Jesús Iglesias asegura que el recorte de 101 millones de euros aplicado en varias partidas del presupuesto tiene como destino pagar las nóminas de los empleados de la Sanidad correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. El coordinador general de IU afirma que en el último ejercicio se han despachado un millón de recetas más que en el anterior, lo que invita a abrir un debate sobre el crecimiento del gasto sanitario.

De entrada hay que agradecerle a Jesús Iglesias que hablara tan claro, expresando en términos concretos lo que está ocurriendo, aunque el mensaje sea inquietante. Veinticuatro horas antes, Jaime Rabanal habló de ahorrar 101 millones del gasto, pero sin decir la causa del recorte, y envolviendo la operación en argumentos generales de gestión presupuestaria propios de la actual crisis económica. Lo que ocurre es mucho más sencillo: en el año de la gripe A no se ha realizado una reserva de dinero suficiente para pagar los salarios del personal sanitario. Se impone dejar proyectos de otras consejerías sin ejecutar para atender las nóminas, como así se va a hacer sacando 69 millones de otros departamentos para cubrir los sueldos.

De las declaraciones de Jesús Iglesias cabe extraer una conclusión general: la sostenibilidad de los servicios públicos es la principal tarea pendiente del Principado. La financiación de los servicios no está asegurada y es responsabilidad directa y exclusiva del Gobierno regional. Hay otros asuntos, empezando por la crisis económica, que atañen al Principado, pero su resolución recae también en otros agentes y administraciones (Gobierno central, bancos, patronal, sindicatos), de modo que no se puede culpar del porcentaje de paro al Ejecutivo autónomo, aunque en el debate político se caiga con frecuencia en ese tipo de juicios hiperbólicos.

El coordinador general de IU destaca el aumento de las recetas médicas, como elemento clave en el crecimiento del gasto sanitario. Está bien que los dirigentes de Izquierda Unida empiecen a pensar en términos concretos, y abandonen el discurso retórico-ideológico de la amenaza de privatizar la sanidad, que enarbolan cada vez que se propone una medida sobre racionalización del gasto. Ahora bien, la discusión sobre las recetas debe dar paso a un debate general sobre los servicios públicos que nos podemos permitir y pagar.