En un plazo de dos o tres semanas se pactará un nuevo modelo de financiación autonómica, a no ser que Mariano Rajoy haya decidido pisar el acelerador de la estrategia opositora y convenza a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para rechazar la oferta del Gobierno. Esta semana hubo ya un precedente de esa posible actitud, cuando los gobiernos autónomos del PP rechazaron el margen de endeudamiento que les ofrecía Elena Salgado, en el Consejo de Política Fiscal, para convertirse en defensores de un presupuesto sin déficit, pese a las evidentes ventajas que les otorgaba la vicepresidenta para aumentar el gasto público.

Constatada esa posibilidad, pasemos a analizar los principios del modelo, que ya tendremos ocasión de perdernos en el laberinto de los fondos.

Para empezar por los cimientos hay que hablar del tipo de negociación, más que del modelo de financiación. Se trata de la negociación más larga de nuestra democracia, con catorce meses de entrevistas y cruce de documentos. Sobre la mesa hay más de veinte billones de las antiguas pesetas, con toda la clase política autonómica mirando con avaricia para la montaña de dinero. El espectáculo es tan singular que hasta los alcaldes quisieron sentarse a la mesa, con aquella propuesta de Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de pedir más de 7.000 millones de euros, como paso previo a obtener una tajada de los grandes tributos del Estado para los ayuntamientos.

La extensión de la negociación y la aridez de la materia han hecho que la ciudadanía haya perdido todo el interés por el nuevo sistema de financiación autonómica. La negociación atrae tanto como las elecciones europeas. Lo mismo pasó con las reformas de los estatutos de autonomía, que de tanta hablar de ellas provocaron la indiferencia del público. El mejor ejemplo fue el ‘Estatut’, que al llegar el día de votarlo en referéndum, más de la mitad del censo electoral se quedó en casa.

La negociación es completamente opaca. Se está hablando todo el tiempo de dinero y se le hurta al contribuyente las cifras concretas. Es un auténtico escándalo sin precedente en otras negociaciones. Hace tres años se pactó en la Unión Europea el dinero que le tocaba a cada país hasta el año 2013. Durante toda la negociación tuvimos conocimiento de las ofertas y contraofertas, pero del sistema de financiación autonómica sólo conocemos los pronósticos pesimistas u optimistas de los políticos que negocian. Asturias es un buen ejemplo. Jaime Rabanal lleva un año poniendo el énfasis en la necesidad de que el Gobierno valore más el envejecimiento y la dispersión de la población, pero no fue capaz de decirnos cuánto era eso en euros. Los asturianos somos menores de edad para saber los recursos que nos ofrecen y los que demandamos. La opacidad permitirá a todos los interlocutores brindar por el nuevo modelo, porque no sabremos quién se queda con menos dinero del solicitado. Un año largo de opacidad es demasiado tiempo.

La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica se basa en unos principios sorprendentes. Todas las comunidades autónomas necesitan más dinero y al Estado le sobran los recursos. ¿Hay algún estudio que lo acredite? ¿No es bastante gravoso hacerse cargo de la factura del paro, de la reestructuración bancaria, de los planes de empleo municipales, de las terminales aéreas catalana y madrileña, de la ‘Y’ vasca, del nuevo modelo de Audi que se fabricará en Barcelona, de la variante ferroviaria de Pajares, de la ampliación de El Musel, de la alta velocidad gallega, del nuevo prototipo de Renault de Valladolid, o de la deuda histórica andaluza, como para atreverse a decir que al Estado le sobran los recursos? Es la primera vez que se aborda la implantación de un nuevo modelo de financiación autonómica que dará más dinero a las regiones sin que éstas asuman nuevas competencias generadoras de gasto.

En tiempos de caída de la recaudación fiscal, lo lógico es que se repartieran esa mengua de recursos de forma proporcional al reparto territorial de los impuestos: el Estado se haría cargo de la mitad de la pérdida en IRPF e IVA, y las comunidades autónomas apechugarían con la otra mitad. No es así, el Estado cederá el 50% de esos impuestos a las regiones, y como el porcentaje supone con la crisis menos dinero, compensará a los territorios por la vía de los fondos de solidaridad. Asombroso. Todo el mundo tiene en España menos dinero: ricos, pobres y mediopensionistas, menos las comunidades autónomas.

A estos principios sorprendentes se suman las tres reglas prácticas anunciadas por Zapatero para complicar el resultado: todas las comunidades, sin excepción, tendrán más dinero que en el presente, Cataluña contará con una financiación ‘per capita’ superior a la media de las comunidades, y Andalucía saldrá más favorecida que Cataluña. Sólo soy capaz de sacar dos derivadas de las puntualizaciones del presidente: el endeudamiento del Estado aumentará y Zapatero ata definitivamente su futuro político al respaldo de Cataluña y Andalucía.

Y para finalizar una duda inquietante. Gran parte del malestar de las comunidades autónomas se debe a su incapacidad para embridar el gasto sanitario. Si la sanidad no se hubiera transferido a las regiones, no haría falta cambiar de modelo. ¿Estamos ante un problema de financiación o ante un problema de Estado?