Mientras el Gobierno central negocia con las comunidades autónomas -bajo secreto de confesión- las cifras de la financiación autonómica es un buen momento para repasar las bases del nuevo modelo y las fricciones que suscita entre territorios.
Todos los ejecutivos regionales, sin excepción, llevan años presionando a la Administración central para que ponga más recursos sobre la mesa. Las comunidades autónomas, como los ayuntamientos, quieren tener una mayor participación en la recaudación del Estado. Los gobiernos regionales dicen que hay un desequilibrio de carácter vertical, por el cual el Gobierno central se queda con el 60% de los ingresos del sistema, mientras que las comunidades tienen que hacer frente a los servicios más costosos (sanidad, educación). A ese desequilibrio vertical se suma otro de carácter horizontal, del que se quejan las regiones ricas: realizados los flujos de solidaridad, Extremadura tiene 600 euros per capita más que Cataluña.
Oídas las demandas, Zapatero inició la negociación del modelo de financiación bajo dos principios generales: habrá más dinero para todos y el nuevo modelo conllevará igual financiación por habitante en toda España. Para cumplir la primera premisa aumentó el porcentaje de recaudación cedido a todas las comunidades hasta colocarlo en las cifras que señala el ‘Estatut’. Y a partir de aquí diseñó el modelo.
Aclarados los ingresos y las necesidades de gasto, hay que fijar un porcentaje que cubrirá los servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). Ese porcentaje debe ser idéntico para todas las regiones. Si se establece un 80% -como quiere el Principado-, resulta que catalanes, madrileños y baleares tendrán que devolver dinero recaudado al fondo de garantía de servicios. Si se establece el 65% -como pretende la Generalitat-, los catalanes, como los madrileños o los baleares, no tendrán que entregar o recibir nada, mientras que los asturianos o los gallegos percibirán una aportación del fondo de garantía de servicios nutrido con los recursos del Estado.
La cuestión no es baladí, porque si Cataluña logra hacer prevalecer unas necesidades de gasto cercanas al 65%, se quedará para su propio consumo con el restante 35%. Sin embargo, si se fija un porcentaje del 80% para cubrir los servicios fundamentales, el porcentaje de libre disposición para las regiones ricas se quedará en el 20% restante.
El litigio más conocido es el que se produce sobre el parámetro de la población, que las comunidades con mayor número de habitantes quieren computar sobre el tamaño total del censo, mientras que asturianos o castellanos pretender ponderar en función del envejecimiento o la dispersión. Sobre este punto hubo consenso en el actual modelo, que ahora hay que rehacer. Vamos con otros asuntos en los que la confrontación entre ricos y pobres no es tan conocida.
Cataluña
El Gobierno central, presionado por las comunidades pobres, quiere establecer un fondo de suficiencia para financiar los servicios no esenciales (universidad, medio ambiente, justicia, empleo, vivienda, protección civil). Cataluña se opone a la creación de ese fondo porque choca con su pretensión de limitar la solidaridad a los servicios esenciales. ¿Para qué se va a crear un fondo de garantía para la sanidad, la educación y los servicios sociales si luego se crea un segundo fondo de suficiencia que extiende la financiación al resto de servicios? En juego está que el nuevo modelo cubra la financiación de todos los servicios -como hasta ahora- o que se adopte un sistema de nivelación parcial, como exigen los catalanes. Ésta es una de las grandes batallas políticas en juego.
Otra fricción. Con el fondo de garantía de servicios y el fondo de suficiencia no se alcanza la misma financiación por habitante prometida por Zapatero; por eso el Gobierno pensó crear un llamado «fondo de convergencia», para que cada madrileño o catalán recibiera tanto como cada extremeño. Fue entonces cuando el presidente Chaves sacó a relucir que Andalucía también necesitaba un fondo para compensar su escaso PIB por habitante. La propuesta era de todo punto absurda, porque para eso ya está en la Constitución el Fondo de Compensación Interterritorial (por cierto, a este fondo también aportan vascos y navarros), que no tiene nada que ver con el sistema de financiación autonómica.
Como Chaves tiene una gran influencia, el fondo de convergencia quedó desvirtuado en dos nuevos fondos, «competitividad» (para catalanes, madrileños y baleares) y «cooperación» (comunidades con un PIB por habitante por debajo de la media). Como algunas comunidades (Asturias) no encajaban en ninguna de esas dos modalidades, se creó un tercer fondo para aquellos territorios con pérdida de población. Los catalanes se oponen a esta forma de ampliar fondos, porque por esa vía se pueden escapar muchos de los recursos del sistema.
Hasta aquí el inventario de las disputas para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica. La polémica podría ampliarse con posturas que no asume ninguno de los protagonistas que entran en la negociación: el aumento del déficit del Estado a cuenta de la financiación autonómica (un incremento mínimo de gasto de 7.000 millones de euros). O la particular forma de entender la corresponsabilidad fiscal desde las comunidades: muy autónomas para definir los niveles de gasto y muy dependientes para financiarlos.