Ante la expectación de los dirigentes autonómicos, el Gobierno ha presentado el nuevo modelo de financiación territorial, tapando sus intenciones con una baraja de fondos de financiación que ocultan más que revelan. Buenas palabras, pocas cifras y una profusión de conceptos para atender simultáneamente demandas antagónicas: bajo el rótulo de ‘convergencia’ se asignará dinero a los más pobres (Extremadura, Galicia o Asturias) y a los más ricos (Madrid, Cataluña o Baleares), de modo que las diferencias de renta se acorten por la vía de un fondo de cooperación, para luego distanciarse con los recursos de un fondo de competitividad. ¿En qué quedamos, se converge o se diverge?

Para que los árboles no impidan la visión del bosque, vayamos a un dato esencial: el actual modelo de financiación autonómica se sostiene en un 70% con la recaudación fiscal cedida por el Estado a las comunidades, mientras que con la propuesta de Solbes los impuestos cedidos alimentan un 90% del sistema. El mensaje es muy claro: si queríais autonomía, tomadla; ahí os quedáis con el dinero y arreglaos por vuestra cuenta. Esto es lo que habían pedido los catalanes e incluido en el texto del ‘Estatut’, al aumentar hasta el 50% el porcentaje cedido del IRPF y del IVA. Ahora se convierte en pieza clave del sistema.

El espacio de autonomía fiscal se acentúa en el nuevo modelo del Gobierno, al dar más capacidad normativa a las comunidades sobre el IRPF y el IVA (aunque sobre este impuesto Bruselas deja poco margen). Sobre este punto es bueno recordar que ya estamos, hoy, muy lejos de tener un espacio fiscal homogéneo en España. Y no me refiero a las clamorosas excepciones fiscales del País Vasco y Navarra, sino que, en el resto del territorio, una unidad familiar de cuatro miembros puede llegar a pagar por IRPF un 28% más en Asturias, Extremadura o Aragón, que en Valencia o Madrid. Más allá de los caprichosos gastos de los gobiernos regionales, el coste de los servicios públicos es mucho más gravoso para una comunidad con una tasa de actividad baja que para una con mucha población ocupada. El nuevo sistema está montado con más cesión de tributos y mayor libertad normativa; justo lo que demandaban los más ricos, sean socialistas, como Montilla, o liberales, como Aguirre.

Realizada una visión de conjunto, vayamos con la baraja de los fondos, con los que trata el Gobierno de tranquilizar a todos los presidentes autonómicos. El fondo más importante es el que garantiza las prestaciones del Estado de Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Según Solbes, este fondo se llevará más del 66% de los recursos globales del sistema, mientras que Rabanal, en la entrevista que aparece hoy en estas mismas páginas, dice que es inaceptable que baje del 80%.

Es muy loable el intento del consejero de Economía del Principado de establecer una bolsa lo más amplia posible de recursos compartidos entre las comunidades para salvar la solidaridad interterritorial, pero si la sanidad, la educación y los servicios sociales se llevan el 80% de los ingresos del sistema, el Estado tendrá que ceder un porcentaje de IRPF y de IVA aún mayor para garantizar la financiación del resto de servicios (justicia, empleo, vivienda). Y luego, aún tiene la tarea de pagar las nóminas de la Guardia Civil, de construir las líneas de AVE que le exigen los dirigentes autonómicos, devolver 400 euros a cada contribuyente, aportar 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para que caven zanjas, garantizar las imposiciones de los particulares en los bancos y ayudar a la industria de automoción. ¿O va a salvar Montilla el empleo de la Nissan?

Antes de pasar al resto de fondos, me gustaría detenerme un momento en un argumento que hacen todos los dirigentes regionales, ricos y pobres. Según la clase política autonómica, el Estado se quitó de encima los servicios de sanidad y educación, con su correspondiente paquete financiero, y se desentendió de su gestión, pese a crecer galopantemente el gasto sanitario y educativo. Es un razonamiento falaz. Cuando se acabó la transferencia de servicios básicos, año 2002, el Estado recaudaba 124.457 millones de euros, y el pasado año recaudó 200.676 millones. El porcentaje cedido a las comunidades (33% IRPF, 35% IVA, 40% Hidrocarburos) aporta ahora mucho más dinero que hace siete años. Otra cosa es que los servicios de salud, como en Cuba, se hayan convertido en el escaparate de las instituciones autonómicas. Y eso sale muy caro.

En el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno, los servicios que no se consideran básicos serán costeados por el Gobierno con un fondo para las comunidades que carezcan de recursos, pudiendo quedarse las comunidades ricas con el dinero que les sobre. Y como remate del sistema habrá un novedoso fondo de convergencia, que puede llevar a la divergencia, porque tendrá una partida para ricos, en concepto de competitividad, y otra para pobres, en nombre de la cooperación.

Volvamos a la visión de conjunto. Con un 10% de los recursos globales, aportados por el Estado, se tiene que garantizar financiación para la justicia, el empleo, la vivienda, el desarrollo regional de los pobres (se acaban los fondos europeos) y las exigencias de competitividad de los ricos. Y todo eso en un momento en que la crisis económica reduce en más de un 15% el dinero de la Hacienda española. A partir de estos datos queda por hacer una reflexión sobre cómo va a ser la atención en el nuevo HUCA, los postgrado de la Universidad de Oviedo y la asistencia a nuestra amplia y sufrida tercera edad.