En su toma de posesión como ministro, Francisco Caamaño ha lanzado un mensaje a los jueces pidiendo responsablidad y ofreciendo diálogo para evitar la huelga. Las formas de Caamaño contrastan con el estilo de su predecesor, Bermejo, siempre dispuesto a tensar la cuerda y a hablar con autoritarismo. Para que no hubiera dudas sobre las diferencias entre ambos, el nuevo ministro aclaró que no está entre sus habilidades el dominio de las artes cinegéticas.

La transición de Bermejo a Caamaño se ha hecho con discreción y ausencia de alharacas, como si todos los días dimitiera un ministro. El cesante dejó el cargo sin emoción y mostrando total disponibilidad para colaborar con su sucesor. Del recién llegado se destaca su capacidad para llegar a acuerdos al haber estado en la negociación de algunos estatutos de autonomía. Más allá de rasgos personales e impresiones efímeras, urge objetivar la problemática del Ministerio de Justicia.

Aunque alguno se escandalice, la misma existencia del citado Ministerio resulta problemática, como también lo sería un Ministerio del Parlamento, si lo hubiese. La Justicia encarna un poder del Estado, lo que implica tal grado de ajenidad y autonomía con respecto al Gobierno que lo hace incomptible con la pretensión de crear un ministerio para gestionar sus intereses. En treinta años de democracia, el Ministerio de Justicia se ha configurado como una parte esencial de los intereses del Estado al compartir con el del Interior la lucha contra el terrorismo. Durante tres décadas, los problemas del funcionamiento de los juzgados (acumulación de expedientes, obsolescencia de medios materiales, escasez de personal) no constituyeron una gran preocupación para el Gobierno, aunque ahora tengan marchamo de urgencia. Los primeros acuerdos entre las fuerzas políticas, en torno a la Justicia, tuvieron que ver con los instrumentos de la política antiterrorista; ahora, el bloqueado Pacto por la Justicia tiene más que ver con asuntos de gasto corriente y con las cuotas de poder de los partidos en la composición de los órganos judiciales.

En la agenda política de Caamaño está pacificar las relaciones con los jueces, a sabiendas de que no podrá cubrir sus demandas en medio de una crisis económica profunda, y retomar el diálogo con el PP para recomponer el Pacto por la Justicia.