El día 21 de este mes se cumplen cuatro años de la toma de posesión de los tres síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. La izquierda gobernante consensuó la ley y los nombres con la derecha, porque quería dotar a la comunidad autónoma de una institución prevista en el Estatuto de Autonomía. Nunca entendí la necesidad de dotarse de Consejo Consultivo y Sindicatura de Cuentas, habiendo órganos de mucha mayor competencia y acrisolada experiencia, como el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas. En éste último caso, la diferencia llega a ser cualitativa porque el Tribunal de Cuentas cuenta con la vía jurisdiccional, algo que está vetado a la Sindicatura. Sin decirlo en público, la izquierda manejaba otras razones para impulsar estos órganos de asesoramiento y fiscalización: gobernaba Aznar y el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas podían recibir discretas presiones del poder.

La Sindicatura de Cuentas se puso en pie a través de un pacto de Estado, tal como cursan esos pactos en Asturias, que consiste en que el PP llega a la negociación con el interés dividido entre la abstención y el acuerdo, de forma que si no se aceptan sus propuestas se levanta de la mesa y a otra cosa. Para los despistados basta repasar lo ocurrido hace seis meses con la reforma del Estatuto de Autonomía que quedó rota cuando las posiciones de los dos grandes partidos eran prácticamente coincidentes.

Politización

Fruto de todo ello, la Sindicatura de Cuentas quedó politizada desde el primer minuto, al no cumplirse sus previsiones, en las que constaba que para ser síndico hacía falta contar con “reconocida competencia y más de diez años de experiencia en las materias que versa la función de la Sindicatura”. Se optó por meter la política en la Sindicatura y los socialistas tragaron. No puede quejarse ahora la Junta General del Principado de contar con una Sindicatura politizada cuando fueron ellos los que incoaron ese virus en la institución.

Entre los primeros pasos dados por el nuevo organismo estuvo una agria disputa sobre sueldos, que era lo último que necesitaba una institución para contar con el respeto y el aprecio de los asturianos. Claro que fue peor en Cataluña: se abandonó la sede de la institución, sita en un palacete modernista de la ciudad, para arrendar un piso en la Villa Olímpica por un millón de euros, a la par que el entonces síndico mayor rechazaba el coche oficial porque la tapicería de los asientos no era idéntica al color de la carrocería. Como en Miami.

Los informes de la Sindicatura constituyen una parte central del debate político, entre el Gobierno y el PP. Pero lo ocurrido hasta ahora con informes de algunas sociedades, como Sedes o Idepa, no es nada comparado con lo que se avecina con la auditoría de algunos de los principales ayuntamientos, como Gijón, Oviedo y Avilés.

Recientemente, en una visita protocolaria de Avelino Viejo a Gabino de Lorenzo, se le ocurrió afirmar al síndico mayor que una vez terminados los trabajos se iban a efectuar comparaciones entre ayuntamientos. La Sindicatura tiene que casar los datos obtenidos con la legalidad. En ningún sitio consta que deba hacer un balance comparado entre equipos de gobierno local. No obstante, ya que la Sindicatura de Cuentas quiere comparar gestiones municipales, hagamos algunas precisiones.

Dos ciudades

El Ayuntamiento de Oviedo privatizó casi todos sus servicios en el periodo, 1991-2003. Agua, cementerio, autobuses, recogida de basuras, y un largo etcétera está en manos privadas. La concesión la otorga el equipo de Gabino de Lorenzo, pero la Sindicatura de Cuentas no puede picar a la puerta de esas sociedades. Digamos que la fijación de los precios públicos es una decisión municipal, pero el resultado de esos servicios no compete a la Sindicatura. En Gijón ocurre todo lo contrario, el propio Ayuntamiento gestiona todos los servicios, en la mayor parte de los casos a través de empresas públicas municipales en las que se sientan los representantes de los partidos políticos. El volumen de gestión y contrataciones del Ayuntamiento de Gijón es muy superior al de Oviedo. La asimetría es absoluta. Seamos claros: si la Sindicatura de Cuentas quiere ver las tripas del Ayuntamiento de Oviedo tiene que empezar por revisar los procesos de privatización, que están en la base del actual modelo municipal. Si quiere escoger un caso al azar, puede empezar por el servicio del agua.

Para los que crean que esto no tiene importancia deben preguntarse cómo el Ayuntamiento de Oviedo, pese a la puesta de bienes en manos privadas, tiene la mayor deuda por habitante de Asturias (618 euros por cada ovetense) y la número nueve entre las capitales de provincia de España.

La estrategia opositora, hasta las elecciones autonómicas de 2011, pasa por dotar a la palabra “chiringuito” del valor semántico de “pelotazo”. Las empresas públicas son unos chiringuitos que devienen en sociedades respetables (blindadas a inspección) cuando recalan en manos privadas. Los dictámenes de la Sindicatura constituirán una munición imprescindible para una oposición que tiene como modelo a seguir el practicado en Galicia para retornar al poder.

Dos realidades a 28 kilómetros y tan diferentes: el futuro Palacio de Justicia de Gijón ocupará 23.000 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros, mientras que el Palacio de Justicia de Oviedo ocupará 50.000 metros cuadrados (el doble) y se dice que costará 200 millones (ocho veces más).

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