Baltasar Garzón ha mandado a la cárcel a Francisco Correa, al que considera máximo responsable de la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias organizada en Madrid, junto con Pablo Crespo, ex responsable de organización del PP en Galicia, y Antoine Sánchez. Sin embargo, el juez instructor ha dejado en libertad, con obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, al presidente de la empresa Orange Market, pieza clave en las presuntas actuaciones delictivas.

El PP, a través de Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, ha hecho las gestiones para presentarse como acusación en el proceso y poder, posteriormente, recusar al magistrado instructor. Las pruebas que se han filtrado sobre los acusados parecen sólidas, pero el PP está convencido de que la escena de la montería, con Garzón y el ministro Bermejo unidos por la ilusión de abatir jabalíes, es suficiente para dañar el estatus de imparcialidad que se le supone a un juez instructor. No recuerdo que Felipe González recusara a Garzón durante la fase de instrucción de los sumarios de los Gal, aunque podía deducirse cierto sesgo partidario, al haber dejado el juez la política desairado tras comprobar que las promesas de González de incorporarlo al Gobierno no se habían cumplido. Podía el PSOE haber hecho, en aquellas circunstancias, una foto colectiva, con la estampa llena de ministros y altos cargos pidiendo la recusación del juez, pero no lo hizo. Unos años más tarde, el ex ministro Barrionuevo cumplió pena en la cárcel de Guadalajara. La reacción de Rajoy ha sido precipitada y resulta difícil desligarla del proceso de desgaste que ha sufrido desde la derrota electoral del 9 de marzo de 2008. El acoso combinado de compañeros del partido y medios de comunicación hace perder la calma al más templado. En el último sondeo del CIS, el PP está tan sólo a dos décimas en intención del voto del PSOE, pero Rajoy desciende hasta el cuarto puesto en la valoración de los líderes políticos, empatado con el portavoz de Coalición Canaria.

Para el Partido Popular las expectativas de retornar al poder se mantienen intactas, porque a medio plazo la crisis económica dañará al Gobierno de España, como al de Francia, Alemania o Italia. Sin embargo, a Rajoy se le acabe el plazo, porque el uno de marzo se vota en Galicia y el País Vasco.