Zapatero ha establecido una nueva fecha para alcanzar el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica: el 15 de febrero. La primera fecha fijada para la aprobación del nuevo modelo era el 9 de agosto pasado, porque la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cataluña obligaba a alterar el porcentaje de cesión del IRPF, IVA e Impuestos Especiales a la Generalitat. El Gobierno quiso aprovechar el compromiso explicitado en el Estatuto catalán para alcanzar un acuerdo general con todas las comunidades sobre el modelo de financiación. Como todos los gobiernos regionales enmendaron el borrador que sobre el nuevo sistema les había hecho llegar el Gobierno, el presidente propuso una prórroga de cien días, que concluyó el 20 de noviembre.

Rebasada esta fecha, ninguna comunidad autónoma hizo ninguna declaración hasta que los socialistas catalanes empezaron a hablar de votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado si no recibían el caudal de recursos recogido en su Estatuto. A partir de ahí empezó una negociación contra reloj que debía terminar antes de que sonaran las doce campanadas de fin de año. En los primeros días de enero la discusión siguió en los mismos términos en que se había dejado el año anterior, con continuas referencias a la población, el envejecimiento, la dispersión, los fondos de todas las clases (garantía, suficiencia, convergencia, cooperación, competitividad y población), la nivelación de los recursos y la solidaridad convertida en arma arrojadiza entre pobres y ricos.

El Gobierno lleva un mes diciendo que sólo faltan unos flecos para llegar al acuerdo y la realidad muestra cada día que pasa que el asunto está encallado en el mismo lugar en quedó varado el verano pasado: diferencias sobre la estructura del nuevo modelo. El vicepresidente Solbes no quiere dar las cifras hasta que haya un consenso sobre las líneas maestras del modelo, y por ahora no se ha logrado. A esta situación se añaden signos inquietantes al declarar, ayer, el presidente gallego en funciones, Pérez Touriño, que quiere una reunión de todos los presidentes autonómicos, tras el próximo verano, para estudiar la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales. ¿Alguien entiende algo o se trata de un guiño de Touriño para despistar?