La clase política autonómica especula sobre los 7.000 millones de euros que el Gobierno va a añadir al monto global de la financiación autonómica. El Ejecutivo no ha dicho nada oficialmente, pero cuando un gobierno dice que no confirma ni desmiente una determinada información es que previamente la ha filtrado a la prensa. Todo indica que se trata de un globo sonda para ver qué dicen los gobiernos regionales. En vez de presentar las cifras del nuevo modelo de financiación, el Ministerio de Economía pone una cantidad sobre la mesa, de modo que, en caso de no provocar un rechazo inmediato, el Gobierno la dará por buena. A partir de ella se encajarán las piezas del puzzle. Lo más lógico sería volver a calcular el coste de la gestión de los servicios públicos y la suma de todo sería la cantidad global a financiar. Sin embargo, el Ministerio de Economía optó por echar las cuentas al revés: se fija la cuantía máxima de los recursos que se pueden ofrecer y luego se entra en la asignación de cantidades concretas por conceptos y territorios.

A la Generalitat le parece una cifra irrisoria, mientras que la Junta de Andalucía considera que hace falta un volumen sustancialmente superior de recursos. Por su parte, el Principado no objeta nada a los 7.000 millones, quedando a la espera de ver los criterios de reparto y la cuantía final del dinero que le corresponderá a Asturias. ¿Qué decir de todo ello?

La porfía por la lotería autonómica se produce de forma simultánea a la publicación de las previsiones económicas del Gobierno que hablan de acabar el presente año con un paro del 15,9% y con un déficit público del 5,8%. En un año en el que se prevé aumentar en 600.000 los números del desempleo y que provocará un déficit sobre el PIB que dobla el actual, los gobiernos regionales piden más dinero para gestionar los servicios públicos, pese a que no se les ha transferido ninguna competencia administrativa nueva. Las comunidades autónomas han pasado, en unos meses, de tener una deuda de 60.000 millones de euros a rebasar los 76.000 millones. Y ahora quieren más recursos para financiar la sanidad o la educación, lo que irá en detrimento del dinero que había que destinar a incentivos fiscales para la creación de empleo. A los ciudadanos les preocupa infinitamente más el paro que la financiación autonómica.