En Asturias, dos asuntos ocupan y preocupan al estamento político, la crisis económica y la financiación autonómica. El mismo programa que en Andalucía, Cataluña o Extremadura, dando a entender que la agenda de las comunidades autónomas tiene un mismo temario, como si se hubiesen borrado los perfiles propios de cada territorio. Las recetas contra la recesión tienen un tronco común: subvenciones, avales e inversiones públicas, con la promesa de dejar reducida la mayor crisis económica de la historia a un mal trago pasajero. Decir que «de todas las crisis se sale» -afirmación que acompaña a los discursos- es tan reconfortante como afirmar que todas las guerras dan paso a la paz.
Frente a la recesión los gobiernos ofrecen lo que quiere oír el ciudadano: medidas concretas. El método utilizado se toma prestado de la medicina. La crisis es una enfermedad infecciosa, perceptible por una serie de síntomas (caída del consumo, atonía de las inversiones, paralización del crédito) que requieren un tratamiento de shock con antibióticos públicos: compra de activos dañados y un plan de inversiones para reanimar al enfermo. Aceptemos el planteamiento, pero convengamos que sólo se está hablando de dinero. Y hace falta algo más.
Tan importantes como las inversiones son las gestiones. Son necesarios los enormes recursos financieros de los estados modernos para salir de la recesión, pero es igualmente imprescindible la capacidad de gestión de los responsables políticos. Además de poner dinero hay que contar con una estrategia para cada sector en crisis.
En nuestra región, la posibilidad de apagar uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal, si no crece la demanda de acero, ha provocado inquietud en los ámbitos industriales, para volver la tranquilidad con la siguiente declaración optimista de un portavoz de la multinacional.
Aunque la decisión sobre la siderurgia tiene un carácter privado, el contexto en que se produce la respuesta es netamente político. El consumo de acero ha caído en todo el mundo. Hay una capacidad de producción infrautilizada en todos los continentes, que a medio plazo llevará a un cierre de instalaciones.
Como el problema político número uno en todo el mundo es ahora el desempleo, se ha desencadenado la disputa entre países, sin dejar de existir la competencia entre empresas por el mercado.
Disputa de estados
La primera prueba de la lucha entre estados la dio Obama, con la cláusula ‘Buy Americam’, para que los fondos de su programa vayan exclusivamente a la siderurgia estadounidense. Luego, llegaron los rusos levantando los aranceles a las ventas de acero de la Unión Europea.
La semana pasada, Turquía ha hecho lo propio con los países de Europa del Este y Asia. En Francia, Sarkozy ha firmado un plan de apoyo a la industria automovilística de 6.500 millones de euros, para mantener la facturación del sector.
El mantenimiento de la producción francesa crea un problema a la industria automovilística española y por extensión a la siderurgia, al ser uno de sus principales clientes.
ArcelorMittal ha cerrado algún horno en todas sus plantas europeas, excepto en Asturias. Este buen indicio queda compensado por el hecho de que los hornos altos de la factoría de Marsella están actualmente paralizados por razones técnicas.
Cuando esté superado el problema, la previsión es exportar un millón de toneladas a la planta de Sagunto, entrando en competencia directa con las producciones asturianas que alimentan la planta de Valencia. Para comprender la gravedad del problema añadamos otros dos datos.
Cesar la actividad en unos de los hornos altos asturianos tendría un coste muy superior al apagado de hornos en otras factorías, porque la mayor parte de ellas tienen hornos eléctricos, más ágiles para sufrir interrupciones. Y por último, el mercado español del acero ha sufrido una caída más que coyuntural, con el desplome de la construcción. El consumo de acero per cápita nunca volverá a estar en España a los niveles de hace un año, cuando era superior al de Alemania o Francia, gracias a la construcción de 800.000 viviendas que absorbían cinco millones de toneladas de acero. En este punto entra en acción la gestión política.
Ventajas
España puede y debe ofrecer dos ventajas a ArcelorMittal: una tarifa de consumo eléctrico reducido, en un régimen similar al de la G4, vigente en años pasados, y unas posibilidades de absorción de costes medioambientales que ponga a nuestras factorías al abrigo de las producciones de países como Ucrania, que no ha suscrito el protocolo de Kioto. En ambas cuestiones, la clave de la interlocución descansa en el Gobierno de Zapatero, por la dimensión de la multinacional, pero la fórmula tiene que llegar cocinada desde Asturias, en diálogo entre el Principado y los responsables de la empresa.
Detener un horno alto de ArcelorMittal sería dejar la industria asturiana a medio gas, y a un año de acabar la ampliación del puerto de El Musel, ideada en gran medida para agilizar las labores de carga y descarga de los buques graneleros que atienden los tráficos siderúrgicos. Los enormes esfuerzos del Estado (Gobierno de Felipe González) por mantener una siderurgia competitiva se pueden ir abajo si la gestión política no añade un plus diferencial a las líneas de producción asturianas. Quizás en otras regiones de España este asunto no preocupe mucho porque su acero se elabora en hornos eléctricos.