Zapatero considera que la negociación del modelo de financiación autonómica quedará casi finalizada esta semana. La agenda política aprieta, con comicios autonómicos el primero de marzo, así que urge cerrar el larguísimo proceso de conversaciones y contactos iniciado la pasada primavera. En público, el Gobierno se niega a dar las cifras. Puede que, en privado, tampoco haya expuesto a los gobiernos regionales el cuadro general de coste de servicios y cobertura financiera, así como la cuantía de los diversos fondos prometidos. De ese modo el debate quedaría reducido al terreno de los principios y conceptos, provocando un amplio margen de indefinición, porque hablar de nivelación total o parcial está muy bien, pero depende de cuánto dinero se ponga encima de la mesa.

El presidente del Gobierno asegura que el elemento referencial del nuevo modelo será la población. Ninguna novedad, porque en el actual modelo también es la característica más relevante. Asturias, que es la comunidad menos favorecida por el patrón de la población (es la única comunidad que en la última década perdió habitantes), no se niega a redimensionar el modelo por ese parámetro siempre que se valore mejor alguna otra característica como el peso relativo de las personas ancianas en el conjunto de la población. Ante esa petición la respuesta dada hasta ahora se reduce a las buenas palabras.

Contentar a todos supone aportar mucho dinero, algo que el Gobierno no está en condiciones de hacer. La Comisión Europea asegura que este año la disminución del PIB será del 2%, el déficit público del 6,2% y el paro rozará el 19%. Con esas previsiones no hay margen para hacer felices a los gobiernos regionales. Y esa es la cuestión: la negociación del modelo de financiación autonómica ha derivado en la promesa del Estado de entregar dinero a las regiones sin estar basada en la descentralización de nuevas competencias. Más recursos para que vivan mejor. Cuando la economía española era la gran locomotora de la creación de empleo en Europa se podían prometer muchas cosas, porque la recaudación fiscal crecía a mucho mayor ritmo que el PIB, pero ahora estamos justo en la situación opuesta: destruyendo empleo, cerrando empresas y consumiendo lo justo. La Hacienda del Estado no puede dar de lo que carece.