Lo mejor que pueden hacer las juntas locales del PP que van a ser intervenidas por la dirección regional es dar la cara. El intento extraordinario de interrumpir los mandatos congresuales creando gestoras, o figuras análogas, sólo puede progresar si es acompañado por el silencio de las bases. De hecho, la maniobra del equipo de Ovidio Sánchez no fue conocida a través de una resolución ni anunciada por ningún portavoz del partido, sino que se hizo llegar discretamente a los interesados. Si la intervención del aparato del partido queda reducida a las coordenadas de un problema interno, el debate tendrá un sesgo burocrático sobre el incumplimiento de plazos, cuotas o censos. Sin embargo, si las juntas sacan el conflicto al exterior y hacen partícipe del mismo a la militancia del PP y a sus votantes, el debate tendrá naturaleza política y las juntas intervenidas podrán acusar al tándem que dirige el partido, Ovidio Sánchez-Fernando Goñi, de actuar con modos autoritarios.
El equipo de Sánchez tiene la gran oportunidad de practicar una política de integración, porque ganaron un congreso de verdad, frente a un rival (Juan Morales) con prestigio en las filas del partido, no a través de una asamblea amañada con votaciones a la búlgara. Ahora bien, lo que no pueden pretender es que el parecer plural de la organización, reflejada en las votaciones del congreso, se transforme por arte de birlibirloque en el consenso sin fisuras de las bases con la nueva dirección. Integrar es negociar, pactar, hasta el punto que sólo queden fuera de la corriente mayoritaria aquellas organizaciones o militantes que tienen voluntad inequívoca de excluirse. La maniobra de Sánchez y Goñi sigue el camino contrario, creando un problema disciplinario donde sólo había opiniones críticas.
La pretensión de colocar a embajadores de la dirección del partido, algunos muy representativos de la antigua AP, al frente de juntas locales afines a Morales, no es precisamente la mejor forma de relanzar la opción del PP de cara a las próximas elecciones europeas. Por segundo año consecutivo, Asturias puede ser más un freno que un apoyo para Rajoy.