Alejandra Cuétara no se fía de la promesa de Rabanal de no subir los impuestos, y asegura que el nuevo sistema de financiación rompe la solidaridad entre los territorios, de modo que las comunidades autónomas más pobres tendrán que aumentar los tributos para pagar la elevada factura de los servicios públicos.

Es habitual que un portavoz de la oposición no confíe en las declaraciones de un miembro del Gobierno. Los juicios de los políticos nunca son desinteresados, así que tras cualquier vaticinio de futuro hay siempre más cálculo partidario que mera especulación intelectual. La propuesta de financiación, presentada por el ministro de Economía tiene perfiles inquietantes, porque asume reivindicaciones básicas incluidas en el ‘Estatut’, que limitan la solidaridad interterritorial, e introduce figuras nuevas ajenas a las preceptos incluidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que buscan compensar a las comunidades más atrasadas, a la vez que dar incentivos a las poderosas. Es difícil de saber cuál es el gradiente de esa ensalada de fondos (nivelación, suficiencia, cooperación, competitividad), aunque una cosa está clara: el Estado pierde recursos económicos a chorro sin desprenderse de ninguna competencia administrativa. No hubo ningún dirigente autonómico que se haya ofrecido, como Cirineo, a llevar la pesada carga de la construcción de autovías. Cabe recordar que el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) comporta más de 240.000 millones de euros de inversión (¡Casi 41 billones de las antiguas pesetas!).

Lo preocupante del modelo de Solbes no es la eventual subida de impuestos en algunas regiones, sino el debilitamiento del Estado. Esa debería ser la reflexión capital de un político asturiano. Lo malo es que predomina el egoísmo de las partes al interés del conjunto. En este asunto se difuminan las fronteras entre el PSOE y el Partido Popular, al darse la mano Montilla y Esperanza Aguirre. La estrategia opositora de Rajoy hace agua desde el momento en que la propuesta del Gobierno cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas de Madrid, Murcia y Valencia. Cuando la cohesión de una nación se establece a partir de los saldos de las balanzas fiscales, los intereses generales quedan automáticamente lesionados.