Carlos Ocaña afirma que el nuevo sistema de financiación autonómica tendrá más en cuenta alguna de las características que benefician a Asturias, como la vejez y la dispersión de la población, así como su ausencia de crecimiento; el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos dice que el futuro modelo comportará un aumento de la solidaridad entre territorios. Esos dos mensajes están destinados a disipar los recelos de los asturianos y constituyen un claro alineamiento con las posiciones de las llamadas regiones pobres, todas ellas con una población envejecida y necesitadas de reforzar los vínculos de solidaridad.

El problema está en que Carlos Ocaña considera que ese modelo será tan satisfactorio para Cataluña como para Asturias, que es una forma de mostrarse equidistante entre las tesis de los que desdeñan el peso de la vejez en el cálculo de la financiación y los que abogan por subrayarla, y una forma de ponerse a medio camino entre los que quieren recortar la solidaridad y los que desean reforzarla. ¿Se constituirá un fondo común que garantice la financiación del coste de las políticas de empleo o el sostenimiento del servicio de la Justicia? ¿El fondo de garantía será cubierto con un 80% del total de los recursos del sistema, o será con un 65% de esos recursos, tal como piden los catalanes? No se pueden respaldar posturas antagónicas sin incurrir en contradicción. Y en materia de financiación autonómica las tesis de los catalanes son contrarias a las asturianas. Dicho esto, es importante subrayar que la única comunidad autónoma que plantea romper con el actual sistema es Cataluña, porque no trata sólo de computar el crecimiento de la población, algo totalmente lógico, sino que quiere terminar con la garantía de suficiencia financiera para todos los servicios públicos de cualquier territorio de España. La Generalitat trata de transformar los vínculos comunes de las regiones de una misma nación en un sistema de mínimas aportaciones a la caja común, para que cada comunidad se arregle con sus propios recursos.

Desde hace tres semanas la negociación está estancada. Las buenas palabras de Zapatero, Solbes y Ocaña no bastan para convencer a los gobiernos de las comunidades autónomas. Colmar las peticiones de todos, simultáneamente, levanta suspicacias.