El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha abierto diligencias previas por presunto caso de espionaje político a Ignacio González, vicepresidente de la comunidad autónoma madrileña, que fue sometido a seguimientos parapoliciales en los últimos meses. De esta forma, el caso de los espías pasa de la disputa política a la dimensión judicial. Hasta la fecha, los documentos y las fotos publicadas habían sido rechazados por dirigentes afines a Esperanza Aguirre diciendo que habían sido fabricados para dañar al Gobierno de la comunidad autónoma.

La investigación judicial en marcha concede una mayor verosimilitud a los indicios delictivos, aunque el sector duro del PP de Madrid siga hablando de invención. Esperanza Aguirre ha querido arrojar luz sobre el embrollo recurriendo a la pregunta de Séneca -«¿’Qui prodest’?»-, pero en este caso no es fácil contestarla, porque el escándalo de los espías beneficia a muchos, y sólo tiene un perjudicado: el Gobierno de la comunidad. Digamos que la mayor parte de los asuntos feos que emanan de la política tienen como agraciados a los miembros de los partidos rivales y a los compañeros de organización encuadrados en otras tendencias. No creo que el recurso a Séneca sea útil para resolver este caso, aunque pueda servir de exculpación en manos de los gobernantes de la comunidad madrileña. ¿A quién benefició la salida a la luz de la trama de los GAL? Al PP, y no es de recibo relacionar al PP con aquella siniestra banda de asesinos.

A medida que se van conociendo actuaciones de los parapoliciales madrileños cobra cuerpo la existencia de algún tipo de organización, aunque sea embrionaria, encargada de realizar seguimientos metódicos a determinados cargos públicos. Que los documentos publicados resulten insustanciales y carentes del menor atractivo -de ahí las bromas de Rubalcaba- no resta gravedad a las actuaciones realizadas. Si se constata judicialmente esta premisa, queda luego por averiguar qué personas encargaron ese tipo de misiones, porque esos trabajos no los hacen por libre los ex policías. No sabemos nada sobre la identidad de los presuntos cerebros de la trama, pero la apertura de la investigación judicial impedirá que el asunto quede alojado en el limbo al que suelen ir a parar las cuestiones incómodas.