La Sala Segunda del Tribunal Supremo, compuesta por cuatro magistrados, ha abierto un proceso penal contra el juez Baltasar Garzón por haber cometido presuntamente el delito de prevaricación. El alto tribunal ha admitido a trámite la querella presentada por Manos Limpias, en la que se acusa al titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional de dictar resoluciones injustas, a sabiendas, en el sumario abierto por las desapariciones durante los primeros años del franquismo. Según la argumentación presentada por Manos Limpias, el juez prescindió del procedimiento reglado, y no tuvo en cuenta que se había aplicado una amnistía en el año 1977 sobre todos los crímenes cometidos durante la Dictadura. Al saber que había sido encausado, Baltasar Garzón manifestó que la ley es igual para todos y que llegado el momento presentará la defensa oportuna. ¿Qué decir de todo esto?

Muchas veces intentaron llevar a Baltasar Garzón al banquillo, pero todas las querellas habían sido desestimadas, mientras que en esta ocasión la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió por unanimidad imputar al juez por un delito de prevaricación. Los expedientes judiciales tienen una lógica formal férrea, que se basa en las leyes, aunque choca muchas veces con los razonamientos del ciudadano medio. Probablemente, de todos los sumarios abiertos por el magistrado de la Audiencia Nacional ninguno haya estado más vacío de contenido que el relacionado con la Memoria Histórica. Baste decir que entre los posibles imputados estaban los generales Mola, Queipo de Llano y Franco, sobre los que había abierto diligencias el juez. Un jurado popular tendría dificultad para encontrar delictivo el proceder del juez Garzón, más allá de su enfermiza obsesión por ser protagonista de la actualidad. Sin embargo, con el Código Penal en la mano, la cosa puede ser distinta, como lo prueba el auto del Supremo.

Desde una perspectiva política cabe sacar dos conclusiones: la judicialización de la vida pública se acerca en España a los niveles de los países anglosajones, y las actuaciones de los jueces estrella en la Audiencia Nacional resultan tan controvertidas que ponen en cuestión la conveniencia de tener en funcionamiento una instancia judicial de esas características. No veo solución a corto plazo.

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