IU rechaza la propuesta de financiación realizada por el Ministerio de Economía a Asturias. Considera que los cien millones de euros que ofrece el Gobierno son insuficientes, y descalifica el método de negociación al considerar que se ha convertido en un mercadeo. Si partimos de los 3.602 millones de euros que recibe Asturias para costear sus servicios públicos, puede parecer que el incremento de cien millones es una cantidad escasa. El Gobierno ha anunciado que los nuevos recursos que pondrá sobre la mesa para todas las comunidades alcanzan los 7.000 millones, así que por el simple hecho de ser 1.080.000 asturianos nos corresponde una cantidad cercana a los 175 millones. Lo que ocurre es que el sistema de financiación no funciona así, tiene apartados variados y heterogéneos, y no cabe hacer cálculos tan simplistas.

Es difícil hacer un juicio sólido sin saber a qué corresponden esos cien millones. La clave para que un modelo resulte positivo para Asturias estriba en las garantías financieras que se establezcan para costear los gastos crecientes de los servicios públicos. El volumen de las cesiones tributarias o las cantidades que se incluyan en los nuevos fondos de convergencia (competitividad, cohesión, población) no son un dato determinante, aunque hay que tener en cuenta las partidas que se envían al resto de las regiones. Una cosa es ser bueno y otra ser tonto. Si hay que coger un punto de referencia, me parece que el elemento más fiable es el volumen de dinero que recibimos actualmente en concepto de fondo de suficiencia. Con ese dato y la valoración de las nuevas cesiones tributarias, a partir de un sencillo sistema de sumas y restas, podemos estar en condiciones de evaluar las ofertas del Gobierno. El otro cabo que habría que atar es el patrón que se empleará para actualizar anualmente las cantidades.

El PP, por su parte, descalifica radicalmente el modelo, y anuncia el voto negativo en el Congreso de los Diputados. Esa actitud beligerante se compaginará con una respuesta más dúctil desde las comunidades, para que las regiones que salgan beneficiadas puedan acogerse al nuevo modelo. La misma estrategia que llevó a cabo en la anterior legislatura con los estatutos: rechazo al catalán, y apoyo al valenciano, con ‘cláusula Camps’ incluida.