El Gobierno quiere incluir en los Presupuestos Generales del Estado un fondo adicional para los ayuntamientos que les compense por la menor transferencia de recursos fiscales desde la Administración central, al caer la recaudación tributaria. El fondo se nutriría de recursos del ICO y de partidas presupuestarias sobrantes del año anterior. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) valora en 1.900 millones de euros el dinero que dejan de recibir los ayuntamientos de impuestos del Estado, lo que, sumado a los recursos municipales que han menguado, da un total de 3.000 millones que reclaman al Gobierno central.

No ha transcurrido ni un mes desde que el tercer vicepresidente, Manuel Chaves, se negara en redondo, en una entrevista con Pedro Castro, presidente de la FEMP, a negociar un nuevo modelo de financiación municipal. El asunto quedó aplazado hasta el año 2011, por falta de disponibilidad económica del Gobierno, cuyas arcas quedaron exhaustas tras los compromisos alcanzados con las regiones en el nuevo modelo de financiación autonómica. Ahora, el Gobierno reabre, aunque sea de forma parcial y coyuntural, la cuestión de la financiación municipal, y la FEMP le pide los 3.000 millones de euros que le solicitó Pedro Castro a Manuel Chaves en la fracasada entrevista.

El anuncio del Gobierno es sorprendente porque abre una nueva expectativa cuando no dispone de liquidez. Puede ser una medida más propagandística que real, de cara a ocupar la agenda política con mensajes positivos. En cualquier caso, los ayuntamientos ya van a recibir 5.000 millones de euros del nuevo Fondo de Inversión Local, dotado por el Gobierno, y serán destinados a proyectos de nuevas tecnologías, medio ambiente y tercera edad. Sumados a los 8.000 millones aportados esta primavera, para proyectos de obras urbanas, da una cantidad más que respetable. Lo más llamativo es la argumentación: compensar la caída de la recaudación fiscal. Esa bajada afecta a las tres administraciones, empezando por el propio Gobierno, que no tiene que compensar a nadie. Que el Gobierno acepte entrar en la dinámica de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con sus quejas sobre lo poco que se recauda, es de una pobreza intelectual y política alarmante. Queda abierta la fase de regateo sobre la cuantía del fondo adicional.