El acuerdo sobre la financiación autonómica parece que se va a demorar hasta después de las elecciones gallegas. Ninguna negociación entre partidos o instituciones se ha dilatado tanto en nuestra democracia como el nuevo modelo de financiación territorial.
En el ‘Estatut’ estaba prevista la fecha del 9 de agosto de 2008 para que entraran en funcionamiento las disposiciones que implican un mayor porcentaje de cesión de tributos del Estado y un menor compromiso entre comunidades con la cobertura de gasto de los servicios públicos. Transcurrió el verano sin acuerdo y Zapatero fijó un nuevo plazo de cien días. Como la negociación seguía empantanada tres meses después, el Gobierno escogió el simbólico 31 de diciembre para hacer coincidir el año nuevo con el nuevo modelo. Ni por esas. Cuando estaba bien entrado el pasado mes de enero, el presidente señaló una fecha límite para concluir la negociación: el inicio de la campaña para las elecciones gallegas. A una semana de expirar ese plazo se reconoce tácitamente que la negociación quedará pospuesta para después de los comicios. ¿Por qué es tan difícil el consenso?
El modelo de financiación conlleva el reparto de 110.000 millones de euros. Más de 18 billones de las antiguas pesetas. Una barbaridad de dinero. Con la particularidad de que la distribución de recursos se repite año tras año. El presupuesto del Principado es de 4.392 millones de euros; pues bien, de esa cantidad, 3.062 millones provienen del modelo de financiación autonómica. Esto quiere decir que la sostenibilidad del sistema de funcionamiento de las comunidades autónomas y la propia viabilidad del Estado depende del reparto de recursos que se haga. No hay otro asunto en que haya tantos intereses en juego.
En otras ocasiones -la última en el año 2001- el modelo de financiación se pactó sin tantas dificultades. Dos circunstancias complican el acuerdo: la beligerancia de Cataluña, una región rica que quiere terminar con el supuesto exceso de equidad que existe hasta ahora en los modelos de financiación, y la coyuntura económica. A esas dos premisas hay que sumar un condicionante que pesó siempre sobre los modelos de financiación: las necesidades de gasto de las comunidades autónomas son inobjetables; todas las facturas que presentan los gobiernos autonómicos obtienen el visto bueno.
Simulación
El pulso sobre la nivelación total o parcial de servicios llevará aparejado daños permanentes para las comunidades que cedan. El Instituto de Estudios Fiscales ha realizado un trabajo en el que se ven los efectos de la nivelación parcial de los servicios, extendiendo las cláusulas del ‘Estatut’ a todas las regiones. La simulación se hace con los datos del año 2004, del que se conoce la liquidación total de los ingresos. El resultado es que sólo tres comunidades salen ganando con ese recorte de la nivelación, después de pagarse por su cuenta los servicios no esenciales: Cataluña (1.556 millones), Madrid (3.781 millones) y Baleares (789 millones). El resto pierde; en concreto, Asturias obtiene 415 millones de euros menos que con la cobertura global del Fondo de Suficiencia.
La pugna entre las comunidades del superávit y las del déficit se complica si introducimos otro elemento de discordia, como es el tamaño de población que debe ser contemplado en el modelo a la hora de calcular el gasto. Los madrileños y los catalanes quieren hacer valer el crecimiento de la población desde el año 1999, que ha sido del 18,2% y del 16,2%, respectivamente. Ahora bien, Asturias cuenta con 129.000 paisanos de más de 75 años, que gastan el quíntuple o el séxtuple en servicios sanitarios que los jóvenes trabajadores inmigrantes de la construcción de Barcelona o Madrid. A efectos de coste sanitario, Asturias tiene muchos más habitantes que los que constan en el padrón. Sin un ajuste real de lo que se entiende por población, el mantenimiento de los servicios sanitarios no se podría financiar.
Aliados
En la pugna por el cómputo de la población, Asturias tiene muchos menos aliados que en la defensa de la nivelación total de los servicios, donde el resto de comunidades comparte intereses, con la excepción de Cataluña, Madrid y Baleares. Quizás por ello en el modelo que maneja el Gobierno se concede la nivelación parcial a las regiones ricas, pero se crea otro fondo para financiar los servicios no esenciales (medio ambiente, justicia, vivienda) que puede compensar al resto de comunidades.
A medida que la negociación se fue enconando, el Ministerio de Economía ha ido poniendo más fondos sobre la mesa para ganarse la voluntad de los gobiernos autonómicos. Y aquí entra en juego la crisis económica. El incremento total de recursos para consensuar el nuevo modelo de financiación rondará los 7.000 millones de euros, y con tan escaso volumen de dinero todas las ganancias y las compensaciones quedan en nada.
En la anterior legislatura, Zapatero aprovechó la bonanza económica para hacer acuerdos políticos, y ahora, con crisis profunda, le tocaba echar mano de la política para cubrir los agujeros de la economía. Una tarea muy complicada, porque la iniciativa pública en España no está en manos de los partidos (PSOE, PP), sino de los líderes autonómicos.