José Blanco, el todopoderoso vicesecretario general del PSOE, ha afirmado que el Gobierno tendrá en cuenta algunas de las observaciones realizadas por la Generalitat sobre la financiación autonómica. El Ejecutivo catalán criticó casi todas las premisas en que se basa el nuevo sistema, para rematar su discurso con una conclusión: Cataluña no dará su aprobación al modelo mientras no se introduzcan correcciones. El Gobierno se apresta a limar las aristas que crean fricciones.

Establecida la premisa de las concesiones a los catalanes, surge el problema de los terceros damnificados. Las contrapropuestas catalanas inciden sobre los intereses del resto de comunidades. Hay regiones que se benefician con las enmiendas de la Generalitat, pero la mitad de los territorios verán dañados sus intereses. Sin el consenso entre los ejecutivos autonómicos la reforma no es viable. La primera crítica de la Generalitat versa sobre lo que se entiende por población, no aceptando que la masa de habitantes de un territorio quede sensiblemente ponderada por rasgos de la misma, como la edad media. En caso de atender a las características de la población, los catalanes quieren que se valore la tasa de inmigrantes. Asturias perdió habitantes en los últimos diez años y tiene pocos inmigrantes, aunque casi la cuarta parte de la gente supera los 65 años. Cualquier concesión en esa materia alterará el coste de la gestión sanitaria.

Otra propuesta catalana consiste en reducir la masa de recursos que financian solidariamente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Si los recursos globales son escasos, habrá poco trasvase de las regiones ricas a las pobres. Queda entre la nebulosa la financiación de los servicios públicos considerados como no esenciales. ¿Cuánto dinero dedicará el Estado a garantizar la suficiencia de esos servicios? Por último, están los apartados comprendidos dentro del fondo de convergencia, que son fuertemente criticados por los catalanes, excepto las partidas dedicadas a mejorar la competitividad de las regiones ricas. Y hay una pregunta sin responder: ¿Será el Gobierno tan receptivo a las propuestas que realizará el Principado?