Las declaraciones de Carlos Ocaña a El Comercio suscitan distintas reacciones entre la clase política asturiana. La portavoz del Gobierno del Principad, Ana Rosa Migoya, considera que son un preludio de un buen acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica, mientras que Alejandra Cuétara, diputada del Partido Popular, piensa que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos dice una cosa en Asturias y otra muy distinta en Cataluña; por su parte, desde Izquierda Unida se ve con preocupación la mayor autonomía fiscal de los territorios y la dependencia del sistema de la evolución que tome la economía.

Los tres grupos tienen parte de razón al interpretar las declaraciones de Ocaña. Es evidente que la insistencia del Gobierno en asegurar que se valorará más el envejecimiento y la dispersión de la población es una buena noticia para los asturianos, pero también es cierto que el Ejecutivo, cuando habla con los catalanes, acepta trabajar sobre un modelo que comporta la nivelación parcial de los servicios, dejando acotada la solidaridad entre regiones para la sanidad, la educación y los sociales. Las inquietudes de Izquierda Unida tienen fundamento, porque la autonomía fiscal es lo que necesitan las comunidades ricas, que recaudan mucho más que las pobres; por otra parte, dejar la aportación de nuevos recursos en función del curso que tome la economía envuelve de interrogantes el futuro, aunque en plena crisis económica ningún suministro de fondos está asegurado. Sobre el nuevo modelo de financiación, el Gobierno ha repetido algunas cosas, tantas veces, que no podrá desdecirse. Por ejemplo, la insistencia del presidente Zapatero en asegurar que el sistema contará con más recursos que ahora. Seguro que habrá más, aunque no sabemos cuanto.

Igualmente, la ponderación de la vejez, como forma de evaluar el coste de los servicios sanitarios o sociales se plasmará en el nuevo modelo. Ahora bien, ninguno de esos rasgos, por si mismo, sirve para definir el nuevo sistema. Es muy probable que el incremento de población sea la variable que más pese a la hora de volver a calcular las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma y que la solidaridad interterritorial quede limitada para las regiones ricas. Si esto es así, para que el sistema sea bueno para los asturianos tendrá que asumir el Estado algunas obligaciones en solitario.