalitat, el actual modelo de financiación autonómica quedaría prorrogado, recibiendo puntuales inyecciones de dinero, como la decidida en la II Conferencia de Presidentes para mejorar la financiación de la sanidad. Veamos lo que dicen los catalanes.

El discurso reivindicativo de la Generalitat tiene un fondo ideológico-político, basado en la identidad nacional catalana, de la que se derivaría la necesidad de un pacto bilateral con el Estado, y la obligada limitación de las exigencias de solidaridad con territorios (Asturias, Andalucía o La Rioja) que no forman parte de una nación con Cataluña. El genuino autor de este discurso fue Maragall. Los catalanes quieren todo eso y… ‘pasta’. Sigamos a la ‘pasta’ y encontraremos el truco de la propuesta catalana.

En el ‘Estatut’ quedó establecido que el 50% de la recaudación de IRPF e IVA se iría a las arcas de la Generalitat. Un porcentaje que se elevaría al 58% en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos. La Generalitat y las 13 cámaras de comercio catalanas coincidieron en publicitar una cifra para que la supieran todos los paseantes de las Ramblas: 4.780 millones de euros adicionales para Cataluña. A partir de aquí surgen los problemas.

Si el Gobierno central ejecuta las disposiciones del ‘Estatut’, entregará 4.780 millones de euros a la Generalitat, y posteriormente el tripartito catalán tendrá que devolver gran parte de ese dinero al fondo de suficiencia, como hacen la Comunidad Autónoma de Madrid y las Baleares. Actualmente, la financiación de Cataluña procede en un 14,2% del fondo de suficiencia, pero si la Hacienda estatal le entrega 4.780 millones a la Generalitat, Cataluña pasará a ser contribuyente neto del fondo de suficiencia.

Para evitar perder dinero, sacaron de la chistera la propuesta de adelgazar el fondo de suficiencia para que sólo cubra las necesidades de financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dejando fuera al resto de servicios. Pero como aun así no quedaban muy contentos, plantearon que la revisión de la cobertura de los servicios se hiciera sólo por aumento de la población, sin redimensionar el peso de la vejez en el gasto sanitario, una realidad que conocen muy bien los asturianos, con más de 300.000 paisanos en la tercera edad, siendo más de 70.000 octogenarios. Así está el asunto.

El Gobierno ha escuchado a los presidentes de las comunidades autónomas sin decir qué método va a aplicar y sin aportar ninguna cifra. Para tranquilizar a sus interlocutores, Zapatero repite que todos los territorios van a recibir más dinero que hasta ahora. Pero eso no basta.

Si la Justicia, la Vivienda o el Empleo quedan fuera del fondo de suficiencia, el plus de financiación en esos servicios correrá a cargo del Estado, porque la solidaridad interterritorial (aportaciones netas de Madrid o las Baleares) queda limitada a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero el Estado, previamente, habrá tenido que trasvasar la friolera de 23.030 millones de euros a todas las comunidades, en concepto del 50% de IRPF e IVA. Resumo: un Estado anoréxico como garante único de la financiación de gran parte de los servicios públicos.

Consejo desinteresado para el presidente Areces: Asturias debe hacerse fuerte en tres peticiones. La ponderación suficiente de la vejez en el cálculo del gasto sanitario. En segundo lugar, los mecanismos de nivelación (solidaridad) deben mantenerse para todos los servicios, sin excepción. En tercer lugar, no es tan importante el dinero a recibir ahora, como la previsión hacia el futuro. Me explico. Al revisar los ingresos, cada equis años, es importante que se haga tomando como coeficiente el crecimiento de la recaudación media en España que es superior a la asturiana. Y por último, si por culpa de Touriño o Montilla nos vemos arrastrados a cuantificar las señas identitarias, ahí va una. Parte de la riqueza asturiana es fruto de un fondo con fecha de caducidad: las prejubilaciones de la minería, la siderurgia y el naval. ¿Después, qué? ¿Bilingüismo?