Se ha llevado a cabo con notable éxito la primera huelga de jueces en España y han seguido la protesta al menos un 35% de los convocados, pese a que sólo dos asociaciones judiciales minoritarias habían llamado a la movilización. En Asturias el paro fue seguido por la cuarta parte de los jueces, una cantidad muy inferior al promedio nacional, pero superior al previsto, porque era una de las provincias en las que inicialmente no se iba a hacer huelga.

La fecha escogida por los jueces resultó un acierto, porque el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se encuentra en una posición muy débil, acosado por las peticiones de dimisión realizadas por el PP y desacreditado por las jornadas de ocio y escopeta pasadas en compañía de Garzón. Bermejo dijo que haría huelga una minoría de jueces y el único que ha quedado aislado ha sido él, que se ha convertido en un problema para Zapatero, justo en el momento en que el presidente tiene la agenda repleta de ellos. Distintos portavoces judiciales resaltaron que el paro no se hacía para pedir subidas salariales, sino para exigir mejoras en el servicio de la Justicia. Es muy improbable que el Gobierno acometa un conjunto de mejoras materiales, como las que piden los jueces, porque en los próximos tres o cuatro años va a tener que echar mano de resortes extraordinarios para reforzar las instituciones de ahorro y pagar las pensiones y el desempleo.

El malestar de los jueces encontró un catalizador en su compañero Rafael Tirado, cuando el Gobierno pretendió darle un castigo ejemplar para compensar la ira de la sociedad por la muerte de la niña Mari Luz, y al final tuvo que plegarse y dejarlo en una multa de 1.500 euros. A partir de entonces se empezó a gestar la primera huelga de la historia de la judicatura en España.

Tras la jornada de paro deja de tener sentido discutir sobre el derecho a la huelga de los jueces porque ha pasado a ser una realidad de facto. Las víctimas del conflicto son el ministro Bermejo y el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales, fruto del pacto entre PSOE y PP, han quedado desautorizados por los jueces a los que dicen gobernar. El derecho a la huelga seguirá sin regularse a través de una ley, pero al menos, ahora, los huelguistas, sean metalúrgicos o maquinistas, cuentan ya con jurisprudencia: se adjudican unos servicios mínimos y a correr.