Severino García Vigón considera que la mayor autonomía fiscal otorgada en el nuevo modelo de financiación autonómica pone en peligro la cohesión territorial y la unidad de mercado. El presidente de la Fade cree que se van a ensanchar las diferencias entre comunidades ricas y pobres, a la par que critica la elección del Gobierno de trasvasar recursos a las regiones en vez de concentrar sus esfuerzos en luchar contra la crisis económica. Poner en manos de los gobiernos autonómicos una parte importante de la recaudación fiscal del Estado no es el mejor método para luchar contra los desequilibrios territoriales.

A los ejecutivos regionales les preocupa lo que ocurre dentro de su comunidad y no les corresponde tener una visión global sobre España. Ahora bien, más preocupante es aún, a medio plazo, la autonomía normativa que concede el Gobierno a las comunidades autónomas, porque la asimetría fiscal puede provocar deslocalizaciones de inversiones y patrimonios. Frente a la voluntad de crear un mercado único, se alzaron en Europa dos grandes excepciones, basadas en la heterogeneidad fiscal y laboral. En España, desde la creación del mapa autonómico, hubo dos comunidades diferentes, País Vasco y Navarra, pero a partir del nuevo modelo podemos llegar a conformar un sistema con más excepciones que norma común. Nunca me convenció la idea del ‘céntimo sanitario’ porque se aplica sobre un impuesto de inequívoca vocación estatal. Otra cosa es la creación de un tributo de carácter autonómico motivado por razones específicas de una región. Si el pago del IRPF y el IVA va a estar en función de los territorios, la identidad de la Hacienda española se diluye.

No se trata de una objeción teórica, porque, en la práctica, el Gobierno carecerá de herramientas para llevar a cabo una política económica eficaz, tras haber cedido parte de su soberanía económica a la Unión Europea. En la actualidad, más del 50% del gasto público estatal está en manos de los gobiernos autonómicos, una cifra que rebasa el 60% si nos fijamos en las inversiones reales que tiene. Si añadimos a ello el trasvase de recaudación fiscal contemplada en el nuevo modelo, y la posibilidad de ganar autonomía normativa, puede ocurrir que para luchar contra la crisis económica sea necesario convocar una conferencia de presidentes.

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