EL juez Garzón ha dictado un auto en el que niega al PP la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso de la red de tráfico de influencias establecida en torno a algunos ayuntamientos gobernados por ese partido. El argumento del magistrado descansa en la imposibilidad de permitir actuar como acusación a una organización que tiene, presuntamente, varios miembros afectados por responsabilidades penales. Garzón considera, sin embargo, que se pueden presentar como acusación las instituciones; Esperanza Aguirre se ha acogido a esa posibilidad y la Comunidad de Madrid ha pedido personarse en el proceso. La intención del PP al tratar de estar presente en el sumario consistía en recusar al juez instructor, así que ahora podrá solicitarlo a través de los representantes de la Comunidad de Madrid.

Siempre que aparecen políticos en instrucciones penales hay que distinguir entre las consecuencias jurídicas que se sustancian en los procesos y la perspectiva política. En el caso de la red de tráfico de influencias, de la instrucción de Garzón pronto quedarán liberadas las personas políticamente más relevantes, porque el propio juez alude al inicio de otras causas judiciales que se derivarán de la condición de aforados de algunos imputados. Dicho más claramente: el juez anticipa que algunos miembros de cámaras legislativas o de gobiernos autonómicos conocerán imputaciones penales que se sustanciarán ante tribunales superiores o el propio Supremo. A Garzón le tocará inhibirse. La perspectiva política es otra. No habían terminado de conocerse las circunstancias del caso de los espías en la Comunidad de Madrid cuando saltaron a la luz pública las grabaciones de Francisco Correa. En este último ‘affaire’ hay 37 imputados, entre ellos los ex alcaldes del PP de Majadahonda y de Boadilla del Monte. Puede estar toda la dirección nacional del PP completamente ajena a tan vidriosas actuaciones que su imagen pública quedará afectada.

La política es así y no tiene sentido revelarse contra ello. Rajoy tendría que aprender de la experiencia de otros dirigentes que se vieron en situaciones semejantes y lanzar un mensaje de tranquilidad y transparencia: luz verde a la investigación. Cualquier cosa, menos pretender negar la realidad.